Desplazamiento forzado en Guerrero activa intervención federal por disputa criminal

La confrontación entre los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos” provocó el desplazamiento de 96 personas en comunidades de Guerrero, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del gobierno federal.

El funcionario explicó que las autoridades reforzarán la presencia de seguridad en la región debido a las operaciones de ambas organizaciones delictivas. También señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya atiende directamente la situación en territorio guerrerense.

Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos””, declaró García Harfuch.

Sobre la intervención federal, agregó: “Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas”.

“Los Ardillos” surgieron en la región de La Montaña de Guerrero a inicios de los años 2000. De acuerdo con reportes de InSight Crime, la organización fue creada por el expolicía Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, quien operaba en Quechultenango, cerca de Chilapa.

Tras el asesinato de su fundador en 2011, el control del grupo quedó en manos de tres de sus hijos. Aunque inicialmente sus actividades estaban ligadas al narcotráfico, con el paso de los años ampliaron sus operaciones hacia otros delitos, entre ellos la extorsión y el secuestro.

La organización también ha sido relacionada con presuntos vínculos políticos y de corrupción en Guerrero. El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Abel Barrera, aseguró: “Los policías han sido comprados por este grupo, han creado pactos de impunidad con alcaldes, hay toda una clase política involucrada. Hicieron pactos que les dieron todo el poder, les han dado cargos hasta en el Congreso del Estado”.

Además de las recientes confrontaciones, “Los Ardillos” han sido señalados en distintos episodios violentos en Guerrero, entre ellos el asesinato de 10 músicos indígenas en Chilapa en 2020 y la desaparición de 30 personas en esa misma zona durante 2015. Habitantes de varios municipios también han denunciado extorsiones, homicidios, desapariciones y desplazamientos atribuidos al grupo criminal.

CIDH advierte crisis de desapariciones y exige al Estado mexicano frenar la impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.