Luego de ocho años, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se despidió del Caso Ayotzinapa, uno de los principales emblemas de la impunidad y la vulneración a los derechos humanos en la historia reciente del país.

Entre los aspectos más destacados de su sexto —y último— informe de investigaciones, el grupo evidenció la participación de las Fuerzas Armadas y distintas corporaciones de seguridad en la trágica desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Desde que el GIEI inició su colaboración en las indagatorias se encontró con múltiples obstáculos. Por ejemplo, solicitó acceso a las grabaciones de las 25 cámaras del sistema Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) ubicadas en Iguala, pero las autoridades les dijeron que sólo cuatro de ellas funcionaban. Por si fuera poco, únicamente les entregaron fragmentos editados de videos captados en la salida a Taxco.

Una de las instituciones de mayor relevancia mencionadas en el documento del GIEI es el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —convertido ahora en el Centro Nacional de Inteligencia— que no sólo ocultó su conocimiento testimonial de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, sino que sus agentes participaron en actos de tortura junto con miembros de otras instituciones.

“El GIEI encontró registros en video de sesiones de interrogatorio de detenidos acusados de participar en el ataque y desaparición de los normalistas, que incluyen torturas […] En las grabaciones aparecieron agentes de Seido, Cisen y la Marina que incluían prácticas de amenazas y torturas a los detenidos en condiciones de indefensión, atados o esposados, encapuchados”, puede leerse en el informe. 

Como ha ocurrido a lo largo de los años en que el Caso Ayotzinapa se ha mantenido como una dolorosa incógnita, el GIEI señaló nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una de las principales responsables de los hechos por su secrecía, omisión y vinculación con el crimen organizado.

Al respecto, el informe recuperó una orden emitida desde la Comandancia de la IX Región Militar, ubicada en Acapulco, para que el personal de la 35 Zona Militar recabara información y fotografías sobre las movilizaciones de estudiantes en su traslado a la Ciudad de México para la conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Sin embargo, hubo una repentina interrupción en la secuencia de comunicaciones del personal militar entre las 21:00 y las 22:15 horas del 26 de septiembre, justo cuando ocurrió la persecución, agresión, detención y desaparición de los normalistas.

Finalmente, el GIEI retomó un proceso judicial iniciado por la Fiscalía de Chicago, Estados Unidos, que evidenció los nexos entre los mandos de los 27 y 41 Batallones de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Las intervenciones telefónicas ejecutadas por las autoridades estadounidenses permitieron concluir que hubo “pagos y relaciones con varios militares”, pues “les proporcionaban dinero para que dejaran llevar a cabo sus acciones a Guerreros Unidos”.

La retirada del GIEI de nuestro país, además de dejar a la deriva las investigaciones sobre el Caso Ayotzinapa, hace visibles los tropiezos del actual gobierno para presentar avances, ya que la confianza de los expertos se vio sumamente afectada desde agosto de 2022, cuando la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), encabezada por Alejandro Encinas, presentó un informe con supuestas pruebas sin sustento.

A ello, se sumaron las fricciones entre el GIEI y la Fiscalía General de la República (FGR), cuya colaboración ha sido prácticamente nula. (Infobae México)