Las iniciativas recortan al organismo electoral, pero flexibilizan reglas para sobrevivencia y recursos a mini partidos; legisladores podrán contender por reelección sin pedir licencia al cargo.
La iniciativa alterna de reformas electorales vía leyes secundarias o ‘Plan B’ propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado la madrugada de este 7 de diciembre concluyó con reglas que aprietan al INE y favores para los partidos aliados de Morena.
Entre lo avalado por los legisladores de la llamada “Cuarta Transformación” se plantea el recorte al gasto y estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), el despido de trabajadores especializados y la remoción anticipada del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
A lo anterior, casi a la medianoche del martes, Morena agregó a petición de sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde (PVEM) un Plan C de enmiendas electorales que permitirán a minipartidos mayor facilidad para la subsistencia de sus registros, tener financiamiento estatal y les entrega la posibilidad de generar ahorros con los remanentes de su financiamiento.
A solicitud de ambos partidos aliados de Morena se flexibilizaron las reglas que los ponían en riesgo de pérdida del registro como partidos –como le pasó al PT hace unos años– y les permite hacer “guardaditos” con los recursos que reciben del erario, como ha intentado el PVEM.
Además, da a los legisladores de todos los partidos la posibilidad de buscar la reelección sin pedir licencia al cargo ni dejar de recibir dieta, subvenciones y apoyos.
Aunque el umbral de 3% de votación para la conservación del registro se preservó, el monto de sufragios a considerar se redujo pues ahora el porcentaje se estimará con base en la Votación Válida Emitida (VVE).
Esta –proponen los cambios al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (Legipe)– será la resultante de quitarle a los votos totales depositados en urnas, no sólo los sufragios nulos o de abanderados no registrados, como está hoy, sino los emitidos por candidatos independientes y de partidos que hayan perdido el registro.
Esa interpretación fue alegada en tribunales por el PT en 2015, cuando estuvo a punto de quedarse sin registro y buscó criterios novedosos para alcanzar el porcentaje exigido.
Además, el 3% podrá estimarse con base no sólo en la votación de diputados federales, sino que podrá ser con la de elección presidencial o bastará con alcanzar al menos el 3% en 17 entidades del país.
Para completar la facilidad, en el artículo 12 de la Legipe quitaron la prohibición de transferir votos, lo que a la coaliciones les permite darle vida eterna a los mini partidos.
En cuanto al tema del reparto y tener derecho a diputados plurinominales, ahora se estimará la Votación Nacional Emitida (VNE) de la que se restarán votos de candidatos independientes, y votos nulos. La propuesta deduce también candidatos no registrados, lo que hace menor el umbral a alcanzar.
Las negociaciones de Morena y aliados llevaron a modificar la propuesta presidencial, el Plan B, que originalmente proponía que los diputados y senadores que buscaran la reelección debían solicitar licencia “hasta un día antes del inicio de las campañas”.
La propuesta contenida en una fracción 2 del artículo 272 de la Legipe desapareció en la última versión de las propuestas de reformas, o Plan C.
Algo que destacó es que en la sesión de madrugada, los partidos opositores abandonaron la discusión.
Adicionalmente, el ahora llamado ‘Plan C’ contempla reformas a los artículos 51 y 52 de la Legipe por los que los partidos podrán, “con cargo a su financiamiento público ordinario realizar ahorros en un ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriores”.
Si una fuerza política tiene registro nacional, podrá recibir financiamiento en las 32 entidades ”con la sola conservación de su acreditación nacional”.
“Los partidos políticos, en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente”.
Ya casi a las 3 de la mañana se presentó un cambio más; vía reservas: el PT propuso que el registro de ingresos y gastos en tiempo real y para la fiscalización del INE no se realice máximo 3 días como es actualmente, sino “desde el momento que ocurren y hasta 20 días después”.
Así, el Plan B propone modificar seis leyes secundarias y modifica el proceso de organización de elecciones para reducir costos y tiempos; según el mandatario generará ahorros por 3,605 millones 624,298 pesos.
Pero el Plan C retribuye a los partidos financiamiento estatal y permitirá a los partidos que estén en riesgo de perder su registro seguir en el sistema político con todas las prerrogativas que implica, gracias a las facilidades para acreditar la votación, además de que les permitirá registrar ingresos y gastos casi tres semanas después de realizarlos.
Las iniciativas, ya con el Plan C incluido, fueron puestas a discusión casi a la medianoche por el pleno de la Cámara de Diputados.
En general consisten en enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Legipe y la Ley General de Partidos Políticos, además de que abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se sumaron la iniciativas de Morena para enmendar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dado que no fue posible realizar cambios a nivel constitucional, como se proponía en un Plan A, las iniciativas a leyes secundarias no piden sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), ni cercenarle facultades para integrar el padrón electoral, así como tampoco achicar de 11 a 7 el número de sus consejeros electorales o elegirlos vía voto en urnas y a población abierta.
Sin embargo, sí se plantea restar autonomía presupuestal del INE, que consisten en la posibilidad de establecer la forma de ejercer su presupuesto y determinar las percepciones de su personal.
La 4T impulsa en el Plan B que todo servidor púbico de esa institución a someterse al tope del salario presidencial.
Es decir, en los hechos, con la medida se aplicará un recorte presupuestal al INE mismo que se concretará tras la reorganización de estructuras y a más tardar el 1 de agosto de 2023.
Sin embargo, desde el 1 de mayo próximo deberán emitirse los lineamientos para el redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica del Instituto.
La reforma alcanzada por los diputados y que deberá ser aprobada por el Senado plantea modificar la estructura del INE, sobre todo la fusión de sus direcciones ejecutivas de organización y capacitación, y elevar a rango de dirección ejecutiva la que hoy es Unidad Técnica de Fiscalización.
También incluye eliminar a la Junta General Ejecutiva (JGE), que es el órgano que emite directrices en materia de ejercicio de presupuesto del INE. En su lugar, se plantea crear una Comisión de Administración con 5 consejeros.
El actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina –quien fue reelecto en 2020 por un periodo de seis años- sería removido pues se ordena la designación de un encargado de despacho para el periodo 2023 2029.
Adicionalmente, se ordena la liquidación del Fideicomiso para de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto, cuyos fondos servirían, según se plantea, para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Este SPEN hoy integra las Juntas Locales Ejecutivas, que es el órgano del INE en las 32 entidades, así como a los consejos distritales donde hay personal especializado en Organización, capacitación y Registro Federal de Electores (RFE) .
Los remanentes, se establece en el régimen transitorio de la reforma, deberán devolverse a la Tesorería de la Federación (Tesofe)
También se plantea que en vez de 300 consejos distritales sólo funcionen 260 de forma permanente y 40 más –para un total de 300- se instalen sólo en elecciones.
Todos los cambios en la estructura del INE deberán hacerse con cargo al presupuesto ya aprobado y no habrá recursos adicionales.
Pese a esos cambios, la propuesta no plantea –como proponía el Plan A de reformas constitucionales- quitar a los Organismos Públicos Electorales locales (OPLs), ni reducir a los diputados y senadores o modificar la forma de elección de quienes integran el Congreso de la Unión.
El paquete de enmiendas propone cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal, por lo que, de aprobarse, la elección de 2024 comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.
También se busca modificar el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares. (PREP), mismo que desaparecería.
La conclusión de cómputos de las elecciones se establece a más tardar el viernes siguiente a las elecciones. Hoy esos cómputos inician el miércoles siguiente a los comicios y terminan el jueves.
Sin embargo, las elecciones locales de 2023 en Coahuila y Estado de México, según los transitorios de las reformas, no se verán impactadas por las reformas.
En el documento se establece un blindaje para que no se repitan experiencias vividas por Morena.
Por ejemplo, ante irregularidades como la omisión a presentar informes de gastos de precampaña la sanción afectará al precandidato, que no podrá ser registrado como abanderado. Pero se garantizará el derecho del partido a registrar a otro abanderado.
También se impide que vía sentencias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designe directa o indirectamente a dirigentes partidistas. Eso igualmente le ocurrió a la corriente perredista que hoy está en Morena, pues avaló a Jesús Ortega como dirigente del sol azteca.
Se establece que el TEPJ sólo tendrá atribuciones para ordenar la reposición de procedimientos en caso de que se confirmen irregularidades. Pero no podrá “nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas”.
Entre las experiencias se adoptan las que impulsó el INE, como el voto de las personas en reclusión y el voto de las personas con discapacidad en estado de postración.
También las facilidades pare el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet y al permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular.
En tanto, sobre el Poder Judicial se planteaba eliminar a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, pero esa propuesta se eliminó de madrugada.