María Elena Álvarez-Buylla entierra su legado en una cápsula del tiempo
El pasado 30 de septiembre, María Elena Álvarez-Buylla, en su último día como directora del extinto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), dejó
El Tribunal Electoral federal podría resolver la controversia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deberá regresar los recursos que no utilizó durante los ejercicios de 2018 al 2021, lo cual serían más de 155 millones de pesos.
En el Consejo General donde se abordaron los temas sobre la aprobación sobre el monitoreo de medios rumbo al 2024, el representante de Morena, Mario Llergo aseguró que ya se habían gastado ese recurso con base en su propio criterio, tomando en cuenta que se tenía margen para ello, según los transitorios de la reciente reforma electoral, llamada Plan B.
Según el gasto de dicho recurso, fue durante los 21 días que estuvo vigente el Plan B, sin embargo la Unidad Técnica de Fiscalización no tiene registro sobre lo erogado con los recursos de otros años fiscales.
El regreso de los recursos que pide el INE, se basó en la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que el Plan B, no es retroactiva, es decir, los recursos que no se gastaron en tiempo y forma, deberán ser devueltos por parte de los partidos políticos a la tesorería de la Federación, como marca la ley.
El Consejo del INE, recordó lo que se tiene establecido en la ley electoral recién aprobada, en el artículo sexto transitorio que señala: “Los procedimientos, medios de impugnación y actos jurídicos en general que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio”.
Por su parte, el representante de Morena, sustentó su argumento en el artículo tercero transitorio, donde se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto, por lo cual, se permite gastar, en años o elecciones siguientes, los ahorros o recursos, no gastado en ejercicios pasados.
Por ello, las dirigencias del partido guinda, tanto nacional como estatales, deben hacer la devolución de remanentes, ya que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, expresó que era preocupante estar viendo temas del año 2018, por lo cual era necesario tener una actualización de los reglamentos frente a las acciones de los partidos políticos.
Funcionarios del INE señalaron que los morenistas no habían regresado los remanentes de 2018 a 2021 porque siempre se la pasaron en litigios para ver el destino de dichos recursos.
Cabe destacar que la reforma electoral, que fue aprobada hace un par de semanas, establecio que los partidos políticos pueden usar sus remanentes en la manera que ellos mismos determinen, pero no se justifica el gasto de Morena, ya que la reforma estuvo pocos días vigente, ya que la Suprema Corte resolvió echarla para atrás.
Por estas diferencias entre el INE y Morena sobre si se debe o no regresar los recursos que no se gastaron en tiempo y forma, el tema podrá ser resuelto en Sala Superior del Tribunal Elctoral federal.
La Consejera Carla Humphrey aseguró que el INE cuenta con un procedimiento diligente y adecuado para la salvaguarda de los derechos de las víctimas de este tipo de violencia, mediante la emisión de medidas cautelares y de protección, así como en la sanción de estas conductas.
En el marco de la presentación del Informe presentado en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), lamentó la falta de mecanismos jurídicos para lograr que las personas violentadoras de mujeres no sean postuladas a una candidatura y, sobre todo, que no ocupen cargos públicos.
En este sentido, hizo un llamado para que todas las áreas involucradas del INE inicien de forma inmediata los trabajos correspondientes a fin de contar para el Proceso Electoral Federal 2024 con las herramientas jurídicas para que ninguna persona violentadora de mujeres ocupe un cargo de elección popular, “como un paso fundamental para erradicar del ámbito público” la VPMRG, luego de la reciente aprobación de la reforma constitucional “3 de 3 contra la Violencia”.
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