“Deseo” aterriza en cines: tensión, secretos y límites rotos en el nuevo thriller erótico mexicano

La cartelera nacional suma una propuesta que coloca el deseo en el centro de la historia sin filtros ni juicios. Deseo llegará a las salas de todo el país el próximo 7 de mayo con una narrativa que apuesta por la intensidad emocional y la tensión constante.

Bajo la producción de Pablo Cruz y el respaldo de El Estudio, el proyecto se posiciona como una de las apuestas más provocadoras del cine mexicano reciente. La dirección corre a cargo de Teresa Simone, quien construye una historia donde la insinuación y los silencios marcan el ritmo de un relato cargado de atmósferas.

En el centro de la trama se encuentra Lucero, una abogada consolidada que ha construido una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, ese equilibrio comienza a fracturarse cuando surge una atracción inesperada hacia el maestro de natación de su hija, un vínculo que la empuja a cruzar límites personales con consecuencias imprevisibles.

A partir de ese punto, la película desarrolla una tensión sostenida donde cada gesto adquiere significado y cada decisión acerca a los personajes a un punto de quiebre. La historia se mueve en un terreno donde las certezas desaparecen y las apariencias pierden solidez, planteando un escenario en el que nadie queda exento de responsabilidad.

El elenco está encabezado por Ludwika Paleta, José María Yazpik y Óscar Casas, quienes dan vida a personajes atravesados por conflictos internos y decisiones que redefinen sus relaciones. Sobre su participación, Paleta señala: “No me interesan los personajes correctos, me interesan los personajes vivos”, una declaración que sintetiza el enfoque del proyecto.

La propuesta estética evita lo explícito para centrarse en lo sugerido, privilegiando lo que se percibe sobre lo que se muestra. En este contexto, el deseo se convierte en un elemento narrativo que no irrumpe de forma directa, sino que se filtra en cada escena a través de la tensión emocional.

Con su estreno programado para el 7 de mayo, “Deseo” se integra a la conversación cinematográfica con una historia que expone dinámicas complejas desde una mirada contemporánea, planteando una experiencia que se sostiene en la intensidad y el conflicto humano-

PT busca revertir facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial tras aval reciente de la Corte

A pesar de haber respaldado en 2022 una reforma que permite el bloqueo de cuentas bancarias sin intervención judicial, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado impulsa ahora un cambio legal para eliminar esa facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La propuesta, presentada por todos los senadores petistas encabezados por Alberto Anaya, plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la inclusión de personas en la lista de cuentas bloqueadas solo pueda realizarse mediante autorización judicial previa y por escrito. Esto aplicaría en casos donde existan indicios de vínculos con delitos como financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El giro ocurre después de que, el pasado 6 de abril, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la norma vigente, argumentando que contempla un procedimiento claro que garantiza el derecho de defensa, con plazos definidos, posibilidad de ofrecer pruebas y acceso a impugnaciones ante tribunales administrativos.

En contraste, la nueva iniciativa del PT sostiene que el esquema actual vulnera derechos constitucionales, como la audiencia previa y la propiedad privada establecidos en el artículo 14, así como lo dispuesto en el artículo 16, que exige un mandamiento escrito de autoridad competente para cualquier afectación. También señala afectaciones a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba contempladas en el artículo 20.

“Con este esquema, la UIF puede congelar una cuenta bancaria con base en meras sospechas, y es la persona afectada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal”, expone el documento.

La iniciativa también advierte sobre el impacto práctico de estas medidas: “El bloqueo de una cuenta bancaria es una de ellas. No se trata únicamente de un acto administrativo; es una interrupción inmediata de la vida económica y patrimonial de una persona”.

El texto añade que esta acción puede impedir cubrir necesidades básicas o cumplir obligaciones financieras, afectando tanto a empresarios como a personas en la informalidad.

La reforma que ahora se busca modificar fue aprobada en 2022 con el respaldo del propio PT y de Morena, permitiendo a la Secretaría de Hacienda incluir a personas en la lista de bloqueados con base en indicios de actividades ilícitas.

FGR advierte que difusión de acusación de EU podría afectar eventual extradición de Rocha Moya

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la divulgación de la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría comprometer un eventual proceso de extradición.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que el señalamiento emitido por el gobierno de Donald Trump carece de elementos probatorios suficientes. Subrayó que hacer pública esa información con fines distintos a los legales puede vulnerar la confidencialidad de los procesos penales en Estados Unidos y contravenir sus normas procesales.

“Solamente se conducirá la extradición si se termina que las pruebas son fuentes conforme a las leyes de la parte requerida en ese caso de nuestro país”, indicó. Más tarde, en conferencia de prensa, reiteró que cualquier procedimiento de extradición dependerá de la existencia de pruebas y de un juicio político previo contra el mandatario estatal.

Las declaraciones de la FGR se dan en el contexto de una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos imputados.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, el Cártel de Sinaloa —en particular el grupo conocido como Los Chapitos— habría intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante el robo de boletas para favorecer al entonces candidato de Morena, hoy gobernador. El documento también sostiene que integrantes del grupo criminal secuestraron e intimidaron a aspirantes de oposición.

“A cambio (de estas acciones) en múltiples ocasiones, antes y después de asumir el cargo de gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros dirigentes del cártel”, señala el escrito. En esos encuentros, añade, el mandatario se habría comprometido a respaldar operaciones relacionadas con el narcotráfico como parte de un supuesto acuerdo.

“Tal como prometió, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos, Rocha Moya ha permitido que estos operen con impunidad en el estado”, afirma el documento. Además, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines al grupo criminal en cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones policiales.

Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran también el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos vinculados al partido Morena.