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En un giro sorprendente en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado la presencia de un segundo tirador, identificado como Jorge Antonio “S”, un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Este anuncio, acompañado de la acusación de presunto encubrimiento por parte de Genaro García Luna, ex titular de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, ha dejado al descubierto una trama compleja que busca esclarecer uno de los eventos más impactantes en la historia política de México.

En el comunicado emitido el lunes 29 de enero, la FGR detalla las pruebas que involucran a Jorge Antonio “S” en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Según la institución, análisis de sangre encontrada en la ropa de este agente coincide con el tipo de sangre de Colosio, y se presentan declaraciones de testigos que indican que llevaba sangre de la víctima en el momento de su detención.

La FGR sostiene que Jorge Antonio “S” accionó un arma de fuego en el lugar de los hechos, y señala al CISEN como responsable de enviarlo a la zona. Además, denuncia que este agente fue encubierto y sacado del lugar de manera urgente y subrepticia. Estas revelaciones ponen en entredicho la versión oficial del caso y plantean interrogantes sobre la posible implicación de otras instituciones en el encubrimiento.

La figura de Genaro García Luna emerge nuevamente en medio de este escándalo, siendo señalado por la FGR como el responsable de un “evidente encubrimiento delictivo” a favor de Jorge Antonio “S”. La acusación sostiene que García Luna, quien era Subdirector Operativo en el CISEN, rescató al agente implicado en Tijuana, desencadenando un proceso judicial que ha sido cuestionado por la Fiscalía.

La actuación del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, también está en tela de juicio. La FGR sostiene que el juez actuó con evidente parcialidad al no valorar adecuadamente las pruebas presentadas en su contra, contribuyendo así al encubrimiento del segundo tirador. Ante esta situación, la FGR anunció que apelará la liberación de Jorge Antonio “S” y destaca la gravedad del delito en cuestión.

El hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, se pronunció en relación a estas nuevas revelaciones, aunque en una vertiente diferente. En un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de enero, Colosio Riojas solicitó el indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre. Este llamado a la compasión se presenta como un intento de cerrar un capítulo doloroso en la historia de su familia y del país.

La complejidad del caso Colosio se intensifica con estas nuevas revelaciones, alimentando la incertidumbre en torno a lo sucedido en marzo de 1994. La FGR busca esclarecer la verdad detrás de este magnicidio, destacando la importancia de no pasar por alto ninguna arista de la investigación. Las implicaciones políticas y la posible vinculación de instituciones gubernamentales en el encubrimiento hacen de este caso un tema de alto impacto que captura la atención y la preocupación de la sociedad mexicana. A medida que se desentraña la compleja red de eventos, el país enfrenta el desafío de reconciliar su pasado para construir un futuro basado en la verdad y la justicia.

En un nuevo episodio de violencia que sacude la política mexicana, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz, José Alejandro Naredo García, fue brutalmente asesinado a balazos este sábado. El hecho ocurrió cerca de la calle 6 en la colonia Oaxaca, desencadenando una fuerte movilización de agentes de seguridad y de emergencia.

Este acto de violencia política, que ha conmocionado a la comunidad, resalta la fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país. La Fiscalía de Veracruz ha confirmado los hechos y anunciado el inicio de las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que privó de la vida al presidente del PRD en Cuitláhuac.

La escalada de violencia política en México ha sido objeto de preocupación y debate. Según el reporte ‘MX: La Guerra en Números’ de T-ResearchMX, desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, hasta el 27 de enero de 2024, se han registrado 177,797 homicidios dolosos en el país. Estas cifras reflejan un contexto de inseguridad y violencia que afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los actores políticos.

José Alejandro Naredo, además de su rol como dirigente del PRD, se desempeñaba como taxista y músico en Cuitláhuac. Su asesinato dejó consternada a la comunidad local, que lo describía como una figura activa y comprometida en distintos ámbitos. Las autoridades, tras confirmar su fallecimiento, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Es relevante señalar que este trágico suceso se suma a otros actos de violencia política recientes, como el asesinato del exalcalde perredista Marcelino Ruíz Esteban y su esposa en Guerrero. Ambos eventos generan inquietud sobre la seguridad de los actores políticos y la necesidad de medidas más efectivas para garantizar su protección.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato de José Alejandro Naredo. La ausencia de respuestas inmediatas resalta los desafíos que enfrenta México en la lucha contra la impunidad y la violencia política.

El hecho de que Naredo García fuera ultimado previo a la elección del 2 de junio intensifica la preocupación sobre la seguridad de los políticos en un año electoral. La sociedad espera respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades locales y estatales para frenar esta ola de violencia que amenaza la estabilidad y la integridad de los actores políticos en diversas regiones del país.

El legado de José Alejandro Naredo se convierte en un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan aquellos que participan activamente en la vida política de México. Su asesinato resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y justicia para preservar la integridad de quienes dedican sus esfuerzos a servir a la comunidad y contribuir al bienestar del país.

En un dramático episodio, encapuchados armados ingresaron en las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil, Ecuador sometiendo al personal durante una transmisión en vivo. Las autoridades respondieron desplegando unidades especializadas en el lugar, mientras en las imágenes televisivas se observaba a los atacantes manteniendo a los trabajadores en el suelo y exigiéndoles a la policía que se retirarán.

“No disparen por favor, no disparen”, se escuchó decir a una mujer mientras las escenas de caos se desarrollaban en vivo. La emisión, que duró poco más de 15 minutos, fue interrumpida, dejando en la pantalla inicialmente el set de televisión y luego imágenes internas del canal.

Esta situación se enmarca en un ambiente de violencia y caos que ha afectado a Ecuador en las últimas 24 horas, con presuntas fugas de líderes criminales, secuestros de policías y múltiples actos violentos, incluyendo explosiones y atentados. El gobierno respondió declarando un estado de excepción de 60 días.

Durante el ataque al canal, los encapuchados, portando armas y explosivos, advirtieron que “no se juega con la mafia” y apuntaron a periodistas con armas de fuego. Además, dejaron un paquete de dinamita en la recepción del canal, según información preliminar.

“Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en GYE (Guayaquil) nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”, publicó la policía en su cuenta en X, antes Twitter.

En medio del caos, la Universidad de Guayaquil suspendió todas las actividades, y otros centros educativos e instituciones del Estado se mantienen en alerta. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó la “ofensiva del crimen organizado” en el país, repudiando los actos de violencia y amenazas contra funcionarios judiciales.

“Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia“, agregó la Corte.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción después de motines en varias cárceles y la fuga de líderes delictivos. La violencia ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha afectado la confianza de los inversores en medio de medidas de seguridad e inversión que se someterán a un referéndum.

“Se acabó el tiempo en que los sentenciados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado dictaban a los gobiernos de turno qué hacer”, declaró Noboa en un comunicado. La situación en Ecuador sigue siendo fluida, con el país enfrentando desafíos urgentes para restaurar la seguridad y la estabilidad.