Tribunal Federal ordena archivar investigación a académicos del Conacyt por lavado de dinero y delincuencia organizada

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México ha dictaminado que la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar por concluida y archivar en definitiva la investigación realizada contra académicos y científicos del desaparecido Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por presuntos cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El tribunal ratificó el amparo otorgado a José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit Bielous, anulando la iniciación de investigaciones en su contra por parte de una nueva área de la FGR.

Los magistrados del colegiado señalaron que este caso ya ha sido juzgado, ya que desde septiembre de 2021 el juez de Control, Gregorio Salazar, rechazó la emisión de 31 órdenes de aprehensión contra varios miembros del Conacyt, incluyendo a los quejosos, al considerar que los delitos que la FGR pretendía imputar no se configuraron.

Por ende, el colegiado indicó que la FGR no podía continuar con las investigaciones. Argumentaron que insistir en mantener abierta una carpeta de investigación transgrede los derechos fundamentales, como el principio de legalidad y la seguridad jurídica, y, por lo tanto, se debe archivar la carpeta como asunto concluido, según lo expresado por el tribunal.

La investigación que llevó al rechazo de las órdenes de aprehensión contra los exintegrantes del Conacyt estaba bajo la supervisión de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) de la FGR, intentando imputar cargos como peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Sin embargo, el fiscal a cargo no impugnó la decisión del juez de Control y decidió remitir el caso a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia para una nueva investigación por otros delitos, decisión considerada como cosa juzgada por los magistrados del colegiado.

El caso surgió después de que el Conacyt denunciara irregularidades en el uso de 244 millones de pesos asignados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C., entidad asesora del extinto consejo hasta 2020.

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