El Tribunal Electoral autoriza la prórroga en sus cargos de Mario Delgado y Citlalli Hernández

El Tribunal Electoral da por buena la modificación de estatutos en Morena que permite una prórroga en sus cargos a los dirigentes del partido Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria general, hasta el 31 de octubre de 2024. Cuatro de los seis votos emitidos han rechazado el proyecto previo presentado por la magistrada Janine Otálora, en el que se calificaba de anticonstitucional el proceder del partido para prorrogar el mandato de su dirigencia. Los intervinientes han considerado, en su mayoría, que Morena modificó sus estatutos de forma “legal”, en tiempo y forma y con un proceso que permitió a la militancia conocer y discutir dichos cambios en el III Congreso Nacional del partido, así como votarlos. El resultado de aquella votación, donde un 72% de los militantes presentes se manifestaron a favor, infieren los magistrados, es suficiente para reconocer la validez del proceso.

En sus intervenciones, cuatro miembros del tribunal han considerado que la autonomía y la autoorganización de un partido político deben prevalecer sin mayor intervención judicial, a menos que incurran en discriminaciones, por ejemplo, o atenten contra los preceptos constitucionales, algo que no observan en la prórroga de la directiva de Morena. Opinan que es algo común en muchos partidos políticos. “Una prórroga ni discrimina ni limita derechos a los militantes, sino que resulta en beneficio de la propia estrategia política del partido” a la vista de unas elecciones, ha señalado el magistrado Indalfer Infante Gonzales. Y ha coincidido con él Felipe Alberto Fuentes Barrera, quien ha mencionado “el desgaste natural que supondría la renovación del presidente” en vísperas de elecciones. Ambos advierten que no se trata de una reelección en el cargo, sino de una ampliación con una fecha concreta de salida, por lo que el asunto no les ofrece mayores incertidumbres. Felipe de la Mata Pizaña considera la prórroga “razonable y con asidero constitucional”. Si se tiene en cuenta la posible desestabilización de un partido político ante la cercanía de unos comicios, esa medida, ha dicho, le parece “la menos grave”. “Garantiza la autoorganización [consagrada en la Ley General de Partidos] con flexibilidad”, ha añadido.

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