La asociación Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) denunció que hubo desvíos de 22 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que terminaron en la cuenta de un proveedor del Estado de México, previo a la elección a gobernadora de dicha entidad.

Los desvíos de los recursos fueron realizados a través de tres transferencias entre el 15 y el 22 de mayo pasado, ya que de forma específica, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se transfirieron al gobierno de Chiapas a una cuenta no reconocida, según las denuncias que se presentaron ante el órgano interno de control de la dependencia y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Según MCCI, destacó que el 11 de mayo fue registrada una cuenta adicional a la que le suministra recursos al Gobierno de Chiapas y que corresponde a la proveedora mexiquense. Según la investigación, para el 15 de mayo se realizó la primera transferencia a dicha cuenta por 2 millones de pesos, empleando el usuario de un funcionario de las oficinas centrales de la Tesorería del INEA.

Siete días después, el 22 de mayo, se registraron otros dos movimientos más, por 13 y 7 millones de pesos, respectivamente hacia la cuenta, usando el usuario y contraseña de una empleada de la Tesorería pero de la Unidad de la Ciudad de México (CDMX), que se encontraba en incapacidad médica.

La organización civil señaló que las transferencias fueron realizadas y registradas por el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), herramienta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “el dinero desviado habría ido a parar a una cuenta bancaria de un proveedor en el Estado de México en la víspera de las elecciones en aquella entidad”, habrían señalado fuentes de la dependencia.

Los movimientos del SICOP, deberían ser validados por José Muñoz Gómez, quien es el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, ya que su RFC se registró en todos los pasos para poder hacer las transferencias de los distintos montos que se enviaron. De hecho, resaltan que si se quiere una nueva cuenta y validar las transacciones que se realizan, se requiere la firma electrónica del director.

El 24 de mayo, el personal del Instituto de Educación, ya tenían detectado el faltante de 22 millones de pesos en los recursos enviados al gobierno de Chiapas, por lo cual se dio aviso y se denunció a la Tesorería de la dependencia del INEA, donde también se dio aviso a los titulares de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control del Instituto para que se hiciera la investigación correspondiente. De hecho, como parte de, se ordenó inmovilizar los equipos de cómputo de funcionarios de Tesorería del INEA.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó un proyecto que frenaba la promoción de las seis corcholatas de Morena, por lo que podrán seguir con su gira nacional para el cargo de coordinador nacional de la Defensa de la Transformación.

Durante la sesión de este miércoles, Rita Bell López y Jorge Montaño votaron en contra de dictar medidas cautelares contra el proselitismo de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, con el argumentó de que no advirtieron la urgencia y se estaba prejuzgando a los morenistas.

Mientras que la presidenta de la comisión, Claudia Zavala, votó a favor de frenar las Asambleas Informativas de las corcholatas, debido a que esos actos se han apartado de su carácter partidista y se han convertido en mítines proselitistas, con miras a posicionarse rumbo a las elecciones de 2024, lo cual está prohibido por la ley.

El proyecto señalaba, de manera preliminar, la posible comisión de actos anticipados de precampaña, por lo que planteaba la urgencia de dictar medidas cautelares y frenar las asambleas informativas multitudinarias de los aspirantes morenistas; en su lugar, se pedían realizar actos privados y solo con invitación a militantes de Morena.

Los consejeros que votaron en contra de esa medida, indicaron que la Comisión de Quejas estaba prejuzgando, pues el estudio de fondo del caso está a cargo de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que debe pronunciarse sobre la legalidad de las giras de los aspirantes morenistas.

En contraste, la consejera Zavala reviró que, en el análisis preliminar, el Instituto Nacional Electoral halló evidencias de que en los actos de las corcholatas se les recibe con gritos de “Presidente o Presidenta”.

Además, se han detectado posibles infracciones como promocionar propuestas de Gobierno, mencionar plataformas políticas y hablar de la continuidad del actual Gobierno, lo cual está prohibido por la ley y podría configurarse como actos anticipados de campaña.

Durante la sesión, participaron otros consejeros sin derecho a voto en la Comisión de Quejas como Dania Ravel, quien manifestó que se han detectado al menos 29 actos públicos con manifestaciones que pudieran configurarse como actos anticipados de campaña.

Por ello, el funcionario se pronunció por dictar medidas cautelares urgentes contra las corcholatas, pues, advirtió, se pueden generar daños irreparables en la equidad de la contienda presidencial de 2024.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo dijo que no se trata de prejuzgar si se han usado recursos públicos en las giras de los morenistas, pues provengan del erario o privados, lo que se detectó es una posible conducta de actos anticipados de precampaña y se debe actuar con urgencia para salvaguardar la equidad de la contienda presidencial.

En respuesta, el consejero Jorge Montaño dijo que ante la duda se debe absolver y dejar al Tribunal Electoral que resuelva el fondo del asunto.

Las campañas de las seis corcholatas de Morena rumbo a la encuesta que definirá al coordinador nacional de la Defensa de la Transformación arrancaron el 19 de junio pasado, en diversas partes del país.

El partido guinda organizó una mini elección para definir ese cargo, que, señala, es partidista, pero se prevé que la persona ganadora se convierta en el candidato presidencial de ese instituto político.

Los seis aspirantes tendrán poco más de 70 días para proselitismo, pero este fue acotado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que prohibió que en sus actos públicos de las llamadas corcholatas se ataque a otros partidos o haya llamados expresos al voto, pues el proceso electoral todavía no comienza. (información de 24 horas).