Ciudad de México. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, quien ordenó la suspensión del Plan B en el Estado de México y Coahuila, afirmó que no ha sufrido presiones especiales debido a su decisión que, sostuvo, está fundada en Derecho.
“Es la normalidad de las decisiones, todo órgano del Estado que ejerce sus competencias siempre se encuentra presionado, sabremos cómo cualquier otro salir adelante” afirmó en entrevista.
Explicó que tomó la decisión de ordenar la suspensión debido a que la SCJN ha señalado que, cuando se aprecia una posible violación a los derechos humanos en una decisión de la autoridad, es indispensable tomar la medida precautoria de detener si aplicación hasta que se resuelva el fondo del asunto.
‘De acuerdo con los nuevos criterios de defensa de derechos humanos, la SCJN ha considerado que para preservar los derechos humanos en circunstancias que pudieran ser vulnerados, es conveniente suspenderlos’, señaló.
Desestimó las críticas que ha recibido por parte de los poderes Legislativo y Judicial, “son puntos de vista diferentes”, sostuvo.
También rechazó que la SCJN pudiera agotar los tiempos necesarios para resolver sobre la constitucionalidad del Plan B.
“Los tiempos están perfectamente claros, la Suprema Corte tiene un papel de control constitucional y las leyes nos marcan los tiempos en qué debemos resolver, creo que podemos resolver cualquier circunstancia de congoja en tal situación”, afirmó.
El ministro fue entrevistado luego de asistir a la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Barra de Abogados, que presidirá Victor Olea Peláez.
En la ceremonia, el líder gremial apoyo al ministro Pérez por su decisión y afirmó que su asociación defenderá el Estado de Derecho.
(Información de La Jornada)
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