Suprema Corte admite recurso de Chihuahua sobre libros de texto

La distribución de los polémicos libros de texto gratuitos tuvo un revés este viernes, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un recurso de controversia constitucional impulsado por el gobierno de Chihuahua.

La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, promovió la controversia contra las bases de elaboración de los libros de texto gratuitos, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, notificó hoy la admisión del recurso promovido por la Consejería Jurídica de Chihuahua, en el que señala a la SEP, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, y la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. 

“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, reportó la SCJN en la lista de notificación. 

La semana pasada, la gobernadora Campos Galván ordenó a la Secretaría de Educación del Estado detener la distribución de los polémicos libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024. 

La distribución también fue frenada ayer en Chihuahua por un juez federal, quien otorgó una suspensión provisional al diputado local Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, contra el reparto de los ejemplares en los municipios de la entidad. 

La suspensión es para efectos de que se verifique que los libros están redactados conforme a planes y programas de estudio.

El legislador informó que, tras esa suspensión, la SEP ahora tiene el mandato judicial no sólo para frenar la distribución de los nuevos libros de texto en la entidad, sino para reimprimir los del ciclo escolar anterior.

“Nosotros demandamos ante el Poder Judicial la inobservancia de la Ley General de Educación en el proceso de elaboración de estos materiales, en donde se pasó por alto el procedimiento legal para la reforma de planes de estudio, programas educativos y libros de texto”. 

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