Senadores de distintos partidos impugnan legislación del Tren Maya por inconstitucionalidad

Senadores de distintos partidos impugnan legislación del Tren Maya por inconstitucionalidad

A pesar del anuncio de la supuesta muerte del bloque de contención del Senado liderado por el emecista Dante Delgado hace una semana, este grupo político continúa activo y, en una nueva acción, presentó una acción de inconstitucionalidad.

El objetivo es impugnar la decisión legislativa de trasladar los ingresos provenientes de la actividad turística al proyecto del Tren Maya.

La acción de inconstitucionalidad cuenta con la firma de senadores de diversos partidos, destacando la participación del PAN, con Julen Rementería como coordinador, los 13 de Movimiento Ciudadano liderados por Clemente Castañeda, los 10 del PRI bajo la dirección de Manuel Añorve, los del PRD con Miguel Ángel Mancera al frente, los del Grupo Plural liderados por Germán Martínez, y también la firma del senador independiente y expriista, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según los senadores, consideran que las modificaciones a los artículos 18-A y 220-A de la Ley Federal de Derechos son inconstitucionales. Argumentan que estas reformas representan un desequilibrio significativo entre las relaciones de los poderes civiles y militares, violando los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución.

El artículo 18-A en cuestión establece que los ingresos derivados del derecho del visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos se destinarán al fideicomiso público federal, específicamente a la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, S.A. de C.V., vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los senadores sostienen que esto genera un conflicto con el artículo 129 constitucional, que limita las funciones de las autoridades militares en tiempos de paz.

Además, los legisladores destacan que el artículo 89 constitucional otorga al Ejecutivo federal la facultad de preservar la seguridad nacional, pero subrayan que esto no implica que los militares deban asumir tareas civiles.

Este cuestionamiento se presenta como un punto clave en la impugnación de la legislación asociada al Tren Maya.

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Diputada del PAN presenta denuncias por presuntas irregularidades en el gobierno de Quintana Roo

Diputada del PAN presenta denuncias por presuntas irregularidades en el gobierno de Quintana Roo

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ha formalizado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instando a una exhaustiva investigación de presuntas irregularidades en el gobierno de Quintana Roo.

Estas denuncias están vinculadas a una empresa cuyo propietario es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México.

La legisladora ha expresado su exigencia de una investigación minuciosa, ya que existe la posibilidad de la comisión de algún delito en relación con las operaciones señaladas.

La iniciativa surge a raíz de una investigación publicada por Latinus, que apunta a la presunta conexión entre Andrés López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario beneficiario de fondos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en Quintana Roo y Tabasco.

La pesquisa revela que, en diciembre de 2022, la empresa Romedic, propiedad de Amílcar Olán y establecida en enero de 2020 en Villahermosa, Tabasco, obtuvo un contrato por 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo para el suministro de medicamentos y material de curación. Se sugiere que esta asignación contractual formó parte de una presunta negociación entre Amílcar y funcionarios del gobierno de la gobernadora Mara Lezama, con el objetivo de recibir 500 millones de pesos en 2023.

Un reportaje adicional, difundido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), añade que la empresa Romedic figura en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Estos hallazgos profundizan las preocupaciones sobre posibles prácticas irregulares y plantean interrogantes sobre la transparencia en la asignación de contratos en el sector de la salud en Quintana Roo.

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