El 30 de junio de 2021, a las seis horas con cincuenta minutos, el Centro Nacional de Adiestramiento en Gertrudis, Chihuahua, pasó de ser un campamento militar a un baño de sangre: un alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) accionó un fusil de asalto tipo FX-05 Xiuhcóatl y provocó la muerte de un elemento de tropa de 25 años, mientras que otro más resultó lesionado.
Era una jornada laboral habitual, los militares no se encontraban en ninguna práctica de tiro, ni limpiando el armamento, ni tampoco ejecutando la orden de algún superior para detonar armas, pero sorprendentemente el fusil del alto mando de la Sedena se encontraba en modo ráfaga, listo para disparar.
El silencio y la impunidad imperaron ese día y los siguientes nueve meses: ninguna autoridad dijo ni hizo nada. El alto mando que acabó con la vida de un compañero siguió ejerciendo sus funciones sin recibir castigo alguno.
El 15 de marzo de 2022, el militar que sobrevivió decidió interponer una denuncia. Tres días después le respondieron que su caso, al ser competencia del derecho penal militar, había sido remitido a la Fiscalía General de Justicia Militar. Pero, no le indicaron los datos de la oficina a la que había sido remitido su asunto, ni tampoco el nombre del funcionario que le daría seguimiento.
La autoridad se negó a iniciar la investigación que le corresponde conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, infringiendo lo referido en el artículo 109 constitucional, que señala la aplicación de sanciones administrativas a servidores públicos por actos u omisiones.
Ante la inoperancia de las autoridades, el 24 de marzo de 2022 el militar solicitó nuevamente abrir una investigación contra el alto mando de la Sedena, quien se mantenía en el puesto gozando de sus derechos, pero nuevamente le fue negada la solicitud.
El proceso se volvía cada vez más aturdidor. Las autoridades se negaron una y otra vez a tomar el caso.