El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral aseguró que en la lucha post aprobación del Plan B estará acompañada por la ciudadanía

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la Reforma Electoral aprobada recientemente por el Congreso de la Unión vulnera las capacidades operativas del organismo que dirige, lo cual pone en riesgo la calidad de los procesos electorales que se realicen en México, motivo por el cual señaló que habrá una lucha en contra de la iniciativa.

A través de redes sociales, el también docente de la UNAM señaló este domingo 18 de diciembre que el Instituto está abierto a una reforma de esta naturaleza; sin embargo, la que fue formulada por el poder ejecutivo y aprobada por el legislativo será llevada ante otras autoridades porque ésta no emana de un análisis serio.

“Hemos dicho que una reforma a las reglas del juego democrático y a las instituciones encargadas de organizar y arbitrar las elecciones siempre será pertinente si esta tiene como propósito mejorar el sistema que hoy tenemos”, aseguró durante el video que subió a sus redes sociales.

Sin embargo, condicionó que ésta debe de estar condicionada a un diagnóstico serio, objetivo y basado en información real y verificable, para que amplíe los derechos de la ciudadanía. En este sentido, dijo que sólo se puede construir una iniciativa así si se construye a partir del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, el cual se materializa con “el diálogo abierto transparente y de cara a la sociedad”.

“Lamentablemente, la reforma que aprobó la mayoría legislativa no cumple con ninguna de esas condiciones”

Y, aunque reconoció que las y los legisladores federales que aprobaron esa iniciativa pertenecen a la mayoría que fue elegida legítimamente por la ciudadanía en las elecciones de 2018 y 2021, condenó la metodología implementada para conseguir que esta reforma pasara.

“No es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos, y aprobar disposiciones que claramente vulneran la autonomía del INE, afectan gravemente la capacidad del Instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral”

Es por ello que aseguró que habrá una lucha por parte de la ciudadanía en la que se buscará la máxima democrática y se dará marcha atrás a todas las cláusulas que limiten las capacidades operativas del INE o de los Organismos Públicos Locales (OPLEs), mismos que, de acuerdo con el oficialismo, duplican algunas funciones con el Instituto: “guarden las palas, porque no va a haber entierro”.

Esto también coincide con lo dicho por Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y abanderado del PAN, quien aseguró que acudirá, junto con las bancadas de oposición, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover recursos de inconstitucionalidad ante el llamado Plan B de AMLO.

También condenó que limita la libertad de sancionar los actos anticipados de campaña, pues, en caso de hacerlo, la penalización resultaría mucho menor a la establecida: “esto está hecho para las corcholatas del presidente, clarísimamente”. Asimismo, se impide revisar los estatutos de los partidos políticos y el rango de interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar.

Finalmente, señaló que, parte de lo que promueve la iniciativa, es despedir a mil 200 funcionarios de las juntas directivas locales, con lo cual se limita la capacidad operativa del Instituto a cargo de Lorenzo Córdova, lo cual contraviene lo estipulado en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, advierte que la oposición presentará una batería de recursos ante diversas instancias judiciales.

Una vez que concluya el proceso legislativo del plan B de la reforma electoral y se publique en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, se presentará una batería de recursos de impugnación ante diversas instancias judiciales, en lo que será el plan C impulsado por la oposición, advirtió el senador del Grupo Plural Germán Martínez Cázares.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exlegislador de Morena señaló que ahora hay un empate, pues el plan A, que era la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue derrotado por la oposición; mientras que el plan B fue impuesto por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Aseguró que luego de que entre en vigor la reforma a las leyes secundarias en materia electoral, “la cancha estará en varios lugares”.

“En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí, con acciones de inconstitucionalidad que pueden promover, incluso, los partidos, que podemos impulsar los senadores; yo ya estoy dispuesto a firmar, digamos”, manifestó al tiempo de subrayar que es claro que lo que aprobó la mayoría de Morena junto con sus aliados es violatorio de nuestra Carta Magna.

Resaltó que también está la opción de interponer controversias constitucionales ante el máximo tribunal del país y “que puede enderezar el Instituto Nacional Electoral ante la Corte”, además de juicios laborales por despidos injustificados o inconstitucionales de los vocales distritales.

Martínez Cázares detalló que esos “juicios laborales se ven ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese tribunal es competente para conocer conflictos laborales tratándose de funcionarios del INE”.

Germán Martínez destacó que también pueden acudir al juicio de amparo “quienes se sientan agraviados en sus derechos por esta ley, que —insisto— vemos [Ricardo] Monreal y nosotros anticonstitucional, y ante eso debe haber un mecanismo de defensa efectiva que los abogados tienen que trabajar”.

“Vamos a un plan C. El plan A está derrotado, el plan B nos ganaron, y el plan C es la vía judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los juzgados de Distrito”, enfatizó el senador.