El exalcalde de Maravatío, Ignacio Montoya Marín, de 62 años, fue asesinado a balazos este domingo en su propio restaurante, Las Truchas, ubicado en el poblado de Santa Elena. Este hecho conmociona a la comunidad y destaca la creciente ola de violencia que azota a la región. 

El asesinato tuvo lugar en el interior del restaurante propiedad de Montoya Marín. La Guardia Civil fue la primera en llegar al lugar del crimen, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó un equipo de peritos forenses y agentes de la Policía de Investigación para realizar las primeras indagatorias. Hasta ahora, no se han revelado más detalles oficiales sobre el móvil del homicidio, aunque se sospecha que podría estar relacionado con una presunta extorsión por parte del crimen organizado.

Montoya Marín tuvo una destacada carrera política, iniciada como presidente municipal de Maravatío en 2003, respaldado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). También se desempeñó como dirigente municipal del PRD y director del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán (ICATMI). En 2021, compitió por una diputación local del Distrito 03, con cabecera en Maravatío, por la alianza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), aunque no logró el cargo.

Este asesinato no es un incidente aislado en Maravatío. La violencia política en la región ha cobrado la vida de varios líderes y aspirantes a cargos públicos. El 26 de febrero pasado, Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, y Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), fueron asesinados con tan sólo cinco horas de diferencia. Además, el 19 de octubre de 2023, Dagoberto García Reyes, quien aspiraba a la candidatura a la alcaldía por Morena, fue secuestrado y asesinado.

La región de Maravatío está marcada por la presencia de diversas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Los Correa, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y La Familia Michoacana. Estas organizaciones han sembrado el miedo y la violencia, afectando tanto a la población civil como a figuras políticas locales.

Las autoridades locales han expresado su consternación y compromiso con la investigación de este crimen. Sin embargo, la comunidad de Maravatío exige acciones concretas y eficaces para detener la ola de violencia que afecta a su región. La fiscalía y las fuerzas de seguridad están bajo una creciente presión para esclarecer este y otros homicidios recientes, y para implementar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos y de los actores políticos.

El asesinato de Ignacio Montoya Marín subraya la urgencia de abordar la violencia que amenaza la estabilidad y la seguridad en Maravatío y en todo Michoacán. La comunidad local y el país entero observan de cerca, esperando que este trágico evento impulse a las autoridades a tomar medidas decisivas contra el crimen organizado y la violencia política. La memoria de Montoya Marín, junto con la de otras víctimas de la violencia, clama por justicia y por un futuro más seguro para todos los michoacanos.

La alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinada el pasado jueves en un ataque armado que conmocionó a la comunidad. Sánchez Figueroa caminaba cerca de la plaza principal de Cotija, acompañada por sus escoltas, cuando un grupo de hombres armados abrió fuego desde una camioneta en movimiento.

El atentado, que tuvo lugar alrededor de las 8:45 horas en la calle Javier Mina, fue confirmado por la Guardia Civil de Michoacán. La alcaldesa fue trasladada de urgencia a un hospital regional bajo un fuerte despliegue policial y militar, donde lamentablemente no pudo sobrevivir a las heridas.

En el ataque también resultó herido uno de los escoltas de Sánchez Figueroa. Aunque su estado de salud ha sido reportado como estable y fuera de peligro, el incidente ha generado un profundo sentimiento de inseguridad y temor en la localidad.

Este trágico suceso no es un caso aislado. Yolanda Sánchez había sido previamente secuestrada el 23 de septiembre de 2023 en Zapopan, Jalisco, presuntamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La alcaldesa estuvo retenida por tres días antes de ser liberada por sus captores a elementos de la Policía Municipal de Villamar, una localidad vecina a Cotija. En su declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), Sánchez Figueroa había revelado diversas peticiones realizadas por sus secuestradores.

El contexto de violencia en la región ha sido alarmante. El regidor panista Arnulfo García Figueroa fue privado de su libertad el pasado 7 de marzo y continúa desaparecido. Además, el 28 de mayo, hombres armados realizaron disparos al aire cerca de la plaza principal de Cotija, durante el cierre de campaña de Estrella Mendoza Méndez, candidata de la alianza Morena-PT-PVEM.

Las autoridades han identificado la presencia de múltiples organizaciones criminales en Cotija, incluyendo células del CJNG, Los Viagras, Cártel de Los Reyes (Cárteles Unidos) y Los Pájaros Sierra, una escisión del CJNG. Esta proliferación de grupos delictivos ha exacerbado la violencia y la inseguridad en la región.

La muerte de Yolanda Sánchez Figueroa representa una pérdida significativa para la comunidad de Cotija y subraya la peligrosa realidad que enfrentan muchos servidores públicos en México. La violencia contra alcaldes y funcionarios ha ido en aumento, con estadísticas que muestran un preocupante incremento en los asesinatos y agresiones en los últimos años.

En una declaración, la Guardia Civil de Michoacán enfatizó la necesidad de intensificar las medidas de seguridad y cooperación entre las distintas fuerzas del orden para combatir el crimen organizado y proteger a los funcionarios públicos. “La lucha contra estos grupos criminales requiere un esfuerzo coordinado y sostenido para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, afirmó un portavoz de la Guardia Civil.