Un enfrentamiento entre diputados de Morena en el Congreso de Campeche derivó en la detención de una veintena de personas y algunos heridos, marcando un inusual y tenso episodio en la historia del legislativo estatal.

El conflicto tuvo origen con la destitución de Alejandro Gómez Cazarín como presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la LXIV legislatura por presuntas ausencias de sus deberes legislativos y malversación de fondos. En su reemplazo, fue designado Antonio Jiménez, también legislador de Morena.

La madrugada posterior a la destitución, seguidores de Gómez Cazarín irrumpieron en el recinto legislativo en un intento por tomar el edificio. Los diputados aliados al destituido coordinador buscaron el diálogo, pero fueron expulsados del Congreso junto con un grupo de seguidores. Durante el forcejeo se causaron destrozos, lo que condujo a la intervención de la policía estatal y turística, con la consiguiente detención de al menos 20 personas.

El nuevo coordinador de la bancada de Morena, Antonio Jiménez, informó que colegas de su partido y al menos una treintena de personas atacaron a los legisladores e incluso se halló un arma de fuego en una mochila de los manifestantes.

Este episodio representa una singular situación en la historia del Congreso estatal, marcando un desacuerdo interno con consecuencias inusuales. La destitución de Gómez Cazarín detonó una serie de eventos que desembocaron en la confrontación y el ingreso forzado al recinto legislativo.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha aceptado la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea es destinar los fondos provenientes de los 13 fideicomisos desaparecidos por el Congreso a los damnificados del huracán Otis en Acapulco. En un comunicado emitido por la ministra, se plantea la posibilidad de trabajar en conjunto para ayudar a las personas más afectadas y garantizar condiciones de igualdad para que retomen sus proyectos de vida suspendidos por la catástrofe.

Piña ha expresado su interés en reestructurar el Poder Judicial con el fin de asegurar un uso más eficiente de los recursos, tanto provenientes de los fideicomisos como del presupuesto general. Asimismo, busca definir los términos para la transferencia de estos fondos y la forma en que serán destinados para la recuperación de los damnificados por el huracán.

En respuesta a la propuesta, López Obrador presentó la iniciativa para emplear los 15 mil millones de pesos, previamente asignados a los fideicomisos del Poder Judicial, en la reconstrucción y apoyo a los afectados en Acapulco, Guerrero. El mandatario propuso que el Poder Judicial forme parte del comité encargado de supervisar el uso adecuado de estos recursos en la ayuda directa a la población de Acapulco.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tiene previsto modificar el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 en consonancia con esta propuesta presidencial. El presidente de esta comisión, Erasmo González Robledo, de Morena, aseguró que se realizarán las modificaciones pertinentes para redirigir recursos hacia la reconstrucción de Acapulco en el próximo año.