El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para reducir de 67 a 60 años la edad mínima para recibir la pensión para adultos mayores, aunque Morena y MC descalificaron la propuesta, por considerarla demagógica y electorera.

El proyecto de reforma al Artículo 4 de la Constitución Política fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen.

Por conducto del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, la bancada priista en el Palacio de San Lázaro subrayó que las personas mayores de 60 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley.

Señaló que los antecedentes de dicha pensión datan de 2001, cuando el entonces Distrito Federal decidió otorgar 600 pesos a adultos mayores de 70 años.

De acuerdo con la iniciativa del Revolucionario Institucional, el gobierno federal amplio en 2007 los alcances a zonas rurales y en 2014 se creó el programa Pensión para Adultos Mayores en el Presupuesto, reduciendo la edad mínima a 65 años.

Entre 2019 y 2020, el gobierno federal renovó el sistema de pensiones no contributivas en el país para beneficiar a la población mayor de 68 años y a todas aquellas mayores de 65 años que viven en municipios indígenas.

Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dejó claro que la prioridad de su bancada es elevar a rango constitucional el apoyo a partir de los 65 años.

Estimó que reducir a 60 años la edad implicaría una revisión puntual, pues entre esa edad y los 65 años un alto porcentaje de personas está ocupada, por lo que habría una contradicción entre las pensiones contributivas y las pensiones asistenciales y lanzó un reto a la oposición.

“Yo los reto, órale, vamos entrando pero votan finalmente lo que hace posible la ejecución del texto constitucional, que es el presupuesto. Si ellos votan a favor y se comprometen a votar a favor el presupuesto de egresos, hacemos una revisión de lo que quieren”, remarcó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lamentó a su vez que el tema de la pensión para adultos mayores se utilice con fines electorales. (Información de Milenio)

El gobierno de Nuevo León tiene un plazo de 3 días para entregar a 28 de los 51 municipios del estado, un fondo por dos mil 500 millones de pesos, previsto en la Ley de Egresos, de acuerdo a lo dispuesto por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

En la resolución de la controversia de inconstitucionalidad 2/2023, emitida ayer, el Tribunal determina que se tienen que entregar todos los recursos establecidos en la Ley, cuyo plazo venció el 31 de agosto.

“A fin de asegurar el cumplimiento de la presente sentencia, este Pleno ordena prevenir a la parte demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que, dentro del término improrrogable de 3 días hábiles, que se contarán a partir de que se encuentre debidamente notificado de este fallo, cumpla con la administración total del Fondo Municipal autorizado en el artículo 98 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2023”, se establece en la sentencia.

“Esto, mediante la entrega de las asignaciones y distribuciones contempladas en el citado precepto. En el entendido de que, en caso de no cumplirse con lo anterior, se procederá en los términos que señala la ley reglamentaria en cuestión, para la ejecución forzosa de este fallo”.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la fracción legislativa del PAN, dijo que con esa sentencia el Estado debe entregar el recurso pendiente y aseguró que ésta deja sin efecto suspensiones obtenidas por los Alcaldes emecistas de Santa Catarina y Abasolo, que no están entre los beneficiados del Fondo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa federal.

“El Poder Judicial del Estado acaba de señalarle a la Tesorería del Estado que debe de liberar la ministración de los recursos pendientes del Fondo de 2 mil 500 millones de pesos para los municipios”, expresó.

“Ellos dicen que ganaron una suspensión para que el Fondo no se entregue, pero el Fondo ya se entregó, faltan ciertas administraciones, es un hecho consumado, tanto así que ya se entregó el 30 por ciento, entonces la suspensión que dicen que tienen no vale para lo que están solicitando los Alcaldes, que se entregue el resto del recurso, así que no se puede detener”.

“Hay que pagar lo que falta, que tenían hasta el 31 de agosto, así que el Tribunal ya notificó su sentencia y pues para el viernes o el lunes deben estar entregados los recursos que faltan”.

Añadió que, independientemente de ellos, los municipios afectados con la no entrega puntual del recurso, están integrando las denuncias correspondientes contra el Tesorero o el directamente responsable de ello. (Información de La Jornada)