En cuestión de días el pleno de la Suprema Corte de Justicia d de la Nación votará un proyecto del ministro Javier Laynez que propone anular la segunda parte del “plan B” electoral del Gobierno, un paquete de reformas con las que el oficialismo pretendía recortar recursos y atribuciones del INE, el órgano autónomo que organiza las elecciones en México.
El Supremo ya había invalidado el pasado 8 de mayo una primera parte del “plan B”, con el argumento de que el Congreso —en el que Morena y sus aliados tienen mayoría— había incurrido en violaciones graves al procedimiento legislativo al aprobar las reformas. El ministro Laynez señala en su proyecto que las mismas irregularidades se cometieron en la aprobación de la segunda parte del plan. Es previsible que, por congruencia, los mismos nueve ministros que validaron estos razonamientos en la sesión de mayo aprueben la propuesta de Laynez, en una sesión que puede ocurrir este jueves o a más tardar la próxima semana.
La anulación del “plan B” representa un duro golpe al Gobierno de López Obrador, pues este paquete de reformas electorales era una de sus apuestas más importantes frente a los simpatizantes de Morena. Mientras que el oficialismo defendía las reformas como un avance hacia la austeridad en el aparato electoral, los partidos de oposición y grupos de activistas advirtieron de que se trataba de una medida de control para manipular las elecciones. Este martes, al enterarse del proyecto del ministro Laynez, López Obrador reiteró sus críticas al Poder Judicial, con el que ha mantenido un pulso prolongado, y ha insistido en su propuesta de que los jueces sean electos por el voto directo de la ciudadanía.
El presidente ha afirmado que para él es un hecho que el proyecto de Laynez va a ser aprobado por la mayoría de los ministros.
El proyecto analiza las reformas a cuatro normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El Supremo ya invalidó en mayo las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Corte ha valorado que en ambos casos el Congreso dio a las reformas trámite urgente sin justificación y fueron aprobadas en un lapso récord de cuatro horas. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ambas impulsadas por López Obrador, han sostenido que las violaciones al debido proceso legislativo no deben ser motivo suficiente para que el Supremo invalide reformas. (con información de El País)
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