La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) ha instado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a ejercer su facultad de atracción para resolver de manera definitiva los amparos presentados por miembros del Poder Judicial.
La solicitud tiene como objetivo evitar que los recursos de 13 fideicomisos extintos, valorados en 15 mil millones de pesos, sean desviados del propósito original de apoyar a las víctimas de Acapulco.
Esta acción de la CJEF surge después de que dos jueces otorgaran suspensiones definitivas, calificadas como “en fast track”, para impedir que los fondos de los fideicomisos extintos se destinen a la reconstrucción de Acapulco.
Se destaca la actuación del juez decimosegundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, y la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán.
La CJEF expresó su preocupación por la aparente falta de imparcialidad en la toma de decisiones de los jueces, destacando que el principio nemo iudex in sua causa (nadie puede ser juez en su propia causa) es esencial para la imparcialidad judicial.
La Consejería enfatizó que la independencia judicial no debe traducirse en beneficios económicos extraordinarios para los jueces a expensas de los recursos públicos.
El comunicado de la CJEF subrayó la ética judicial y la necesidad de priorizar el bienestar de la población sobre los intereses individuales. Asimismo, recordó la propuesta del poder Ejecutivo para dirigir los fondos a Acapulco como una alternativa real para actuar en defensa de la población.
La Consejería instó a la SCJN a abordar prioritariamente estos asuntos, dada la excepcionalidad y trascendencia de los mismos, que involucran intereses económicos de jueces y magistrados frente al interés público de la sociedad.
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