“El país tiene demasiadas batallas, hay un mensaje muy fuerte de desunión que en Chihuahua no toleramos ni asumimos”, afirmó Maru Campos Galván en entrevista para Carlos Loret de Mola en Latinus quien preguntó la posibilidad de una “guerra del agua” entre estados.

Sobre la presión del gobierno de Tamaulipas con la Federación de por medio para abrir las presas de Chihuahua, respondió que “no queremos batalla con nadie, nada más que se respete al estado y se respete el líquido vital de los chihuahuenses. No vamos a pelear, vamos a defender lo que es nuestro”.

Respecto a la comisión de presuntos especialistas del agua que se formó para impulsar que Tamaulipas extraiga agua chihuahuense, la mandataria advirtió que para el cálculo tomaron “datos de 1950, no puedes tomar datos y un diagnóstico con fuentes equivocadas para tomar una decisión”.

“Realmente no son expertos, es petición del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; de los diputados federales y locales de Tamaulipas y el secretario estatal de Recursos Hidráulicos. No contempla muchos indicadores actuales”.

Dentro de la entrevista aseguró: “Veo este tema del agua como una parte del rompecabezas o el coctel que está haciendo el Gobierno Federal o el centro contra los estados que no nos doblamos a la Federación. No es casualidad el tema del agua, el flujo de 35 mil migrantes a Juárez. No es normal la disminución de participaciones” para Chihuahua.

A lo que añadió que “No es normal el crimen organizado cómo sucede en Chihuahua y primordialmente en estados de oposición. Es muy claro que el tema se está volviendo político electoral en la gobernanza”.

Definitivamente es intencional. No pide la Gobernadora que le den nada al estado de Chihuahua, sabemos ganarnos el pan, pero que dejen de quitarnos lo que es nuestro. Que no nos den pero que no nos quiten.

Dijo Maru Campos que en su momento lo habló con Adán Augusto López de Segob y con Marcelo Ebrard de la Cancillería. “¿Dónde están? ¿En campaña verdad? Falta un año para la campaña todavía, para la elección. Qué barbaridad. Todo es electoral, aquí no hay política pública, todo es electoral”.

Pidió a los funcionarios federales “que se pongan a trabajar a favor de los estados y los mexicanos”.

Comentó que no ha hablado hasta ahora con la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos tocando las puertas de varios secretarios por temas de agua, seguridad, de la economía y las empresas que vienen a invertir a nuestros estados por el nearshoring y que necesitamos permisos, licencias y que no nos abren las puertas de parte de las secretarías” para atraer esas inversiones extranjeras, conluyó. 

DEspués de tres días intensos de búsqueda, la tarde de este viernes fueron liberados los 16 trabajadores de la SSPyPC de Chiapas que estaban secuestrados.

El secuestro se dió cuando fue interceptado el autobús en el que viajaban en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla.

De acuerdo con los primeros reportes, se les liberó aproximadamente a las 17:15 horas, a la altura del Libramiento Norte, en Tuxtla Gutiérrez.

Uno de los trabajadores relató que los secuestradores los dejaron en una montaña -de la cual desconocen su ubicación- y les brindaron una camioneta.

Ahí recibieron la indicación de irse, asimismo se les dijo que las llaves de la camioneta fueran dadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).

Cuando llegaron al Libramiento Norte, los 16 hombres se bajaron de la camioneta y por su propio pie llegaron a la dependencia, donde sus familiares mantenían una protesta.

Minutos después, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, confirmó que todos fueron liberados, al tiempo que agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las dependencias de seguridad federales por colaborar en el caso.

Los 16 trabajadores forman parte del departamento administrativo de la SSPyPC de Chiapas, cerca de Ocozocoautla, que apenas el lunes pasado fue nombrado como Pueblo Mágico.

Habían salido el martes en un camión oficial del cuartel ubicado en Llano San Juan, municipio de Ocozocoautla, con rumbo a Tuxtla Gutiérrez luego de terminar su jornada laboral.

Dos camionetas interceptaron el vehículo, a la altura del kilómetro 130 de la carretera Ocozocoautla-Tuxtla, y sus ocupantes sometieron con violencia al personal administrativo, que al no estar armado no pudo oponer resistencia y 16 de los 40 ocupantes fueron secuestrados.

Un días después circuló un video donde se veía a los funcionarios en buen estado de salud, pero fueron obligados a dar un mensaje donde se condicionaba su libertad a cambio de que fueran cesados jefes policiacos de la SSPyPC.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, enfatizó que el monto señalado por actos de corrupción que derivaron en el fraude a Segalmex es de 9 mil 500 millones de pesos y no por 15 mil millones, además de que los procesos de observación en el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminan hasta octubre de este año.

Hasta la fecha las instancias involucradas han entregado alrededor de 1 millón 200 mil documentos para atender las observaciones.

La explicación de los plazos se da porque los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 fueron publicados en febrero de 2023 y, a partir de esa fecha, los entes auditados tuvieron 30 días hábiles para entregar información y documentación para dar respuesta a las observaciones.

“Una vez concluido ese plazo inició el periodo de 120 días hábiles durante el cual la Auditoría Superior de la Federación analiza las documentales recibidos y, en su caso, solicita información adicional con objeto de tener todos los elementos necesarios para la solventación o no de lo observado”, por lo que los plazos están vigentes.

El monto que dio el funcionario es derivado de las observaciones de la ASF a las cuentas públicas de 2019 y 2020, por lo que “la cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de las irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, no es precisa y no está fundado”.

Recordó que en agosto de 2022 se informó que los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con los 9 mil 500 mdp, de los cuales 6 mil mdp fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 mdp, por la ASF, cuyas observaciones “no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o el resarcimiento de los daños”.

Tanto Segalmex, como Liconsa y Diconsa recopilan evidencias para aclarar las observaciones, dado que la información estaba dispersa en las oficinas de varios estados. 

“Es así que la SFP ha recibido información de 2 mil mdp de los 6 mil observados, cuya procedencia está en proceso de dictaminación. Asimismo, la ASF ha recibido otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender. Se espera que, con la documentación aportada, el monto observado de 9 mil 500 mdp por ambas instancias fiscalizadoras se reduzca sustancialmente”.

Con las aclaraciones también se da lugar a una investigación para determinar si existieron faltas administrativas graves que serían turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En otro caso se determinará si hubo actos ilícitos que, de encontrarse, se convertirán en denuncias penales ante la FGR. En esta fase de investigación administrativa se encuentran 37 expedientes.

Lo observado, insistió, no es sinónimo de daño patrimonial, hasta que la autoridad competente emita una resolución en ese sentido. (Información de Proceso)