En la conferencia de prensa matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a preguntas incisivas de los periodistas independientes Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV, y la activista Frida Guerrera, en relación con el recién implementado Registro Nacional de Desaparecidos.

Ledesma retomó los cuestionamientos del pasado jueves, cuando la conferencia fue interrumpida por una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El periodista preguntó al presidente sobre personas inicialmente reportadas como desaparecidas pero que ya no figuran en el nuevo registro. En respuesta, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), detalló la estrategia y aseguró que nadie será dado de baja, sino que se modificará su estatus hasta esclarecer su situación.

“Las personas localizadas nunca dejarán de estar en el Registro; simplemente se cambiará su estatus de desaparecidas a localizadas”, afirmó Reyes Sahagún.

La activista Frida Guerrera expresó su descontento con el actuar de Servicios Periciales y otras instancias judiciales al presentar denuncias por desapariciones.

Además, reprochó al presidente la aparente incongruencia entre las cifras de desaparecidos y la falta de datos. Ante esto, AMLO respondió con la frase: “Nada humano me es ajeno”.

La tensión continuó con los reclamos de Guerrera por no permitírsele el acceso al Salón Tesorería de Palacio Nacional y la falta de avances en cuestionamientos previos, como la muerte del exdiputado Pedro Carrizales “El Mijis”, cuya familia considera que fue asesinado a pesar de que las autoridades lo catalogaron como un accidente.

Al ser informado sobre el caso de “El Mijis”, AMLO expresó su confianza en Rosa Icela Rodríguez.

Finalmente, el presidente reiteró que la presentación de datos de personas localizadas en el Registro Nacional de Desaparecidos no implica reconocer solo 12,377 desapariciones, y exhortó a aquellos con información sobre desaparecidos a comunicarse a través de Locatel (55 56 58 11 11) o la página web correspondiente.

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) ha impuesto sanciones al Gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez, y al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, por su presunta participación en actos de violencia política de género dirigidos hacia la precandidata a la gubernatura por Morena, Alma Alcaraz Hernández.

La medida adoptada por la autoridad electoral consiste en la orden expresa a Sinhue y Cortés de abstenerse de realizar cualquier declaración pública relacionada con la precandidata Alma Alcaraz.

Estas acciones surgieron después de que ambos líderes políticos manifestaran que Morena había “tirado la toalla” al seleccionar a Alcaraz como su abanderada en lugar de Ricardo Sheffield Padilla

Este cambio de candidatura se alinea con las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la paridad de género en las contiendas electorales del ciclo 2023-2024.

Al conocerse el dictamen del IEEG, Alma Alcaraz compartió un video en sus redes sociales, expresando su reconocimiento a la resolución de la instancia electoral estatal y denunciando lo que calificó como “machismo” por parte de Marko Cortés y Diego Sinhue.

Alcaraz Hernández enfatizó la preocupación sobre el impacto de tales expresiones en la seguridad de las mujeres, cuestionando cómo Guanajuato podría ser considerado seguro para las mujeres cuando sus líderes las menosprecian.

Las tensiones entre los involucrados se intensificaron desde el 11 de noviembre, fecha en la que Alma Alcaraz fue designada como precandidata por la gubernatura de Guanajuato, relegando a Ricardo Sheffield al segundo lugar y planteando su candidatura al Senado.

Marko Cortés había declarado que sus contrincantes en Morena habían “tirado la toalla”, utilizando una metáfora para sugerir rendición.

Por su parte, el Gobernador de Guanajuato expresó que la elección de Alma Alcaraz parecía un “sacrificio”, insinuando que se prefería a una mujer cuando no había posibilidades reales de éxito.

En una conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas de sus opositores sobre el Tren Maya, señalando que, a pesar de las quejas, hay evidencias gráficas de usuarios utilizando chalecos debido al clima frío del transporte.

El mandatario pidió paciencia y aseguró que, poco a poco, se realizarán mejoras en este megaproyecto que inició su operación pública en el tramo de Campeche a Cancún, Quintana Roo, el pasado sábado.

Durante el evento, López Obrador defendió la iniciativa del Tren Maya, destacando su importancia al conectar a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mediante mil 500 kilómetros de vías férreas.

A pesar de las críticas, el presidente inauguró el primer tramo con estaciones en construcción y pasos de fauna sin finalizar, según informó EL UNIVERSAL.

El mandatario abordó las quejas sobre la falta de aire acondicionado en el tren, enfatizando que los usuarios muestran en fotografías que se abrigan con chalecos debido al clima frío. López Obrador señaló que, aunque inicialmente puede haber inconvenientes, se irán corrigiendo gradualmente.

También mencionó las críticas sobre la oferta de alimentos, indicando que se planea mejorar la variedad y costos de los productos en la carta de alimentos del tren.

En su intervención, López Obrador destacó la comodidad del tren en comparación con otros medios de transporte, resaltando la capacidad de relajarse durante el viaje.

Afirmó que, aunque pueda haber desafíos iniciales, el gobierno trabajará para mejorar progresivamente el Tren Maya y pidió a la población que espere y observe las mejoras que se implementarán en el futuro.

En una sesión acalorada en la Cámara Alta este martes, los senadores Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Monreal, de Morena, protagonizaron un tenso intercambio de acusaciones en relación con el fallido proceso de negociación para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cubrirá la vacante dejada por Arturo Zaldívar.

Monreal informó por la tarde que el acuerdo para construir la mayoría calificada en el Senado se había desmoronado, lo que impediría la designación de la ministra y podría llevar a que la decisión recayera en el presidente López Obrador.

Movimiento Ciudadano había planteado como requisito para la negociación el nombramiento de dos magistrados pendientes para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante su intervención, Dante Delgado expresó su preocupación por la falta de nombramientos en el Tribunal Electoral, considerando inaceptable la negativa del Senado.

firmó que la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez fue resultado de la crisis institucional orquestada por el grupo parlamentario de Morena, con la complicidad del PRIAN.

Delgado señaló la actitud “arrogante” de las dirigencias del PRI y del PAN, acusándolas de conspirar para mantener la crisis en la Sala Superior del TEPJF.

Calificó como una “aberración constitucional” la renuncia de la mayoría de Morena y sus aliados a la responsabilidad de nombrar a los magistrados electorales.

Ricardo Monreal respondió a las acusaciones, rechazando las conjeturas desproporcionadas de Delgado.

Afirmó que no acepta la responsabilidad de Morena en la supuesta conspiración y destacó la importancia de construir mayorías calificadas a través del diálogo.

Monreal pidió continuar las conversaciones para lograr un acuerdo que beneficie a México.

El enfrentamiento concluyó con Dante Delgado insistiendo en sus señalamientos de contubernio y mencionando nombres específicos, como “Alito Moreno y Markito Cortés”, mientras Monreal instaba a la búsqueda de coincidencias para construir un México que todos desean.

En un proceso lleno de tensiones y debates en el Senado de la República, Lenia Batres ha sido designada como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta elección cubre la vacante dejada por Arturo Zaldívar, quien se retiró el pasado 7 de noviembre, convirtiendo a Batres Guadarrama en una figura clave en la máxima instancia judicial del país.

La decisión presidencial de nominar a Lenia Batres marca el final de un proceso que incluyó varias rondas de votación en el Senado y generó intensos debates. Batres se convierte así en un miembro destacado de la SCJN gracias al respaldo del presidente López Obrador, quien optó por ella tras una serie de obstáculos en el proceso de selección.

La elección de Batres fue precedida por dos rondas de votación en el Senado, donde ninguna de las candidatas propuestas en la segunda terna presentada por el Ejecutivo Federal logró obtener la mayoría calificada requerida. La terna conformada por Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Eréndira Cruzvillegas enfrentó críticas significativas debido a su cercanía con el actual Gobierno mexicano.

La oposición manifestó objeciones ante esta proximidad, rechazando cualquier consenso a favor de alguna de las candidatas. Este desacuerdo llevó a dos votaciones infructuosas, donde ninguna candidata logró obtener el respaldo necesario. En la segunda votación, Lenia Batres finalmente obtuvo 54 votos a favor, asegurando su designación como ministra de la SCJN.

A pesar de los esfuerzos de la mayoría oficialista por respaldar a Bertha Alcalde, no se lograron las dos terceras partes requeridas por la Constitución para su designación, permitiendo así que el presidente López Obrador ejerciera su facultad de designar a un miembro de la terna propuesta. Con esta decisión, Lenia Batres asume ahora la crucial responsabilidad de ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este miércoles, el Pleno del Senado, con 59 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, ratificó la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), respaldando la minuta con proyecto previamente avalada por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La decisión se fundamenta en la afirmación del gobierno federal de que Notimex dejó de cumplir con sus objetivos fundacionales.

La extinción del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, conocido como NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, fue respaldada con la aprobación de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Este paso conlleva la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación para establecer las bases del proceso de liquidación, siendo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado designado como el liquidador único del Gobierno Federal, bajo la supervisión de la Secretaría de la Función Pública.

La decisión del Gobierno de México de extinguir Notimex fue anticipada por un acuerdo firmado el 3 de octubre con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex).

Este acuerdo, según el gobierno, asegura el respeto irrestricto y la defensa de los derechos laborales de los empleados. Notimex, fundada en 1968, se creó con motivo de las Olimpiadas en México y, según el decreto, ha dejado de cumplir sus fines.

La medida ha generado críticas por parte de organizaciones de periodistas, quienes argumentan que atenta contra la libertad de expresión y la pluralidad informativa.

El proceso de extinción, a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, incluirá la atención de juicios laborales y la revisión de activos y pasivos de Notimex, mientras que las liquidaciones para los trabajadores se calcularán con base en salarios integrados y compensaciones constitucionales.

Con la extinción de Notimex, se dan por terminadas las relaciones laborales y se declara sin efecto el Contrato Colectivo de Trabajo, marcando el fin de una era para la agencia de noticias estatal y abriendo un nuevo capítulo para sus trabajadores y el panorama informativo en México.

La periodista independiente Reyna Haydee Ramírez se pronunció enfáticamente durante una conferencia de prensa realizada ayer, dejando claro que está del lado del pueblo.

Utilizando frases incisivas, Ramírez desafió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien intentaba esquivar sus preguntas incómodas.

La reportera acorraló al mandatario con cuestionamientos directos sobre la creciente violencia e inseguridad en regiones como Sonora, Baja California, Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

Se destacó el caso de Texcatitlán, donde los habitantes tomaron la justicia en sus propias manos contra presuntos miembros de la Familia Michoacana.

En medio de la tensa situación, López Obrador trató de desviar la atención al hablar de sus hábitos matutinos, asegurando que se levanta a las 6:00 a. m. diariamente para atender la mesa de seguridad.

No obstante, la periodista respondió sin titubeos, cuestionando la eficacia de tales esfuerzos ante la persistente violencia: “¿De qué ha servido levantarse a esa hora si la violencia sigue?”

Sin ceder terreno, la reportera independiente bloqueó las salidas del presidente, desafiándolo con interrogantes directos sobre la utilidad de las estadísticas para la población.

A pesar de los intentos del mandatario por señalar a gobiernos anteriores o destacar la disminución de los índices delictivos, Ramírez mantuvo su posición crítica.

Después de más de media hora de intentos infructuosos de cambiar el curso de la conversación, López Obrador delegó la respuesta a uno de sus colaboradores sobre el decomiso de drones.

Finalmente, el presidente cerró abruptamente el diálogo con un comentario aparentemente casual: “¿Qué les parece si ya vamos al desayuno?”, poniendo fin a un enfrentamiento periodístico que reveló las tensiones actuales en torno a la problemática de la violencia en el país.

A pesar del anuncio de la supuesta muerte del bloque de contención del Senado liderado por el emecista Dante Delgado hace una semana, este grupo político continúa activo y, en una nueva acción, presentó una acción de inconstitucionalidad.

El objetivo es impugnar la decisión legislativa de trasladar los ingresos provenientes de la actividad turística al proyecto del Tren Maya.

La acción de inconstitucionalidad cuenta con la firma de senadores de diversos partidos, destacando la participación del PAN, con Julen Rementería como coordinador, los 13 de Movimiento Ciudadano liderados por Clemente Castañeda, los 10 del PRI bajo la dirección de Manuel Añorve, los del PRD con Miguel Ángel Mancera al frente, los del Grupo Plural liderados por Germán Martínez, y también la firma del senador independiente y expriista, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según los senadores, consideran que las modificaciones a los artículos 18-A y 220-A de la Ley Federal de Derechos son inconstitucionales. Argumentan que estas reformas representan un desequilibrio significativo entre las relaciones de los poderes civiles y militares, violando los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución.

El artículo 18-A en cuestión establece que los ingresos derivados del derecho del visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos se destinarán al fideicomiso público federal, específicamente a la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, S.A. de C.V., vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los senadores sostienen que esto genera un conflicto con el artículo 129 constitucional, que limita las funciones de las autoridades militares en tiempos de paz.

Además, los legisladores destacan que el artículo 89 constitucional otorga al Ejecutivo federal la facultad de preservar la seguridad nacional, pero subrayan que esto no implica que los militares deban asumir tareas civiles.

Este cuestionamiento se presenta como un punto clave en la impugnación de la legislación asociada al Tren Maya.