Día: 6 abril, 2026

El cortometraje de ficción Alex tendrá su estreno dentro del programa Maguey de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, como parte de una iniciativa impulsada por organizaciones que integran MX Marea Verde. El proyecto surge de la colaboración entre Balance A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, junto con El Día Después A.C., con el respaldo de Animal de Luz y EFD Studios México.

La historia sigue a Alex, una persona no binaria que descubre estar embarazade y decide interrumpir el embarazo. Tras un distanciamiento con su pareja y con el apoyo de su familia, emprende un viaje hacia Ixtlán, Oaxaca, acompañado por su tía Salomé. Durante su proceso de recuperación, se produce un reencuentro con un antiguo amor, mientras la llegada inesperada de su pareja desde la Ciudad de Méxicoda paso a un triángulo afectivo que acompaña su proceso personal. En ese trayecto, el personaje encuentra una forma de reconciliarse con su vida.

El cortometraje cuenta con las actuaciones de Hachiko Arceo, Ángeles Cruz, Joaquín Cosío, Manuel Cruz Vivas, Azalia Ortiz, Myriam Bravo, Pedro Joaquín y Maripau Bravo. La producción forma parte de una primera etapa de desarrollo de guiones inspirados en experiencias reales de acompañamiento de abortos, escritos por Ángeles Cruz, Aura García Junco, Gabriela Jauregui, Gabriela Loaria y Yol Segura.

El guion de “Alex” fue desarrollado por Luna Marán, con producción encabezada por Inna Payán, Luis Salinas y Gabriela Loaria. El equipo creativo estuvo liderado por mujeres, con dirección de Natalia Bermúdez, fotografía de Dariela Ludlow, diseño de producción de Hania Robledo y edición de Perlis López.

El cortometraje también marca el inicio de una estrategia cultural impulsada por MX Marea Verde, que contempla seis historias independientes orientadas a convertirse en una serie de cortometrajes de ficción. Actualmente, la organización trabaja en la búsqueda de financiamiento para concretar la producción y postproducción de los cinco proyectos restantes.

Gabriela Loaria, directora de El Día Después A.C., señaló: “Las historias que acompañan el aborto también están hechas de cuidado, de vínculos y de decisiones informadas. Apostar por el cine como vehículo para contarlas nos permite conectarnos desde otro lugar. Es necesario producir historias que comunican distintas formas de relacionarnos y de vivir”.

“Alex” tendrá su función de lanzamiento el 21 de abril a las 19:00 horas en la pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG, además de una segunda proyección con conversatorio el 22 de abril a las 11:50 horas en la sala 4 del mismo recinto.

México descendió hasta el lugar 147 de un total de 181 países evaluados en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad, una medición internacional que analiza el nivel de inclusión, justicia y seguridad para las mujeres en distintas regiones del mundo. El informe es elaborado por el Instituto para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, y se publica desde 2017.

De acuerdo con el reporte, México forma parte del último grupo de países con peores resultados. El estudio clasifica a las naciones evaluadas en cinco quintiles jerárquicos, donde el primero corresponde a los mejores desempeños y el quinto a los más bajos. En esta edición, México se ubicó en el segundo puesto dentro del último quintil, por debajo de Djibouti y por encima de Colombia, Palestina, Pakistán y Afganistán, este último situado en el lugar 181 del ranking.

El análisis destaca que, desde el inicio de la medición en 2017, México ha registrado un descenso aproximado del 11% en su desempeño general, lo que lo coloca entre los diez países que más han retrocedido en el periodo evaluado.

El Índice de Mujeres, Paz y Seguridad mide tres dimensiones principales: inclusión, justicia y seguridad. Cada uno de estos ejes integra distintos indicadores que permiten evaluar la situación de las mujeres en los países analizados.

En materia de inclusión, el estudio contempla variables como el acceso a la educación, la participación en el empleo, la inclusión financiera, el uso de teléfonos móviles y la representación parlamentaria. Estos factores permiten medir la participación de las mujeres en la vida económica y política.

El componente de justicia, por su parte, evalúa aspectos relacionados con la ausencia de discriminación legal, el acceso efectivo a la justicia, la mortalidad materna y la preferencia por hijos varones, indicadores que reflejan condiciones estructurales y culturales que influyen en la igualdad de derechos.

La dimensión de seguridad incluye variables vinculadas con la violencia de pareja, la seguridad comunitaria, la violencia política contra las mujeres y la cercanía a contextos de conflicto, elementos que determinan el entorno en el que viven y se desarrollan.

En contraste con la posición de México, los países mejor evaluados en el índice pertenecen a la región nórdica europea. Dinamarca ocupa el primer lugar, seguida por Islandia. Noruega y Suecia comparten el tercer sitio, mientras que Finlandia completa el grupo de las cinco naciones con mejor desempeño.

El informe subraya así la brecha entre regiones y el retroceso registrado por México dentro de una evaluación que examina condiciones fundamentales para la igualdad y la seguridad de las mujeres a nivel global.

Las asociaciones que representan a jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitieron un posicionamiento público en el que advierten posibles efectos legales y constitucionales derivados de la reciente reforma en materia de pensiones aprobada por el Congreso. El pronunciamiento, difundido este domingo, estuvo dirigido tanto a la opinión pública como a la Cámara de Diputados, a cuyos integrantes solicitaron actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” durante la elaboración de las leyes secundarias.

El llamado ocurre luego de que el Poder Legislativo avaló la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 constitucional. La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La medida también abarca a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

No obstante, el proyecto incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las contribuciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva. Uno de los puntos que ha generado mayor inconformidad entre jubilados y sectores de oposición es el contenido de los artículos transitorios, que contemplan el ajuste de pensiones ya otorgadas al nuevo límite, lo que ha sido interpretado como un posible efecto retroactivo.

Las asociaciones de jubilados de confianza de Pemex señalaron que la modificación de condiciones previamente otorgadas implicaría una afectación a “derechos consolidados”. También advirtieron que la alteración de reglas establecidas durante la vida laboral de los trabajadores podría generar incertidumbre jurídica, al modificar de manera unilateral condiciones bajo las cuales se planificó el retiro.

En su pronunciamiento, las agrupaciones indicaron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente definidos “rompe el principio de legalidad” y coloca a los jubilados en situación de vulnerabilidad frente a decisiones del poder público.

Los jubilados también cuestionaron la difusión de información realizada el 13 de marzo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la que acusaron de divulgar datos “falsos” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”. Según el pronunciamiento, la publicación incluyó identidades de personas jubiladas, lo que, afirmaron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.

Actualmente, el proceso legislativo continúa en los congresos estatales del país. Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales antes de su publicación oficial y eventual entrada en vigor, paso previo para la elaboración de las leyes secundarias que definirán su aplicación.