La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito condenó los hechos que incitan a la violencia, esto luego de que en redes sociales empezó a circular una amenaza de muerte en contra de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió fuertes críticas contra la labor de la ministra Piña Hernández al frente de la Suprema Corte y los fallos en contra del gobierno federal, en redes sociales surgió el mensaje de un usuario identificado como @VicaPocnh, quien con la imagen de una bala señaló que esa era la “solución” al “problema” que representa la integrante del máximo tribunal.

A través de un comunicado, los integrantes del Poder Judicial señalaron que “Las y los Juzgadores Federales JUFED reprobamos enérgicamente la publicación que circula en redes sociales, la cual incita a la violencia, atenta contra la integridad personal y divide gravemente a la sociedad, consecuencia de un discurso de odio hacia las funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación”.

En su conferencia mañanera del 1 de marzo, el presidente López Obrador reprochó el fallo judicial a favor del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rival político de la Cuarta Transformación, y señaló que con la llegada de Piña Hernández a la presidencia de la Judicatura Federal, los jueces han abusado de su independencia para resolver a favor de presuntos criminales.

“Ahora que llegó la nueva ministra declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que puedan hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, se lamentó el titular del Poder Ejecutivo desde Palacio Nacional.

Horas después, en las redes sociales se desató una ola de críticas y acusaciones contra la ministra Piña Hernández, a quien se le llegó a tildar de “corrupta” y “traidora a la patria”.

La politóloga, Denisse Dresser atribuyó el discurso de odio y las amenazas en contra de la titular del Poder Judicial a los ataques lanzados por el presidente de la República, quien con sus palabras convierte a enemigos a quienes no concuerdan con su proyecto de gobierno.

“Los ataques verbales del presidente a quienes convierte en sus enemigos. Las palabras importan y producen violencia en las redes, que puede saltar desde ahí Hoy es la Ministra Norma Piña de la Suprema Corte”, dijo Dresser.

En el contexto de los ataques en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, además de las acusaciones de corrupción por parte del titular del Ejecutivo, quien insiste en denostar la actuación de jueces y magistrados, la Barra Nacional de Abogados exhortó al presidente de la República y a otros miembros del Congreso a conducirse con respeto hacia los miembros del Poder Judicial.

A través un pronunciamiento oficial, la Barra de Abogados señaló que las autoridades públicas que hacen descalificaciones a jueces, magistrados y ministros, quebrantan el principio de independencia judicial.

Agregaron que las conductas dirigidas a dividir a la sociedad, basadas en prejuicios no es propio de demócratas ni de los líderes que requieren nuestro país.

Durante los primeros minutos del 2 de marzo fue publicado el Plan B de Reforma Electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que significa que entrará en vigor el día 3 de marzo, aunque sus disposiciones no serán aplicables para las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Este decreto incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de contemplar la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La publicación del Plan B en el DOF puso en marcha la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en reiteradas ocasiones, ha sido criticada debido al principio de austeridad mediante el cual se rige.

Entre los aspectos más relevantes del decreto está la reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues ordena al INE a fusionar su estructura con la de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) mediante un estatuto que deberá ser presentado a más tardar el 30 de julio de 2023.

Aunado a ello, el Plan B establece que los Oples tendrán que adecuar su funcionamiento para mantener “la estructura ocupacional mínima”. En este sentido, las reformas establecen que estos organismos no tendrán estructuras municipales o distritales permanentes y estas sólo podrán ser instaladas durante los procesos electorales con un máximo de tres consejeros electorales (o cinco, en casos extraordinarios que lo requieran).

Otro de los ajustes al funcionamiento del INE que causó gran controversia fue la reducción de atribuciones al titular de la Secretaría Ejecutiva, quien hasta antes de la publicación del Plan B era Edmundo Jacobo Molina.

Por ejemplo, con las reformas la o el Secretario Ejecutivo ya no tendrá la facultad de nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas. Además, tampoco podrá realizar el anteproyecto de presupuesto del INE para someterlo a consideración del presidente del Consejo General.

“Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, establece el paquete de reformas aprobado por el Congreso.

Ante esta situación, el Consejo General del INE deberá nombrar, entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho para que, en la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, se designe a la nueva persona que encabezará la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029.

La reformulación del concepto de propaganda gubernamental es otro de los asuntos que más cuestionamientos recibió el Plan B de Reforma Electoral, pues permite que las y los funcionarios se manifiesten “en uso de su libertad de expresión” y en el ejercicio de sus labores sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda.

De tal manera, se considera como propaganda gubernamental a los “escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin […] por un Ente Público, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines”, así como información alusiva al bienestar de la ciudadanía y al acceso a bienes o servicios públicos.

Es decir, la promoción e información sobre funcionarios, programas, obras y otras acciones relevantes para la población no se denominará como “propaganda”, sino como una “campaña de comunicación social”.

Bajo esta narrativa, durante los procesos electorales y de consulta ciudadana se tendrán que suspender las acciones de propaganda, pero las campañas de comunicación social podrán continuar.

Pese a los cuestionamientos sobre la injerencia del Plan B en las elecciones del Estado de México y Coahuila de 2023, uno de los transitorios del decreto publicado en el DOF estableció que estas reformas “no serán aplicables” en dichos procesos.

Cabe recordar que, en días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso una suspensión contra el Plan B, específicamente respecto a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, para evitar su aplicabilidad en las elecciones estatales de 2023.

Y aunque parece que estas modificaciones legales sentarán nuevas reglas del juego para los comicios de 2024, que definirán entre otras cosas a la persona sucesora de López Obrador en la Presidencia, aún quedan pendientes algunos asuntos.