La distribución de los polémicos libros de texto gratuitos tuvo un revés este viernes, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un recurso de controversia constitucional impulsado por el gobierno de Chihuahua.

La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, promovió la controversia contra las bases de elaboración de los libros de texto gratuitos, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, notificó hoy la admisión del recurso promovido por la Consejería Jurídica de Chihuahua, en el que señala a la SEP, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, y la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. 

“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, reportó la SCJN en la lista de notificación. 

La semana pasada, la gobernadora Campos Galván ordenó a la Secretaría de Educación del Estado detener la distribución de los polémicos libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024. 

La distribución también fue frenada ayer en Chihuahua por un juez federal, quien otorgó una suspensión provisional al diputado local Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, contra el reparto de los ejemplares en los municipios de la entidad. 

La suspensión es para efectos de que se verifique que los libros están redactados conforme a planes y programas de estudio.

El legislador informó que, tras esa suspensión, la SEP ahora tiene el mandato judicial no sólo para frenar la distribución de los nuevos libros de texto en la entidad, sino para reimprimir los del ciclo escolar anterior.

“Nosotros demandamos ante el Poder Judicial la inobservancia de la Ley General de Educación en el proceso de elaboración de estos materiales, en donde se pasó por alto el procedimiento legal para la reforma de planes de estudio, programas educativos y libros de texto”. 

Por una serie de maniobras legales y omisiones legislativas en las designaciones públicas, el INAI suma cuatro meses sin cuórum legal para sesionar y avanzar en las peticiones de transparencia.    

El Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas señala que ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver y ordenar al Senado cumplir con su labor de designaciones.

Itzel Checa, coordinadora de dicho observatorio, añadió en entrevista para EL DEBATE, que el INAI presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los deje sesionar con las y los cuatro integrantes, porque la ley de transparencia señala que tienen que ser cinco comisionadas y comisionados para formar el cuórum, y actualmente son cuatro. A su vez, la institución pide que se analice la no designación de comisionado del INAI que mantiene el Senado y que se resuelva algo al respecto. 

Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia ya se ha adelantado en ese tema. “El proyecto de sentencia que tenía la ministra Loretta Ortiz, donde ella decía que no tenía facultades la Suprema Corte de obligar al Senado para designar, pues ocho ministras y ministros votaron en contra de este planteamiento. Y más bien lo que ellos dijeron es que sí hay una omisión del Senado”, señaló. 

Con esto, los magistrados establecieron que los senadores tienen obligaciones constitucionales muy claras y no se valen argumentos de falta de consenso o demás, para que no cumplan con sus obligaciones. 

En este proceso se desechó el proyecto original  y la SCJN le encargó al ministro a Juan Luis González Alcántara Carrancá que haga un nuevo proyecto para que a partir de esta determinación de que sí hay omisión plantee cuáles van a ser los efectos que la Suprema Corte le va a ordenar al Senado de la República.  

Frente a este periodo, Itzel Checa indicó que junto con Artículo 19 y Fundar presentaron  un amicus curiae en donde le piden a la Suprema Corte de Justicia que en el análisis, le mandate al Senado resolver las omisiones en las designaciones con urgencia, al considerar que el plazo razonable ya fue excedido.  

En ese sentido, mencionó que el llamado es también a que se dé seguimiento a la sentencia que emita para que no quede sin cumplimiento. 

El compromiso de la SCJN es presentar un resultado a la brevedad, una vez que regresaron del periodo de receso. 

Itzel Checa, coordinadora de dicho observatorio, añadió que además del INAI, hay cerca de 19 instituciones federales con más de 100 designaciones pendientes por parte del Senado. Entre ellas el Inegi, el Tribunal Agrario, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros.

“Nosotros leemos que sí es una estrategia totalmente deliberada para no cumplir, pero sobre todo para debilitar a instituciones, que se confirma con las declaraciones y con estas expresiones públicas que hacen de pronto los senadores y senadoras,  de que no le dan mucha utilidad a ciertas instituciones”, expuso.  

A su vez, están pendientes 44 vacantes en diversos Tribunales Electorales Estatales, salas regionales, órganos consultivos, y a eso se suman otras instituciones de control y contrapeso federales. 

La coordinadora del Observatorio dijo que es preocupante la ruta que han tomado y más en una coyuntura donde la disputa por el poder, las elecciones, se han adelantado demasiado. Incluso, consideró que ese puede ser un escenario que dé margen para que se sigan prolongando los nombramientos. (información de Debate)