El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la polémica por el reconocimiento que ayer entregó al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, no es por el caso Ayotzinapa, sino porque su gobierno intervino en la intención de la DEA de violar nuestra soberanía al “fabricarle delitos” a Cienfuegos para vincularlo al narcotráfico.

“No hay nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, para que quede claro, y si Anabel Hernández, Carmen Aristegui y Julio Hernández tienen otra información, que la den a conocer”, dijo.

Aseguró que la inconformidad en el fondo es porque intervino ante una actuación que considera violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se le demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno, independientemente que era el exsecretario de la Defensa, pudo constatar que fue una “venganza y que no había elementos”.

Acusó que los de la DEA y sus representantes se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército mexicano y Fuerzas Armadas debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para puedan hacer y deshacer en México como se los permitía el expresidente Felipe Calderón. (Información de El Universal)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un proyecto de resolución de la ministra Yasmín Esquivel que proponía sobreseer o desechar, un amparo presentado por la Fundación para la Justicia en contra de Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos, emitida el 7 de junio del 2019, para controlar el flujo migratorio proveniente de otros países con el apoyo de la Guardia Nacional y el retorno a territorio mexicano de los migrantes extranjeros que logren cruzar la frontera para solicitar asilo en la Unión Americana, política conocida como “Tercer País Seguro”.

La Segunda Sala de la Suprema Corte rechazó el proyecto de sentencia presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y reasignó el expediente del caso al ministro Javier Laynez Potisek para que se presente un nueva propuesta de resolución .

La determinación que tomó la Segunda Sala de la Corte este 11 de octubre no entró al fondo del asunto, pero sí prevé analizar si una organización civil como la Fundación para Justicia tiene interés legítimo para promover un amparo que impugne la decisión que tomó el gobierno de México para recibir a migrantes no mexicanos que han solicitado asilo en Estados Unidos, con base a una “declaración conjunta” y sin control legislativo o judicial. (Con Información de Aristegui Noticias)