La Cámara de Diputados aprobó el día de ayer la Ley Minera, una reforma para restringir la minería que reduce los tiempos de las concesiones mineras y facilita cancelar los permisos.
Diputados de Morena hicieron suya la iniciativa presidencial de reformas a las Leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y de Prevención de Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, pero le hicieron modificaciones.
A la iniciativa morenista, presentada en la sesión nocturna que inició a las 20:30 horas del jueves, se le dispensaron todos los trámites y fue sometida a discusión de inmediato.
Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron mociones suspensivas para discutirla en comisiones, pero fueron rechazadas.
La iniciativa del Ejecutivo fue flexibilizada en sus peticiones, ya que proponía que las concesiones mineras se otorgaran por 15 años, con un periodo prorrogable igual, es decir, 30 años en lugar de 50 años como está estipulado actualmente, con otro periodo prorrogable de 50 años, para un total de 100 años.
Los diputados aprobaron que las concesiones mineras se otorguen por 30 años, y sean renovables por 25 años, con preferencia por 25 años más, para un total de hasta 80 años.
El mismo periodo de 80 años se aplicará para las concesiones de agua para la minería, de 30 años en principio y renovables por 25 y 25 años más.
En el nuevo dictamen de los diputados también se mantiene el actual régimen de excepción para agua de laboreo de las minas, la cual se podrá aprovechar sin concesión, sin pagar derechos, a diferencia de la propuesta presidencial de que el líquido debería contar con una concesión.
Se prohíben las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, así como en zonas sin disponibilidad de agua.
En caso de que las concesiones se otorguen en territorios de pueblos y comunidades indígenas será necesario llevar a cabo una consulta previa.
Y como contraprestación se les otorgará el 5% de la utilidad obtenida por la concesión, en lugar del 10% propuesto por el Ejecutivo.
Se prohíben las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, así como en zonas sin disponibilidad de agua.
En caso de que las concesiones se otorguen en territorios de pueblos y comunidades indígenas será necesario llevar a cabo una consulta previa.
Y como contraprestación se les otorgará el 5% de la utilidad obtenida por la concesión, en lugar del 10% propuesto por el Ejecutivo.
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