Durante el análisis y discusión del Paquete Fiscal 2024, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) defenderá un proyecto responsable, que fortalezca a las instituciones, a los municipios y que dé respuesta a las necesidades que demandan las y los mexiquenses en materia de obra pública, seguridad, salud y desarrollo social, entre otros rubros, puntualizó el Coordinador de la Bancada priista, Diputado Elías Rescala Jiménez.

En este sentido, el también Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que una de las inquietudes de la Fracción Parlamentaria que encabeza es el incremento en la tasa de un impuesto ecológico y las imposiciones de dos nuevos conceptos, toda vez que han tenido un acercamiento con las Cámaras Empresariales donde expresan que agrava su actividad.

En cuanto al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), destacó la importancia de otorgarle a este organismo público un presupuesto adecuado para que realice cada una de sus actividades, con el objetivo de que brinde los mejores resultados en materia de democracia para la ciudadanía mexiquense.

El Instituto Electoral, dijo, tiene que contratar personal y por eso está pidiendo recursos destinados al Capítulo 1000, a fin de que el día de la elección y en el transcurso de este proceso electoral se encuentre fortalecido.

El Diputado priista, agregó que también defenderán a instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial, ya que una de las demandas más grandes de la ciudadanía es el tema de la seguridad pública, además de que buscarán que se dé continuidad a proyectos de obra como el Mexicable, el Trolebús Chalco-Santa Martha y los Caminos del Sur del Estado de México.

Asimismo, Rescala Jiménez dio a conocer que el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) mantendrá un presupuesto de dos mil 500 millones de pesos, a fin de impulsar la capacidad de respuesta de los 125 ayuntamientos mexiquenses para atender la demanda ciudadana.

En materia de salud, el Coordinador de las y los Diputados priistas puntualizó que en este momento, el Gobierno del Estado de México solicita un incremento en el presupuesto para Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), cuando en el 2018, los Diputados de Morena tiraron una reforma que al Estado le costó 40 mil millones de pesos y, por ende, ahora necesitan incrementar los impuestos.

Lo anterior, explicó, debido a que se van a dirigir 6 mil millones de pesos al ISSEMyM para el pago de pensiones, asunto en el que el Estado está retrasado. “Ese fue el costo de haber echado una Reforma que era benéfica para las finanzas públicas”, dijo.

“Estamos conscientes de que debemos tratar de sacar un presupuesto responsable que cubra todas las necesidades que tiene el Estado, y para ello, tenemos que mejorar los ingresos del Estado y, en ese aspecto, estaremos analizando cómo se optimizan las finanzas públicas y, de esta manera, poder fortalecer a las Instituciones del Estado que tanto necesitamos”, acotó.

Cabe mencionar que la Bancada del Revolucionario Institucional ya mantuvo una reunión con la Secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García, como parte de los primeros encuentros para intercambiar ideas y analizar el Paquete Fiscal del próximo año.

Este viernes se llevará a cabo la primera reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas para analizar el Paquete Fiscal 2024.

Se señalan fallos en la supervisión de padrones de beneficiarios y reglas de programas, demostrando una operación con márgenes de discrecionalidad.

La ASF identificó situaciones preocupantes en programas emblemáticos como La Escuela es Nuestra, liderado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se entregaron alrededor de 13 mil millones de pesos a escuelas para mejoras e implementación de servicios.

Sin embargo, la dependencia no pudo justificar el destino de estos recursos, ya que, según respondieron, los subsidios se otorgan directamente a las escuelas, quienes tienen libertad en su uso.

Además, se detectó un incumplimiento de los lineamientos de la SEP, al asignar recursos a más de 30 mil escuelas sin la conformación de “comités de contraloría social”, establecidos para que los padres de familia participen en las decisiones del uso de los recursos.

La ASF no incluyó en este informe revisiones a programas de gran envergadura, como los de pensiones para personas mayores o Sembrando Vida. Se prevé que en febrero de 2024 se presentará una tercera entrega de informes más detallados sobre los programas y obras de la Cuarta Transformación.

El órgano fiscalizador también evidenció problemas recurrentes en la Secretaría de Bienestar, resaltando la operación de programas sociales sin manuales de organización actualizados, protocolos deficientes y falta de consideración de observaciones por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Entre las observaciones más críticas, se mencionan las deficiencias en la entrega de recursos del programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijas e hijos de madres trabajadoras, donde se evidenció falta de seguimiento, expedientes incompletos y una cantidad significativa de beneficiarios inexistente o con expedientes defectuosos.

Las auditorías de la ASF también revelaron irregularidades en los programas de microcréditos, producción y capacitación de jóvenes. En específico, identificaron la asignación de apoyos a personas fallecidas, pagos a individuos que trabajaban simultáneamente en el sector público o privado, así como una concentración significativa de beneficiarios trabajando en instituciones públicas.

Estas revelaciones subrayan la necesidad de una mayor transparencia y seguimiento en la administración de los programas sociales, así como la importancia de mecanismos de supervisión más rigurosos para asegurar la eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos.