La muerte de al menos 39 migrantes en un incendio en una estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, recrudeció la crisis migratoria y reveló las entrañas de los contratos y empresas contratadas por el Instituto Nacional de Migración.

Obligado por su propio marco jurídico a “proteger” a las personas extranjeras aseguradas en territorio mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha adecuado de manera provisional en todo el país cientos de inmuebles como estancias para personas migrantes. No se trata de albergues ni de oficinas. Son espacios con celdas y cerrojos.

Fue en una estancia como esas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio mató al menos a 39 migrantes la noche del pasado lunes, lo que recrudeció la crisis migratoria y colmó las historias de fracaso de millones de personas en su intento por llegar a Estados Unidos a través de México. 

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó la noche del jueves 30 que la seguridad en la estación de Ciudad Juárez en donde fallecieron los 39 migrantes estaba a cargo de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa que apenas el 19 de febrero pasado renovó su permiso por un año ante esa misma dependencia.

De acuerdo a la investigación de Reporte Índigo, Ee la PNT se encuentra el contrato CS/INM/021/2022 con vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022 por 165 millones de pesos para el servicio de seguridad de los inmuebles del instituto en 23 entidades federativas, entre ellas Chihuahua.

Si bien esa compañía será investigada por la tragedia pues estaba a cargo de la estación de Ciudad Juárez según la información oficial, no es el único contrato que operó de manera irregular en el INM. La limpieza de las estancias también quedó a cargo de una empresa con mal comportamiento.

La mayor parte de los contratos que el organismo firmó entre 2019 y 2022 para limpieza de estancias estuvo a cargo de Asbiin S.A. de C.V., que mediante subcontratación limpió las oficinas de 30 entidades públicas, entre ellas, Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La firma, posicionada como proveedora importante de la administración pública federal, incurrió en malas prácticas al grado de quedar inhabilitada el pasado 20 de enero por la Secretaría de la Función Pública. Desde febrero de 2021, una denuncia ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había alertado que la compañía recurrió a papeles apócrifos para acreditar su experiencia y después, para conseguir un contrato, volvió a presentar documentación falsa.

En esa empresa el INM confió seis de ocho contratos para limpiar sus estancias migratorias. Le dio 5 millones 465 mil 143 pesos.

Más allá de la desgracia, el siniestro de Ciudad Juárez reveló las condiciones en las que quedan los migrantes cuando son asegurados en México. En apariencia el único bien mueble que había dentro de la celda donde fallecieron los 39 eran unas colchonetas que sirvieron para iniciar y propagar el fuego, según la versión oficial.

La mayor parte de esos artículos también se adquirieron con una empresa que en septiembre del año pasado fue inhabilitada por la SFP por mal desempeño: Nefesh S.A. de C.V. Entre septiembre y noviembre de 2019 el INM le compró colchonetas y cobertores para los extranjeros presentados y alojados en las estaciones migratorias por 172 millones 413 mil 825 pesos.

Nefesh S.A. de C.V. fue inhabilitada por tres meses a partir de septiembre de 2022 por anomalías en contratos con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

A Home Focus SA de CV, el INM también le compró colchonetas para los extranjeros presentados por 8 millones 812 mil 500 pesos mediante un contrato que duró del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

Con el Centro de Lavado Integral Especializado de Oaxaca S.A. de C.V. y una proveedora física llamada Ivette Shantal Pastrana Hernández estas colchonetas se mandaron a sanitizar en 2019.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador esa cifra aumentó a 150 mil 213, según las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

El aumento de personas repatriadas en este gobierno coincide con el acuerdo migratorio alcanzado en junio de 2019 con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles a México. El 31 de mayo de ese año, Trump amenazó con imponer un impuesto base de cinco por ciento en todos los productos importados de México que iría en aumento hasta llegar al 25 por ciento, si los grupos de migrantes no eran detenidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reaccionó con medidas más fuertes en la frontera sur que incluyeron un despliegue de la Guardia Nacional.

En ese panorama, los números de detenciones de personas en situación migratoria se incrementaron de 228 mil 115 en 2021 a 444 mil 439 en 2022. También, en ese marco, otros cientos han encontrado la muerte.

Francisco Garduño Yáñez fue nombrado comisionado en el Instituto Nacional de Migración (INM) el 16 de junio de 2019, 11 días después de que el Gobierno federal firmara un acuerdo migratorio con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles a México.

Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Juárez, hasta ese momento se había desempeñado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y readaptación social. 

De 2019 a 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) se convirtió en la tercera autoridad con más quejas por violación a los derechos humanos solo superado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.

En ese periodo, el número de quejas creció casi 200 por ciento. En 2019 el instituto recibió 714 señalamientos y en 2022 fueron dos mil 141, una diferencia de dos mil 67, según una revisión de los informes anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El año en el que hubo un incremento mayor en los señalamientos fue entre 2021 y 2022 con 72.8 por ciento. De enero a diciembre del año pasado, el INM recibió 2 mil 141 quejas, 902 acusaciones más que en el mismo periodo de 2021.

El INM tuvo más acusaciones por atentar contra los derechos humanos que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría del Bienestar y la Guardia Nacional, de acuerdo con las cifras registradas por la CNDH.

Se trata de señalamientos de actuaciones negligentes o agresivas por parte de los funcionarios públicos del instituto en contra de los derechos humanos de personas que iban en camino rumbo a Estados Unidos. Las formas y los escenarios se desgranan. Hay quejas registradas por maltrato a ecuatorianos, afrodescendientes, salvadoreños, venezolanos o guatemaltecos.

Los sitios donde ocurrieron estas anomalías son en su mayor parte las estaciones migratorias, pero también las mismas rutas que los migrantes siguen a pie.

La última queja registrada está relacionada con el accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en Chiapa de Corzo, Chiapas, en el que murieron 56 migrantes y 113 resultaron heridos. Provenían de Guatemala, República Dominada, Ecuador, Colombia y El Salvador.

(Información de Reporte Índigo)