Los expertos señalan que la nueva meta requerirá de un cambio radical en la política energética del Gobierno

México ha dado la sorpresa en la COP 27. Después de construir una enorme refinería y paralizar la inversión privada en energías renovables, el Gobierno mexicano ha querido mostrar al mundo que se toma en serio el medio ambiente. Durantela cumbre climática en Egipto, se ha comprometido a recortar en un 35% las emisiones de gases contaminantes y a duplicar la generación renovable de aquí a 2030. Expertos y organizaciones ambientalistas aplauden el anuncio, pero afirman que esto requerirá un giro radical y rápido en la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy enfocada en los combustibles fósiles.

El país latinoamericano no había actualizado sus objetivos de reducción de emisiones contaminantes desde 2015, cuando se comprometió a un recorte del 22%. En 2020, el Gobierno presentó una meta que, en lugar de reducir, le permitía contaminar 14 millones de toneladas de CO2 más de lo previsto, según Greenpeace. La ONG ahora se declara gratamente sorprendida por el anuncio en Egipto. “Pensábamos que iban a mantener los objetivos de 2015. La noticia del 35% supera nuestras expectativas”, señala Pablo Ramírez, coordinador de cambio climático.

No es la única sorpresa. Para lograr el ambicioso recorte de emisiones, el Gobierno mexicano plantea un volantazo en el sector energético, el que más contamina junto al de los transportes. El Ejecutivo se compromete a eliminar la quema de gas en las instalaciones de Pemex, y a añadir 30 gigavatios de capacidad renovable en ocho años. Al cierre de 2021, la capacidad eólica, solar, geotérmica, e hidroeléctrica sumaba 26,8 gigavatios, un 31% de la capacidad instalada total. Es decir, el nuevo compromiso significa más que duplicar la cifra actual. Si se cumple, en 2030 México podría cubrir más de la mitad de su consumo a partir de renovables

El objetivo, aunque impresionante, choca con la política energética de los últimos cuatro años. Al inicio del sexenio, López Obrador se propuso aumentar la producción petrolera y “rescatar” a Pemex —las emisiones de la paraestatal se han duplicado desde entonces—. Luego, el presidente canceló las subastas eléctricas de largo plazo, un mecanismo que catapultó la expansión de las centrales renovables privadas en el país, e introdujo cambios regulatorios para favorecer las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas, aunque las primeras fueran más contaminantes. Además, ha puesto trabas o retrasado la concesión de permisos para centrales ya construidas.

El resultado de esta política ha sido un parón en la inversión privada en el sector energético. De 5.000 millones de dólares en 2018 esta se ha desplomado a 452 en 2021. La caída se ha traducido en un freno al crecimiento de las renovables. En 2021, se añadieron 1.372 GWh en generación eólica, frente a los 2.976 de 2020 y los 4.291 en 2019. En cuanto a la solar, en 2021 se generaron 4.359 GWh más, frente a los 5.871 de 2020 y los 6.753 de 2019. Para rematar, el último Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), un documento que se publica de forma anual, señaló que la meta de generación limpia para 2024 -un 35% del total- se iba a lograr en 2031, siete años después.

El retroceso ha preocupado al Gobierno de EE UU, quien ha respondido con una de cal y otra de arena. Por un lado, ha abierto consultas comerciales bajo el TMEC contra los cambios legales en el sector energético mexicano. Por el otro, John Kerry, el enviado especial para el Clima del presidente Joe Biden, se ha convertido en uno de los funcionarios estadounidenses que más veces se ha reunido con López Obrador en los últimos dos años. El buen talante de Kerry parece haber logrado algunos retoques en la agenda energética del mandatario. En un encuentro conjunto a finales de octubre, el canciller Marcelo Ebrard prometió un crecimiento “acelerado” de las energías limpias.

Como prueba del giro ambientalista, las autoridades mexicanas han presentado el Plan Sonora. El programa incluye la exploración del litio, la producción de semiconductores y, sobre todo, la construcción de la mayor planta solar de América Latina. Sin embargo, alcanzar los 30 gigavatios en ocho años implicaría construir 30 plantas de ese tamaño. La CFE, que reportó pérdidas de más de 50,000 millones de pesos en el tercer trimestre, no ha desvelado otros proyectos renovables. De hecho, su plan de negocios de 2022 a 2026 solo planteaba la modernización de plantas hidroeléctricas ya existentes, y la construcción de 14 centrales de ciclo combinado a base de gas.

Añadir 30 gigavatios requiere, advierten los expertos, un giro inmediato en la estrategia seguida por el Gobierno hasta ahora. El analista Víctor Ramírez dice que el aumento anunciado es viable, pero solo si se desbloquea la inversión privada. “Es posible si hay un cambio radical de política a partir de 2023. Entre que inicias la planeación de un proyecto eólico hasta que lo pones en operación, no se tarda menos de cinco o seis años. Los solares, cuatro años por lo menos”, dice. “El Gobierno tiene que empezar a hacer subastas. No le veo otra forma”. Por ahora, el Ejecutivo no ha mencionado la posibilidad de volver al sistema de subastas.

Por otra parte, construir plantas no lo es todo. Se necesitan también nuevas líneas de transmisión para transportar la energía de los lugares de producción hasta los centros de consumo. Este es un reclamo del sector renovable desde hace años, pero al inicio del sexenio el Gobierno canceló la construcción de dos importantes líneas de transmisión. Si se quiere llegar a los 30 gigavatios adicionales en 2030, estos proyectos se van a tener que rescatar. “Necesitas una inversión en transmisión para el desahogo de los puntos de generación eléctrica, pero la CFE no tiene la capacidad ni los recursos para hacer todo”, señala Jorge Villarreal, de la ONG Iniciativa Climática.

En el anuncio de los nuevos compromisos, México dice que ha presentado un “plan de inversión preliminar” de hasta 48.000 millones de dólares. Es un presupuesto considerable, pero no se conocen los detalles y no se ha aclarado si será dinero público o privado, mexicano o estadounidense, o una mezcla de todo. “Acabamos de recibir una bomba muy prometedora. Ahora, lo importante es saber cómo se articula en la parte técnica”, dice Ramírez, de Greenpeace.

Los senadores Chuck Grassley y Joni Ernst solicitaron a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai abrir consultas bajo el T-MEC con México por la prohibición de las importaciones de maíz transgénico, la cual se tiene previste entre en vigor en 2024.

En una carta, los legisladores alegaron que la medida que pretende establecer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contraviene los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y afectaría de manera importante la economía de su país.

“El decreto del presidente Obrador no solo es un fracaso para los agricultores estadounidenses, sino que también es imposible de implementar”, indicaron en la misiva a Tai.

Los senadores destacaron que el 92% del maíz que se cultiva en los Estados Unidos es genéticamente modificado y con base en un estudio de World Perspectives Inc., se estima que durante 10 años, la prohibición de México de importación de maíz transgénico haría que la economía de los Estados Unidos perdiera 73,890 millones de dólares en producción económica y el PIB se contraería en 30,550 millones.

“Suponiendo que se pudieran obtener semillas no modificadas genéticamente, los productores de Iowa y de todo Estados Unidos ya están solicitando bolsas de semillas para la siembra de la primavera de 2023. La semilla comprada este otoño todavía estará en los canales de grano hasta 2025”, explicaron.

Asimismo, los productores de maíz y los socios de la industria perderían 32,000 empleos en Estados Unidos.

“El impacto que la invasión de Ucrania por parte de Rusia continúa teniendo en el suministro mundial de granos, por lo que es fundamental eliminar las barreras arbitrarias. Le hacemos un llamado respetuosamente para que solicite formalmente consultas de solución de controversias de conformidad con el artículo 31.4 del T-MEC”, pidieron los senadores.

Asimismo, consideraron que si al final del periodo de consulta, México sigue con su medida de prohibición de maíz transgénico, la representante comercial de los Estados Unidos debe proceder a solicitar el establecimiento de un panel de resolución de disputas.

México publicó a fines del año pasado una orden ejecutiva que busca prohibir en tres años el uso de maíz transgénico para consumo humano, pero no definió qué productos se incluirían. El gobierno se ha comprometido a sustituir las importaciones por producción local para 2024.

El presidente negó que Morena pase por una fragmentación por las controversias entre la Gobernadora de Campeche y el Senador

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó tajantemente volver a abordar en sus mañaneras la escalada controversia que Layda Saansores, Gobernadora de Campeche, desató en contra del senador, Ricardo Monreal, desde octubre pasado.

Si bien en su momento el mandatario llamó a sus militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a mantener la serenidad y evitar los conflictos, este 16 de noviembre el tabasqueño evitó volver a exhortar la reconciliación de dichos funcionarios y reiteró que el asunto no afectará a las filas del guinda.

Bajo ese tenor, el Jefe del Ejecutivo aseveró que, en la actualidad, las y los dirigentes ya no tienen con “tanta importancia” para la vida política del país, pues, aseveró “el papel protagónico es el pueblo”.

“A veces los dirigente no quieren aceptar esa nueva realidad y ya no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos lo tiene el pueblo”, recalcó desde su tradicional conferencia matutina.