Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó declarar a noviembre de cada año como mes de la salud integral masculina, con el fin de visibilizar entre la población masculina mexiquense la importancia de cuidar y velar por su salud integral, mental y física, conforme a la propuesta del diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI).

Al exponer el dictamen, el diputado Jesús Izquierdo sostuvo que el acceso a la salud integral masculina debe procurarse desde la trinchera de la prevención, por medio de iniciativas y campañas de concientización.

En el caso de la salud mental, deben replantearse paradigmas negativos, como evitar la terapia psicológica o los tratamientos psiquiátricos y, en su caso, romper el estigma de que cuidar la salud mental es para débiles, pues la atención temprana propiciaría la disminución en la tasa de suicidios tan alta en el género masculino.

Por cuanto hace a la salud física, la prevención de cáncer de testículo se atiende por medio de autoexploración que permite identificar a tiempo este tipo de tumor, mientras que el cáncer de próstata se detecta al hacer la prueba de sangre para detectar el antígeno prostático o mediante un examen de tacto rectal. 

La iniciativa recuerda que el 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, mientras que a nivel estatal se conmemora el 30 de noviembre, razón que llevó a extender las actividades para la promoción de la atención integral de la salud masculina.

La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), presidida por la diputada Evelyn Osornio Jiménez (PRI), recibió el informe anual de gestión 2023 del órgano fiscalizador, de cuya labor, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) emitió en ese periodo 13 sanciones por la comisión de faltas administrativas graves y determinó indemnizaciones por 2.3 millones de pesos.

El informe entregado por la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, destaca que entre las personas sancionadas se encuentran personas que fungieron como alcaldes y titulares de tesorerías, direcciones generales de administración y finanzas, así como sindicaturas en los municipios de Juchitepec, Chiconcuac, Ozumba, San Felipe del Progreso y Tequixquiac, así como del organismo descentralizado de agua de Tultitlán, que estuvieron en funciones en las administraciones 2016-2018; además de un exdirector general del Tecnológico de Estudio Superiores de Coacalco en la gestión de 2017.

Al recibir el informe, la legisladora Evelyn Osornio afirmó que el OSFEM es un componente medular de la estructura institucional de rendición de cuentas del Estado de México, como dependencia del Poder Legislativo encargada de fiscalizar en todo momento los ingresos y egresos de las entidades fiscalizables, con lo cual afirmó, se contribuye a mantener el equilibrio entre los poderes estatales, que es una característica básica de todo régimen democrático.

Como prueba de la importancia del OSFEM, la legisladora recordó que están las múltiples reformas que se han dado para fortalecerlo y garantizar a la ciudadanía una transparente fiscalización de los recursos públicos y adelantó que las y los legisladores seguirán impulsando reformas para continuar con los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas que fortalezcan al organismo, el cual desempeña un papel central en el escrutinio de los recursos públicos.

Valoró los avances para contar con una entidad de fiscalización fuerte, profesional y especializada e indicó que, sin soslayar el valor de las mejoras jurídicas, es importante señalar que el diseño institucional del OSFEM siempre es perfectible, además de que reconoció el esfuerzo de las personas servidoras públicas que lo integran.

El informe reporta que, en datos totales acordes al histórico acumulado, derivado del trabajo del OSFEM el TRIJAEM ha dictado 34 sentencias firmes en contra de 52 personas servidoras públicas por faltas administrativas graves, como abuso de funciones, desvío de recursos públicos y cohecho, de las cuales se determinaron inhabilitaciones, destituciones en tanto, que en materia de indemnización y sanciones económicas el monto ascendió a 7 millones 688 mil pesos.

Acompañada por auditores especiales y titulares de las unidades administrativas, la titular del OSFEM entregó del documento integrado por cinco ejes estratégicos: Gestión Institucional, Fiscalización Superior, Rendición de Cuentas, Vinculación Interinstitucional y Capital Humano, los cuales detalló brevemente.

El documento señala que durante 2023 el OSFEM inició 17 Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE) una vez agotados los medios de impugnación de los procedimientos administrativos resarcitorios y, de acuerdo a los reportes que las entidades fiscalizables remitieron durante 2023, se reintegraron a las arcas públicas 2 millones 186 mil 567 pesos.

En este, se da cuenta de que, pese a solicitar de manera periódica, el estatus de la ejecución y cobro de los créditos fiscales activos a 2023 en materia de PAE, 30 entidades fiscalizables no realizaron gestiones para iniciar la ejecución: Acolman, Amanalco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Jaltenco, Jilotzingo, Nopaltepec, Ocoyoacac, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Temoaya, Teoloyucan, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán; el ODAS de Ixtapaluca y los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte de Tezoyuca y Tenancingo.

Carrillo Martínez expuso que la Unidad de Investigación conoció mil 379 expedientes, de los cuales 838 derivaron de auditorías; 537 de denuncias y cuatro investigaciones de oficio; concluyó 937 y 442 se encuentran en trámite. De los mil 379, se han realizado 187 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA); 112 se encuentran en trámite y 75 están concluidos.

El OSFEM presentó, además, seis denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de entidades fiscalizables por la presunta comisión de delitos.

En materia de pliegos de observaciones, de la Cuenta Pública 2020 turnó un total de 850, de las cuales 540 corresponden a Investigación, 39 a Órganos Internos de Control y 271 solventadas; mientras que de la Cuenta Pública 2021, de mil 896 pliegos, mil 317 fueron turnados a Investigación, 14 a OIC y 565 fueron solventados.

El documento da cuenta también de las actividades que desarrollaron a lo largo de 12 meses el Comité Directivo, de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, así como la labor en materia de Comunicación interna, los cuales ayudaron a conocer los planes de trabajo de cada unidad administrativa; los acuerdos tomados, tales como la implementación de un programa de capacitación sobre valores de las personas servidoras públicas, lenguaje incluyente o conferencias sobre temas selectos de la ética pública así como la aprobación del Protocolo para la Atención de Delaciones; los convenios firmados con otras instituciones, entre otros.

Para conocer el contenido del Informe de Gestión 2023, se puede consultar en la siguiente liga: https://www.osfem.gob.mx/informes/gestion/2023.html

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Al iniciar el análisis de la iniciativa del diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI) para que los centros de tratamiento contra las adicciones sean verificados, inspeccionados, vigilados por la Secretaría de Salud y en caso de operar de manera irregular puedan ser clausurados, la diputada Evelyn Osornio Jiménez (PRI) consideró necesario saber cuántos centros son y donde se ubican, toda vez que atienden a seis de cada 10 personas que reciben tratamiento.

Durante la reunión de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, en la cual, la legisladora reconoció que estos centros son parte importante en el combate a las adicciones, la diputada Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) propuso garantizar que dichos centros operen según la norma, e imponerles sanciones como amonestaciones, multas, uso de la fuerza pública y denuncias ante el Ministerio Público cuando operen irregularmente.

En su momento, en presencia de una representación de la Secretaría de Salud, la diputada Beatriz García Villegas (Morena) solicitó que la Fiscalía General de Justicia también exponga su opinión y la legisladora Edith Marisol Mercado Flores pidió actualizar el registro de los centros. 

Ante los diputados del PRI, Alfredo Quiroz Fuentes y Braulio Álvarez Jasso, Jesús Raúl Naveda López-Padilla, director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, planteó la posibilidad de que el gobierno federal, que ya realiza una encuesta sobre los resultados en el combate a las adicciones, la realice cada cuatro años en la entidad, en lugar de que se realice una encuesta estatal, para que se carece de recursos y de personal. 

Reconoció que en algunos de los 224 centros que existen en el estado hay violaciones a los derechos humanos y no cuentan con formación para atender adicciones, y que su regulación provocaría el cierre de muchos de ellos.

Por ello, propuso alinear dichos centros a los principios emitidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y recordó que le corresponde a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) la verificación, inspección y vigilancia de este tipo de centros, aunque su reconocimiento lo lleva a cabo la Comisión Nacional, pero puede tardar hasta 24 meses y 18 cuando se trata de espacios en orden. 

Del Instituto de Salud (ISEM), José Luis Mendoza Martínez planteó que parte de la propuesta ya está normada a nivel federal, y se pronunció por fortalecer y ampliar las facultades de la Coprisem para atender este tema, además de mayor colaboración entre los órdenes de gobierno para una atención integral de la materia, mientras que Gabriel Zetina Perdomo, advirtió que avalar esta propuesta podría duplicar las funciones institucionales. 

Por ello, la Comisión Legislativa acordó solicitar la presencia de personal de la Coprisem, la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) para continuar con el análisis de esta iniciativa.

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Por unanimidad, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó reformas para proteger a las personas servidoras públicas en casos de violencia y hostigamiento sexual por razones de género, al establecer sanciones para las personas servidoras públicos que incurran en dichas conductas

Al exponer el dictamen, el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) destacó la importancia de las reformas, pues además del protocolo existente, podría derivar en la separación de sus labores de la persona responsable de estas conductas, además de que agradeció el acompañamiento de personas servidoras públicas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de México durante el análisis.

En la reunión presidida por el diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI), la legisladora Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena) resaltó que estas reformas, para sancionar el hostigamiento sexual o laboral, se convertirán en un precedente y un parteaguas a nivel nacional, que se suma a las reformas en favor de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, además de cualquier servidor público.

Al exponer el dictamen. el diputado Braulio Álvarez resaltó que la iniciativa promovida por la diputada Mónica Angelica Álvarez Nemer, en nombre de la bancada de Morena, implica reformas y adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; mientras que la del PVEM, impulsada por su coordinadora e integrante, diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, implica modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal del Estado de México. 

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Tipificar penalmente la retención y la omisión en el entero de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) por parte de los sujetos obligados, contribuirá al combate a la corrupción y a la recuperación de la sustentabilidad financiera para mejorar los servicios que brinda, sostuvo la diputada Carmen de la Rosa Mendoza (Morena).

En reunión de trabajo de las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para continuar con el análisis de la iniciativa de la diputada Azucena Cisneros Coss y el legislador Gerardo Ulloa Pérez, ambos de Morena, la diputada Carmen de la Rosa expuso que esta conducta ha lastimado el derecho a la salud de las y los trabajadores públicos y ha provocado una apremiante realidad financiera que obliga medidas urgentes para recuperar la viabilidad financiera y operativa del Instituto.

Añadió que entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021 el monto de cuentas por cobrar del instituto aumento 76 por ciento, y pasó de más de 2 mil 957 millones de pesos a más de 5 mil 215, y que son diversas instituciones las que han incumplido el pago de cuotas, pero lo más grave es la posible defraudación por la retención de las cuotas, lamentó.

  Recordó que el Código Penal ya considera el delito de coalición, cuando servidores públicos se coaligan para tomar medidas contrarias a la ley, así como el de abuso de autoridad cuando un servidor, en razón de su empleo, realiza un hecho arbitrario indebido.

En la sesión presidida por la diputada Mónica Álvarez Nemer, la legisladora petista Silvia Barberena Maldonado apuntó que el sistema de salud se mantiene de pie pese a la mala administración, y que por años el ISSEMyM fue una caja chica que derivó en una crisis económica que demanda varios miles de millones para mejorar su situación. 

“La retención de cuotas ha derivado en la negación del servicio a trabajadores y retrasos en el finiquito de trabajadores y pensiones. Con esta iniciativa, los impartidores de justicia contarán con una herramienta para perseguir y sancionar a quienes retengan las cuotas”, sostuvo.

Durante la reunión, la legisladora Álvarez Nemer recibió de Maricarmen Becerril Álvarez, directora de Proyectos Legislativos de la Procuraduría Fiscal, un documento con las aportaciones a la propuesta de dicha dependencia y dio cuenta de la entrega por parte de la Fiscalía General de Justicia estatal, de un documento similar que se hará llegar a las y los integrantes de las comisiones. Con esta información, expuso, será posible enriquecer la iniciativa de reforma al Código Financiero y proceder a su dictamen.

Para saldar la deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de ataques con ácido y fortalecer la legislación para garantizarles el acceso a una justicia integral, las diputadas del PRI, Isabel Sánchez Holguín y María Elida Castelán Mondragón, abrieron la Casa del Pueblo para la presentación de la denominada iniciativa de la Ley de Violencia Química de la Fundación Carmen Sánchez, que plantea reformas a diversos ordenamientos.

Durante la presentación de la iniciativa, enriquecida por víctimas, sociedad civil, instituciones del Poder Ejecutivo y representantes de los poderes Judicial y Legislativo, la diputada Isabel Sánchez afirmó que su participación fortalece la lucha para prevenir, atender y sancionar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, en tanto que al Congreso le corresponde respaldarlas.

Al expresar la postura del diputado Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario del PRI, de abonar al enriquecimiento de la iniciativa, la diputada Isabel Sánchez pidió hacer llegar comentarios y propuestas para llevar a cabo una mesa técnica y avanzar el análisis. 

La legisladora detalló que se busca establecer las sentencias condenatorias para los agresores que actúan con toda la saña, al tratar de privar de la vida y la dignidad a las mujeres para borrar su rostro, su cuerpo y su vida, y aseguró que es tema pendiente en la entidad, del cual seguramente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez estará de acuerdo en avanzar para que las víctimas accedan a la justicia.

Al respecto, la legisladora Elida Castelán enfatizó que la violencia química debe ser incluida en los marcos normativos para brindar mayor seguridad y certeza jurídica a las víctimas, con lo cual el Estado de México sería la cuarta entidad en contar con legislación en esta materia.

Consideró inadmisible que actualmente no se considere como agravante de delito el uso de sustancias corrosivas, por lo que se debe enaltecer la perspectiva de género y el enfoque diferencial para visibilizar las situaciones de vulnerabilidad; y exhortó a los grupos parlamentarios a sumarse a la causa para aprobar esta iniciativa.

Carmen Sánchez, sobreviviente de este tipo de violencia, y Ximena Canseco, fundadora y cofundadora de la Fundación, respectivamente, explicaron que la iniciativa, que originalmente plantea reformas a diversos ordenamientos federales, como el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptualiza la violencia química y propone protocolos de atención médica especializados y que los servicios de salud pública se otorguen a las víctimas de violencia química de manera gratuita, integral, adecuada, eficaz proporcional a la gravedad del daño causado.

También plantea la creación de tribunales y fiscalías especializadas en la investigación de ataques con sustancias químicas; establecer lapsos cortos de investigación y juzgamiento de los casos; utilizar los métodos y técnicas para verificar la situación de violencia y vulnerabilidad de la víctima; realizar las diligencias especiales con visión de género que se requiere en los casos de muertes violentas de mujeres; impulsar las medidas precautorias necesarias para restaurar y garantizar la salud y la preservación de la vida de la mujer, su familia y círculo cercano; entre otros

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción aprobó la iniciativa de la diputada Gretel González Aguirre (PRI) para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a la información pública de las personas con discapacidad y pueblos originarios de la entidad.

Con la reforma aprobada en reunión de trabajo presidida por la diputada Miriam Escalona Piña (PAN), se estandarizarán definiciones y principios que rigen el derecho de acceso a la información pública, facultades, atribuciones y competencias de los responsables en materia de transparencia y acceso a la información, las obligaciones de transparencia, así como los procedimientos de atención a las solicitudes de acceso a la información.

Las modificaciones a la iniciativa para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem), aprobadas por mayoría de votos, buscan potenciar progresivamente el derecho de acceso a la información de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad que residen en la entidad y atender lo estipulado en instrumentos jurídicos de rango internacional a los que México está suscrito.

Al respecto, la diputada Rosa María Zetina González y el diputado Raúl Ponce Elizalde, de Morena, cuestionaron que no se consideraron las observaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y refirieron que debió de realizarse una consulta con los pueblos originarios.

Las legisladoras Miriam Escalona y Leticia Mejía García (PRI) señalaron que el Instituto no realizó observaciones y respaldaron la iniciativa, por lo que se manifestaron a favor de la aprobación de la propuesta; en tanto que la legisladora Gretel González argumentó que existe una jurisprudencia que indica cuando las acciones son en favor de los grupos vulnerables se debe proceder y la consulta aplica cuando se toquen leyes que afecten a los grupos indígenas.

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En nombre del grupo parlamentario del PRI, los diputados David Parra Sánchez y Jesús Gerardo Izquierdo Rojas plantearon la armonización de la Ley de Movilidad estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México a fin de lograr un enfoque integral y coordinado en la gestión de seguridad vial en la entidad, promoviendo el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía que reside y transita en el estado.

La armonización legislativa busca garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; así como establecer las directrices a las que se deberá sujetar la administración pública para planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de la población mexiquense, mediante el reconocimiento de esta como un derecho humano del que goza toda persona sin importar su condición, modo o modalidad de transporte.

Ante Patricia Vizcaya Ángeles, Germán Paz Cruz y Rosalía Fernández, directora Jurídica y de Normatividad, gerente de Seguridad por Delito y asesora de la presidencia de la Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C., respectivamente, así como de Jonás Ocampo Vázquez, coordinador de Asuntos Legislativos de la firma MAF & asociados, el legislador David Parra explicó que se fortalecerá la movilidad en cinco ejes principales: coordinación, seguridad, ordenamiento, sostenibilidad, sustentabilidad y uniformidad.

Entre otros aspectos, la iniciativa, que estudiarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, establece normas y criterios generales que permiten la coordinación y homologación de políticas y acciones en materia de movilidad y seguridad vial a nivel estatal y municipal, y proporciona un marco legal para el ordenamiento y regulación del tránsito vehicular y peatonal que servirá de base a los municipios para generar reglamentos que brinden seguridad a los distintos modios de transporte.

También regulará el transporte público y privado, con lo que se fomentará el uso de tecnologías más limpias y sostenibles que ayudarán a la reducción de emisiones; promueve la movilidad sustentable, alentando el uso de medios de transporte no motorizados, como bicicletas, así como el desarrollo de sistemas de transporte público eficientes y accesibles; y establece normas comunes, con lo que se evitan confusiones y conflictos que podrían surgir si los municipios no se apegan a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Con el fin de preservar los recursos hídricos de la entidad en la producción alimentaria, al tiempo de fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades agrícolas ante eventos climáticos extremos, la diputada Aurora González Ledezma (PRI) propuso, entre otras acciones, que las autoridades del agua promuevan la construcción de infraestructura hidráulica enfocada en el sector agrícola y acuícola que facilite la captación y uso eficiente del agua pluvial

En sesión plenaria, la legisladora expuso que los avances en la producción alimentaria han allanado el camino para proporcionar alimentos de mejor calidad a más personas, sin embargo, este progreso a menudo se ha logrado a expensas de los recursos hídricos y la salud de los ecosistemas, por lo que propuso reconocer que el agua es un recurso esencial para la producción agrícola y la cadena alimentaria, por lo que deben integrarse las estrategias destinadas a garantizar su el acceso sostenible y equitativo con aquellas orientadas a asegurar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos.

De acuerdo con la reforma a la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, este enfoque busca conservar las reservas hídricas y recargar los acuíferos de manera sostenible, además de fomentar la edificación y preservación de instalaciones alternativas que puedan sustituir al sistema de drenaje cuando su implementación no sea factible.

Remitida a la Comisión de Recursos Hidráulicos, plantea que la autoridad promueva y coadyuve en la modernización de la infraestructura hidráulica de los distritos y unidades de riego, con el fin de mejorar el manejo y uso eficiente del agua, así como el fomento de la investigación y desarrollo de tecnología para la adecuada gestión del agua, incluyendo sus usos en el sector agrícola y acuícola.

La legisladora explicó que se trata de un planteamiento proactivo, y que su bancada aboga por el desarrollo de modelos limpios y eficientes en el uso de recursos, con un enfoque particular en aumentar la productividad del agua para domésticos, industriales y agrícolas.

En nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Paola Jiménez Hernández, propuso la Ley del Primer Salario Profesional estatal a fin de otorgar un incentivo económico bimestral de 5 mil 428 pesos (50 unidades de medida actual vigentes) para el desarrollo de habilidades profesionales denominado “Primer Salario Profesional”, dirigido a personas jóvenes de a 18 a 28 años, egresadas y egresados de universidades públicas y privadas.

La propuesta también conlleva el implementar la creación de un programa de certificación de habilidades profesionales que impulsen las capacidades de las y los egresados para su mejora profesional; así como un programa integral de primer salario profesional con servicios para la incorporación de las y los jóvenes egresados al ámbito laboral, en conjunto con un proceso de profesionalización.

De acuerdo con la iniciativa, para acceder a este beneficio las personas egresadas deberán culminar los créditos o unidades de aprendizaje de la licenciatura y equivalentes; contar con el certificado total de estudios profesionales que acredite la conclusión del nivel profesional; no haber egresado hace más de un año y no cursar servicio social o prácticas profesionales con remuneración por parte de la instancia empleadora.

Además, la institución de la o el egresado deberá contar con reconocimiento de validez oficial de estudios y no ser beneficiario o beneficiaria de ningún otro incentivo económico por parte de los distintos niveles de gobierno, ni del sector privado, entre otros.

La iniciativa, que se analizará en la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, establece que el Primer Salario Profesional deberá ser brindado por seis meses posteriores al egreso con la intención de obtener el título profesional para las y los beneficiarios, con la posibilidad de ser extendido por seis meses más, acompañados de un proceso de profesionalización.

Ante personas jóvenes y Alfonso Carmona Castro, regidor de Toluca, presentes en la sede legislativa, la diputada enfatizó que, de ser aprobada esta iniciativa, se beneficiaría a 20 mil jóvenes egresados y egresadas de las diversas instituciones educativas.