El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión con los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy, representantes de México en las demandas contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. Durante el encuentro, realizado en la Cancillería, se revisaron los avances en los litigios abiertos en Boston, Massachusetts, y Tucson, Arizona, con el propósito de definir los siguientes pasos en el proceso judicial.
En la reunión, en la que también participó el consultor jurídico Pablo Arrocha, se discutieron los recientes acontecimientos en la Suprema Corte de Estados Unidos. El pasado 4 de marzo, se llevó a cabo una audiencia histórica donde se expuso la demanda de México contra la industria armamentista. En paralelo, el litigio en Tucson ha avanzado a la fase de recolección y producción de evidencia.
El canciller De la Fuente reiteró el respaldo del gobierno mexicano a estas acciones legales y destacó la importancia de frenar el tráfico ilícito de armas, un problema que afecta gravemente la seguridad del país. Como parte de este esfuerzo, la Consultoría Jurídica y el equipo legal mexicano han mantenido reuniones con autoridades federales y locales en Estados Unidos para fortalecer la fase probatoria del litigio en Arizona.
Tras la audiencia ante la Suprema Corte, Pablo Arrocha señaló que las empresas demandadas han permitido la proliferación de armas de fuego de alto poder en manos de organizaciones criminales. Explicó que los cárteles han utilizado este armamento para derribar helicópteros militares y perpetrar actos violentos con armas semiautomáticas de gran calibre, como las AR-15, cuyo acceso está prohibido para civiles en México.
Según Arrocha, esta situación ha generado una crisis de violencia en el país, donde miles de mexicanos pierden la vida cada año a causa de armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. Además, acusó a la industria armamentista de actuar con irresponsabilidad al priorizar beneficios económicos sobre la seguridad de la población en ambos países.
El representante mexicano subrayó que detener a los cárteles requiere cortar el suministro de armas de fuego. “Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río con pleno conocimiento de causa”, afirmó.
Con estas acciones legales, México busca que las empresas asuman su responsabilidad y se implementen medidas más estrictas para frenar el tráfico ilegal de armamento hacia el país.
