Integrantes de la Red Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para rechazar la reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea limitar las pensiones de exfuncionarios y personal de confianza del sector público.
La manifestación partió desde la Estela de Luz y avanzó por la Avenida Paseo de la Reforma con destino al Senado de la República, donde los inconformes denunciaron que la iniciativa vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre sobre sus ingresos actuales.
De acuerdo con los jubilados, la modificación constitucional podría aplicarse de manera retroactiva, lo que afectaría a quienes ya cuentan con pensiones definidas. “La reciente reforma al artículo 127 constitucional representa por primera vez retroactividad de la ley en perjuicio de las personas”, señalaron durante la movilización.
Uno de los organizadores explicó que la protesta buscaba reunir a por lo menos 3 mil jubilados provenientes de distintas entidades del país. El representante llamó a visibilizar el impacto que tendría la reforma en miles de extrabajadores del sector eléctrico. Otro integrante expresó preocupación por los topes que se pretenden imponer a las percepciones, principalmente del personal de confianza.
“El 80% de los jubilados no recibe pensiones de lujo, sino prestaciones que fueron ganadas tras años de labor técnica especializada. Estas medidas vulneran derechos adquiridos y ponen en riesgo el proyecto de vida de miles de familias”, afirmó el representante de la Red Nacional.
Ante este panorama, los manifestantes solicitaron formalmente una mesa de diálogo con las autoridades para garantizar que la implementación de la reforma respete los contratos previos. Además, no descartaron nuevas movilizaciones en la capital y otros estados, e incluso plantearon protestas durante el Mundial de Futbol, con posibles acciones en las inmediaciones del Estadio Azteca.
La iniciativa fue enviada al Senado el pasado 18 de febrero y busca eliminar las llamadas pensiones “doradas”. La propuesta establece que estas percepciones no superen el 50% del salario de la titular del Ejecutivo, lo que permitiría recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales para financiar programas sociales.
La revisión gubernamental detectó casos en organismos como Luz y Fuerza, Pemex y la propia CFE, donde existen pensiones que van desde 100 mil hasta un millón de pesos mensuales. Además, la reforma contempla su aplicación en instituciones de la banca de desarrollo como Nafin, Banobras y Bancomext, bajo criterios de austeridad y responsabilidad financiera.
