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“El Gil”: La clave para descubrir la verdad de Ayotzinapa o sólo un peón manipulado
A una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las heridas siguen abiertas y las preguntas sin responder. La reciente captura de
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, instó a la Cámara de Diputados a considerar una reforma constitucional que clasifique la extorsión como un delito grave. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodríguez destacó la necesidad de abordar este tema y romper con la impunidad que rodea a los perpetradores de este ilícito.
En su intervención, Rodríguez afirmó que México ha dejado atrás la “noche negra” de la administración anterior, liderada por Genaro García Luna. La funcionaria señaló un cambio de enfoque, destacando la importancia de que las autoridades lideren la estrategia de seguridad en lugar de los delincuentes. Hizo hincapié en que la actual administración busca el cumplimiento riguroso de la ley para garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía.
Rodríguez subrayó que a pesar de las detenciones realizadas por diversas fuerzas de seguridad, los delincuentes vinculados a la extorsión son liberados debido a la falta de gravedad de este delito. Este vacío legal ha permitido que la extorsión se convierta en una forma de vida para muchos criminales, generando una creciente preocupación en el ámbito de la seguridad pública.
La titular de la SSPC llamó a los legisladores a demostrar su compromiso con la seguridad ciudadana mediante acciones concretas, abogando por una legislación que redefina la gravedad de la extorsión. Rodríguez proporcionó datos sobre la situación penitenciaria en México, destacando la participación de 73 centros estatales en actividades extorsivas y la concentración del 97% de las llamadas extorsivas en nueve de estos establecimientos.
Rodríguez concluyó su intervención expresando la importancia de la cooperación entre los partidos políticos para llevar a cabo esta reforma constitucional, subrayando que es una medida fundamental para combatir eficazmente la extorsión en el país.
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