El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 69 votos a favor, reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para prohibir que se solicite la carta de antecedentes no penales.

Durante la sesión de hoy 10 de octubre de 2023 del Senado de la República, los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales con la finalidad de evitar la discriminación y fue turnado a la Cámara de Diputados para su tramite correspondiente.

El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito.

“Quienes salen de la prisión no sólo se encuentran tras el escrutinio público, sino que también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos”, dijo el senador.

La iniciativa tiene casos excepcionales como el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, además se refuerzan los principios de no discriminación en las dependencias públicas.

Durante la sesión, los legisladores también aprobaron con 77 votos a favor un dictamen para que los campesinos accedan al seguro social y otro con el propósito de establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos. (Información de Excelsior)

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, celebró la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa que presentó el pasado 6 de septiembre a fin de desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que son utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

“La iniciativa es un acto de consistencia política, de congruencia programática (…) Es un tema sustantivo para el proyecto de transformación”, expresó al aclarar que no son los 55 mil trabajadores del PJF, sino los mandos medios y superiores quienes tienen acceso a los fondos que se utilizan para el mantenimiento de sus viviendas, apoyos médicos adicionales, así como pensiones y prestaciones complementarias.

El líder de la bancada guinda explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo reconoce uno de los 14 con los que cuenta y de los 13 no contemplados en el ordenamiento, cinco pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, ejemplificó que en el caso de los fondos de la SCJN comprenden más de 6 mil millones de pesos y en los últimos ocho ejercicios se han mantenido prácticamente sin movimiento, salvo por los intereses que dichos recursos han generado: “Viven del sudor de la lana”, sostuvo.

Por otro lado, declaró que el fideicomiso de economías presupuestales asciende a cerca de 1 mil 400 millones de pesos a costa de la eficacia en la operación de los juzgados, mismos que carecen de materiales como sillas, computadoras, hojas, etcétera.  

“Ahorran en sacrificio de la función sustantiva que es garantizar justicia pronta y expedita a los mexicanos”, criticó al tiempo de enunciar que debería ser a la inversa: dotar de los recursos necesarios a los juzgados con personal, materiales y tecnología a fin de mejorar los procedimientos en materia de justicia y no de enriquecer a unos cuantos.

Por lo anterior, apuntó que al otorgar mayores recursos a los juzgados se podría reducir el promedio de tiempo para emitir las sentencias que hoy es cercano a los 800 días.

“No nos estamos metiendo con los salarios ni con el pasivo laboral, sino con las compensaciones adicionales a jubilaciones y pensiones vitalicias”, que, reprobó, gracias a los fideicomisos ascienden al 100 por ciento, en comparación con un trabajador promedio que se retira con alrededor del 50 por ciento de su sueldo en activo. (Información de Newsweek en Español)