Se trata del primer proceso formulado desde la militancia y no actores políticos; pese a la ola de críticas, algunos personajes han respaldado a Alito Moreno

Los problemas para el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, parecen no tener fin tras la modificación a los estatutos del instituto, pues trascendió que una militante presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con base en los archivos públicos de dicha instancia del Estado mexicano, la militante Margarita Santos Mendoza, representante de otra base priista, oficializó su inconformidad con la modificación que sufrió el artículo 83, fracción XXXVIII, que permitiría que la Dirigencia Nacional pueda extender su mandato más allá de agosto de 2023.

De acuerdo a lo que cuenta el expediente, se trata de un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano en contra del acuerdo político que votó y aprobó el Consejo Político Nacional (CPN) el pasado lunes 19 de diciembre.

Asimismo, la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el recurso fue turnado para su resolución con el magistrado Indalfer Infante González, quien pertenece a la Sala Superior y que también deberá emitir analizar los casos de impugnación de otros priistas, antes de presentarlos al pleno para su discusión y votación.

Dicha impugnación se sumó a la que presentaron en conjunto los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, así como -de forma individual- los expresidentes Dulce María Sauri y Pedro Joaquín Coldwell, además del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Los anteriores personajes aseguraron que los cambios que fueron aprobados violan la impartición de justicia y respeto a los derechos de la militancia priista, específicamente porque las modificaciones se presentaron horas antes de que se realizara la sesión en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional.

Incluso, el exmandatario de Guerrero renunció a su puesto dentro del CPN al considerar que se llevaron a cabo actitudes antidemocráticas, debido a que él argumentó que votó en contra y, al final, se pasó la reforma como votación unánime con 458 sufragios, por lo que han solicitado que se repita el proceso.

“Hemos entregado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, mediante el cual impugno la convocatoria y acuerdos aprobados por el Consejo Político Nacional del PRI”, se pudo leer el 26 de diciembre.

Por su parte, debido al inicio de año, el líder priista mandó un mensaje de unidad en medio de la rebelión e impugnaciones en su contra, especialmente ante el reto electoral que tendrá el Estado de México y Coahuila en 2023, los últimos bastiones del tricolor que deberán de ser defendidos durante la renovación de las gubernaturas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el 2022 fue un año de grandes retos para toda la sociedad, en general para el país, por lo que deseó que el nuevo año esté lleno de oportunidades y éxito, especialmente para los militantes del Revolucionario.

Asimismo, indicó que la unidad deberá de ser uno de los principales objetivos para el país, especialmente para defenderlo de las acciones que ha emprendido el gobierno federal, del cual ha sido sumamente crítico, por lo que invitó a todos sus seguidores a entrar “con fuerza” al nuevo año.

“Termina el 2022, un año de grandes retos para el país y para nuestra sociedad. Les deseo un 2023 de oportunidades y éxito, pero sobre todo de unidad para seguir defendiendo el México que tanto amamos. ¡A darle con toda la fuerza de este año!”, redactó este 1º de enero.

La defensa de Emilio Lozoya propuso pagar 3.4 millones de dólares por concepto de reparación del daño

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá presentarse este martes 3 de enero a una nueva audiencia por el caso Agronitrogenados, en la que se deberá definir si logró un acuerdo reparatorio y con ello suspender su proceso penal en ese expediente, a la espera de lo que suceda en el otro caso, el de Odebrecht.

Se espera que a las 10 de la mañana comparezcan ante Verónica Gutiérrez Fuentes, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Lozoya Austin así como las representaciones jurídicas de Pemex, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Respecto al caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, Emilio Lozoya propuso, meses atrás, pagar 3.4 millones de dólares por concepto de reparación del daño.

En caso de que Lozoya Austin no logre el acuerdo reparatorio con Pemex, el Ministerio Público Federal podrá solicitar el inicio de la audiencia intermedia para proceder con el ofrecimiento y admisión de pruebas, además de la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral.

Si la FGR considera poseer suficientes pruebas para suponer que el ex director de Pemex es culpable, presentará su acusación ante la juez, a quien planteará la lista de testigos y peritos que declararán en el juicio.

Es preciso recordar que esta audiencia fue aplazada a finales de 2022, luego que la jueza Verónica Gutiérrez concedió un plazo para que la defensa de Lozoya se preparara en el caso Agronitrogenados, pues le faltaba realizar tres periciales y por la muerte (en septiembre) de uno de los principales testigos, Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertinal.

En cuanto al caso Odebrecht, el pasado 7 de noviembre, la defensa también solicitó aplazar la audiencia debido a que aún no habían sido entregados dos peritajes, además pidieron tener acceso a los interrogatorios videograbados de los ejecutivos de la empresa constructora brasileña.

Se tiene previsto que dicha audiencia se lleve a cabo el próximo martes 17 de enero.

Difícil que Lozoya pueda dejar la prisión

El ex funcionario no podrá salir del Reclusorio Norte hasta definir su situación legal, la cual se determinará con las audiencias de los dos casos que se le imputan, pues de acuerdo con los cargos que enfrenta podría pasar hasta 46 años en prisión.

Los cargos que enfrenta el ex miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto (sexenio 2012 – 2018) son: asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

La muerte de testigos claves

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) esperaba contar con los testimonios de dos de sus amigos y cercanos colaboradores: Édgar Torres Garrido, compañero de la carrera en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); además de José Velasco Herrera, quien fue asignado como chofer de la familia Lozoya durante el sexenio de Carlos Salinas y posteriormente se convirtió en un colaborador de confianza.

Al momento de llegar al mando de Pemex, Lozoya Austin nombró a Édgar Torres Garrido como asesor Ejecutivo de la Dirección General y a José Velasco Herrera lo designó como su jefe de ayudantes. Ambos murieron de un infarto fulminante.

Torres Garrido, quien murió en septiembre de 2022, era clave en el caso Agronitrogenados, pues en su declaración previa ante el Ministerio Público de la Federación aseguró que el ex presidente Enrique Peña Nieto y su entonces su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, conocían con claridad la adquisición de la planta de fertilizantes y presionaban a Emilio Lozoya para acelerar el proceso de compra.