Irregularidad en programas sociales del gobierno, detecta la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto de manifiesto, en la segunda entrega de informes de auditoría sobre la Cuenta Pública 2022, una serie de irregularidades en la gestión de programas sociales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se señalan fallos en la supervisión de padrones de beneficiarios y reglas de programas, demostrando una operación con márgenes de discrecionalidad.

La ASF identificó situaciones preocupantes en programas emblemáticos como La Escuela es Nuestra, liderado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se entregaron alrededor de 13 mil millones de pesos a escuelas para mejoras e implementación de servicios.

Sin embargo, la dependencia no pudo justificar el destino de estos recursos, ya que, según respondieron, los subsidios se otorgan directamente a las escuelas, quienes tienen libertad en su uso.

Además, se detectó un incumplimiento de los lineamientos de la SEP, al asignar recursos a más de 30 mil escuelas sin la conformación de “comités de contraloría social”, establecidos para que los padres de familia participen en las decisiones del uso de los recursos.

La ASF no incluyó en este informe revisiones a programas de gran envergadura, como los de pensiones para personas mayores o Sembrando Vida. Se prevé que en febrero de 2024 se presentará una tercera entrega de informes más detallados sobre los programas y obras de la Cuarta Transformación.

El órgano fiscalizador también evidenció problemas recurrentes en la Secretaría de Bienestar, resaltando la operación de programas sociales sin manuales de organización actualizados, protocolos deficientes y falta de consideración de observaciones por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Entre las observaciones más críticas, se mencionan las deficiencias en la entrega de recursos del programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijas e hijos de madres trabajadoras, donde se evidenció falta de seguimiento, expedientes incompletos y una cantidad significativa de beneficiarios inexistente o con expedientes defectuosos.

Las auditorías de la ASF también revelaron irregularidades en los programas de microcréditos, producción y capacitación de jóvenes. En específico, identificaron la asignación de apoyos a personas fallecidas, pagos a individuos que trabajaban simultáneamente en el sector público o privado, así como una concentración significativa de beneficiarios trabajando en instituciones públicas.

Estas revelaciones subrayan la necesidad de una mayor transparencia y seguimiento en la administración de los programas sociales, así como la importancia de mecanismos de supervisión más rigurosos para asegurar la eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos.

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