En una reciente resolución, el nuevo bloque mayoritario en el Tribunal Electoral federal ratificó la existencia de violencia política en contra de Delfina Gómez.

Este episodio se desencadenó cuando la entonces candidata fue objeto de críticas por su ausencia en debates durante la campaña para el Gobierno del Estado de México.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de México había señalado a la diputada del PRI, Melissa Vargas, como responsable de esta violencia política.

La magistrada Janine Otálora, presentó un proyecto de sentencia indicando que no se había cometido violencia política de género durante una conferencia de prensa ofrecida por la legisladora.

Sin embargo, el nuevo bloque conformado por los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, quienes recientemente presionaron la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia del Tribunal, votaron en contra de la propuesta de Otálora y confirmaron la sentencia original.

El aún presidente del Tribunal argumentó a favor del proyecto, destacando la necesidad de considerar el contexto político. Sostuvo que las críticas de la diputada eran una reflexión sobre los roles patriarcales, cuestionando si la candidata de Morena tomaba decisiones independientes o permitía que los hombres las tomaran por ella.

Sin embargo, la magistrada Mónica Soto, quien asumirá la presidencia del Tribunal, expresó que no se debería tolerar ningún tipo de violencia, incluso cuando provenga de mujeres.

Argumentó que no se debe enviar el mensaje de que las mujeres deben “aguantarse” en medio de un acalorado debate político.

El debate entre los magistrados reflejó posturas divergentes sobre la interpretación de las críticas de Vargas hacia Gómez.

Mientras el presidente argumentaba que eran una crítica válida al sistema patriarcal, Soto sostuvo que se trataba de una provocación inaceptable en el contexto de una contienda electoral.

Finalmente, el proyecto original de Otálora fue modificado, confirmando la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que responsabiliza a la diputada Vargas por violencia política de género contra Delfina Gómez.

Este caso destaca la sensibilidad en torno a las críticas en el ámbito electoral, especialmente cuando se relacionan con estereotipos de género y la participación de las mujeres en la política.

Desde el año 2021, se evidencia un claro patrón en el Senado de México: las propuestas presentadas por Morena son las que reciben la máxima prioridad y atención para su concreción.

Según datos del Sistema de Información Legislativa (SIL), de los 43 cambios introducidos en el orden jurídico nacional, un abrumador 60% lleva la firma de Morena.

La segunda fuerza política en este aspecto es el Partido del Trabajo, con un 16.2% de autoría en los cambios legislativos concretados.

En marcado contraste, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha obtenido la aprobación para ninguna de las 112 iniciativas presentadas por sus senadores.

Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solo han contribuido con un modesto 9.3% de los cambios legales implementados desde el inicio de la LXV Legislatura en septiembre de 2021.

Partidos como el PRI, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano comparten una aprobación del 4.6%, con solo dos iniciativas aprobadas para cada uno de ellos, mientras que el grupo parlamentario de Encuentro Social, a pesar de su carácter inconstitucional, ha visto la luz en el 2.3% de los dictámenes aprobados.

En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de diciembre de 2023, las ocho bancadas del Senado han presentado un total de 2,279 iniciativas.

Sin embargo, apenas el 1.8% de ellas ha logrado convertirse en realidad en el ámbito jurídico nacional.

De estos, 25 decretos, que representan el 58% del total de cambios aprobados, tienen origen en iniciativas presentadas por Morena.

A pesar de que este 3% de decretos aprobados representa una fracción de las 850 iniciativas totales presentadas por Morena, subraya la tendencia de que los morenistas priorizan y aprueban principalmente las reformas que ellos mismos proponen.

El PAN, aunque es la segunda fuerza política en el Senado, ha visto que solo el 0.8% de sus 509 iniciativas se convierten en realidad, colocándolos en el tercer lugar en eficiencia legislativa.

El Partido del Trabajo, aliado de Morena, lidera en eficiencia legislativa, ya que ha logrado la aprobación del 3.4% de sus 206 iniciativas, representando el 16.2% de los dictámenes que se han materializado.

A su vez, Movimiento Ciudadano, PRI y el Partido Verde comparten el tercer lugar en eficiencia legislativa, con un 4.6% de sus iniciativas aprobadas.

En este contexto, la falta de respaldo para las propuestas de la oposición ha sido un tema de debate, especialmente por parte de senadores no afiliados a Morena.

Las críticas apuntan a que muchas de las iniciativas opositoras son vinculadas a propuestas de Morena para su aprobación, generando tensiones en el ámbito legislativo.