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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes a los gobiernos estatales y municipales de Querétaro, Puebla, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, luego de las críticas por la gestión de las recientes inundaciones que han dejado hasta el momento 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó de “ruin” la búsqueda de culpables y los señalamientos en torno al manejo de la emergencia.

“Es ruin esta búsqueda de culpables y este zopiloteo (…) Yo creo que todo ser humano, si tiene un poco de corazón en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, lo que busca es apoyar”, expresó Sheinbaum ante los medios.

La presidenta destacó que los cinco gobernadores de los estados afectados, así como los presidentes municipales, han actuado con responsabilidad y desde el primer momento de la emergencia. “Lo más importante es que están actuando los cinco gobernadores, todos los presidentes municipales también. En todo caso, ya después se puede hacer un balance, pero todos están actuando de manera muy responsable”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que la magnitud de las lluvias que afectaron la región entre el 6 y el 9 de octubre fue difícil de prever y negó que los gobiernos locales no hayan alertado a las comunidades sobre el posible incremento en los niveles de los ríos.

 “Hay en las redes, incluso desde las propias áreas de Protección Civil de los municipios, de los gobiernos, alertando desde la noche que iba a haber crecimiento del río porque (…) difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a caer en esta zona”, señaló.

Durante la conferencia, un momento llamó la atención cuando la presidenta pidió en voz baja al secretario de Salud, David Kershenobich, que no mencionara los municipios afectados durante la presentación del “Reporte del Sector Salud Emergencia por Inundaciones”. “No digas municipios afectados”, se alcanzó a escuchar en el micrófono mientras el secretario se acercaba al atril. Aunque la instrucción se dio en voz baja, la primera parte fue audible para los asistentes.

Kershenobich respondió con un “¿mande?”, se acercó a la mandataria y asintió antes de comenzar su informe. En su exposición, el secretario de Salud informó que actualmente hay 90 personas hospitalizadas en tres estados, ninguna de ellas fallecida por heridas relacionadas con las inundaciones. Agregó que la red hospitalaria continúa operando con mínimos daños estructurales y que solo tres hospitales funcionan con plantas de emergencia.

El funcionario federal precisó que los principales retos actuales se relacionan con la incomunicación y los deslaves que impiden el acceso a zonas afectadas. “La parte importante es cómo atender a la población que no puede acceder a los sitios de atención médica”, indicó. 

Para atender la emergencia, se han desplegado 471 brigadas de vacunación y 242 brigadas médicas móviles, con la meta de superar las mil brigadas en los próximos días. Además, se activaron brigadas de vectores para prevenir brotes de dengue en los estados afectados.

En su reporte, Kershenobich no mencionó los cerca de 111 municipios impactados por las lluvias, donde se han reportado daños en viviendas, estructuras colapsadas y decenas de desaparecidos.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que los integrantes del pleno del máximo tribunal acordaron donar parte de su sueldo para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado a Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz durante la última semana.

“Quiero comunicar que el pleno de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres”, declaró Aguilar Ortiz al inicio de la sesión de este lunes.

Antes de abordar los asuntos en lista, el ministro presidente solicitó realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que dejaron las inundaciones y deslaves registrados en distintos puntos del país.

Como parte del plan de apoyo, Aguilar Ortiz adelantó que también se revisarán los recursos institucionales disponibles de la Suprema Corte para destinar un monto adicional en beneficio de las familias damnificadas. Además, convocó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a sumarse a esta iniciativa solidaria mediante la donación de víveres y artículos de primera necesidad.

“De igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal”, expresó el ministro presidente.

La SCJN habilitó dos centros de acopio principales: el edificio sede en Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la sede alterna en Avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Inn. A su vez, se instalarán puntos de recolección en los edificios judiciales del país, incluyendo juzgados y tribunales federales en diferentes estados.

Entre los insumos solicitados se encuentran agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, materiales de primeros auxilios y herramientas que faciliten las labores de limpieza y reconstrucción.

El gesto de solidaridad de los ministros y trabajadores del Poder Judicial se suma a las acciones emprendidas en diversas instituciones del país para respaldar a las comunidades afectadas por las lluvias. Con esta decisión, la Suprema Corte busca canalizar recursos y esfuerzos coordinados que permitan atender las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos.

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las intensas lluvias en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la gravedad de los daños ocasionados por las precipitaciones y desbordamientos registrados en los últimos días.

La mandataria informó que aún existen comunidades aisladas, carreteras dañadas y puentes colapsados, especialmente en los municipios de Poza Rica y Álamo, donde también se reportan personas no localizadas.

Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle y por los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales, la presidenta encabezó una reunión del centro de comando permanente instalado en Poza Rica para coordinar las labores de emergencia. Desde ahí, anunció que a partir de este lunes comenzará el censo de daños en el estado, así como las acciones de limpieza de calles y viviendas, a cargo de elementos del Ejército y la Marina.

“Hay todavía varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas, que afortunadamente el día de hoy se pudieron hacer puentes aéreos para poder llevar alimentación, agua y atender a cualquier persona enferma. Incluso se pudieron hacer varios traslados; se está trabajando en varias carreteras para que pueda haber acceso. En algunas de ellas hubo varios daños, incluso puentes colapsados”, declaró Sheinbaum Pardo durante su visita.

La presidenta señaló que diversas empresas privadas han ofrecido apoyo con maquinaria para abrir caminos dañados por las lluvias, mientras que los esfuerzos de reconstrucción se concentran en Poza Rica y Álamo, los municipios con mayores afectaciones. 

En Poza Rica, explicó, las aguas han comenzado a descender, lo que permitirá intensificar las labores de limpieza a partir de este lunes, coordinadas entre el Ejército, la Marina, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En el caso de Álamo, Sheinbaum informó que los trabajos de atención se dividieron en cinco regiones para acelerar la recuperación. “Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación, los vamos a atender a todos, los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso”,aseguró la mandataria.

Asimismo, anunció que la Secretaría de Bienestar iniciará el censo casa por casa para registrar los daños y canalizar apoyos a las familias afectadas.En respuesta a denuncias sobre estudiantes desaparecidos de la Universidad Veracruzana en Poza Rica, Sheinbaum pidió a la ciudadanía reportar cualquier caso de persona no localizada al número 079.

La presidenta adelantó que regresará a Veracruz la próxima semana para supervisar los avances en la atención a las comunidades afectadas y evaluar los resultados de las primeras acciones de apoyo federal.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el último reporte de este sábado se ha restablecido el suministro eléctrico a 236 mil 368 usuarios, lo que representa un avance del 73.78%. Sin embargo, más del 25% de los estados afectados por las intensas lluvias en el país continúan sin energía eléctrica.

En un comunicado, la CFE reiteró su compromiso para atender las contingencias derivadas de los fenómenos meteorológicos y pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Mientras tanto, las consecuencias de las fuertes lluvias siguen siendo graves. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que el número de víctimas mortales aumentó a 41 personas, y 27 más permanecen desaparecidas.

De acuerdo con los datos oficiales, Hidalgo registra 16 víctimas, Veracruz 15, Puebla nueve y Querétaro una. Las autoridades estatales, en coordinación con las federales, mantienen operativos de búsqueda con acompañamiento a las familias de las personas desaparecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que supervisa los daños ocasionados por las lluvias que han dejado severas afectaciones principalmente en los estados de Veracruz e Hidalgo. Desde su cuenta oficial en la red social X, la mandataria compartió un mensaje donde asegura que el gobierno federal trabaja en coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente”, señaló Sheinbaum.

Las imágenes compartidas por la presidenta muestran los recorridos de supervisión y las acciones emprendidas por las fuerzas federales en las zonas más afectadas. Se trata de uno de los desastres naturales más severos en los últimos años para estas cinco entidades, comparable con lo ocurrido en octubre de 2023 cuando el huracán Otis golpeó el puerto de Acapulco.

En redes sociales, habitantes de Veracruz y otras regiones afectadas han difundido videos solicitando ayuda ante los daños en viviendas, caminos y la pérdida de bienes. En una comunidad cercana a Llamatlán, un grupo de maestros reportó haberse quedado varado por los deslaves y pidió apoyo urgente, pues aseguran no tener comida ni ropa.

El gobierno federal confirmó que los estados más perjudicados son Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Ante la magnitud de los daños, la Secretaría de Marina activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de rescate y auxilio a la población.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana desplegó su plan de acción y respuesta en Veracruz, con equipos especializados para evaluar daños, brindar atención prehospitalaria, realizar labores de rescate y habilitar centros de acopio en las zonas más afectadas.

Hasta el momento, los esfuerzos de coordinación entre autoridades federales y locales continúan para restablecer servicios básicos y atender a las comunidades damnificadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de un censo nacional de damnificados en los cinco estados más afectados por las intensas lluvias que han azotado al país en los últimos días. La medida busca apoyar directamente a las familias que han sufrido pérdidas humanas y materiales en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su mensaje, Sheinbaum informó que este conteo iniciará una vez que concluya la etapa de emergencia y que la prioridad inmediata de su gobierno es garantizar la seguridad y atención de la población afectada. “Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población, a nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, señaló.

La presidenta adelantó que este viernes sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención de las comunidades impactadas por las lluvias. En la sesión participarán autoridades federales y estatales con el objetivo de coordinar las acciones de rescate, asistencia médica y reconstrucción.

Sheinbaum aseguró que su administración no solo se concentrará en atender los daños actuales, sino también en fortalecer medidas preventivas ante la tormenta tropical “Raymond”, que se desarrolla en el Pacífico y podría intensificar las condiciones meteorológicas en el país durante los próximos días.

Las lluvias torrenciales han provocado severas afectaciones en infraestructura, viviendas y servicios públicos en las cinco entidades. Hasta el momento, las autoridades reportan al menos 37 personas fallecidas a consecuencia de los deslaves, inundaciones y derrumbes provocados por las precipitaciones, aunque el número podría aumentar conforme avancen las labores de rescate y localización.

En los estados más afectados, se han habilitado albergues temporales que ofrecen atención médica, alimentación y refugio seguro para quienes perdieron sus hogares o se encuentran en zonas de riesgo. Los gobiernos locales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, continúan desplegando operativos de apoyo en comunidades incomunicadas y zonas rurales.

Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayores daños estructurales, particularmente en el municipio de Poza Rica, donde las inundaciones arrasaron viviendas, escuelas y vialidades. Sin embargo, el mayor número de víctimas mortales se concentra en Hidalgo, que ha confirmado 22 fallecimientos y múltiples afectaciones en su red carretera y servicios básicos.

En Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, las lluvias han dejado cientos de familias desplazadas, cortes de energía eléctrica y daños en caminos rurales, lo que ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria.

El gobierno federal trabaja en conjunto con las autoridades estatales para estabilizar la situación y preparar el inicio del censo, que permitirá cuantificar los daños, identificar a los damnificados y canalizar los apoyos económicos y materiales de manera directa en cada una de las zonas afectadas.

En el marco del 204 aniversario de la Armada de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contundente contra la corrupción ante cientos de elementos de la Marina y miembros de la clase política morenista. En su discurso, calificó la corrupción como “deslealtad” y sostuvo que no debe tener cabida en las instituciones del país. “Por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida”, afirmó.

El pronunciamiento de la mandataria ocurre semanas después de que se diera a conocer el que se considera el mayor acto de corrupción en la historia moderna de México, conocido como el “Huachicol Fiscal”. Este caso involucra a varios marinos y señala a políticos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con las investigaciones en curso.

Sheinbaum enfatizó que la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad. “La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos”, aseguró en su mensaje. Enfatizó que el dinero producto de la corrupción es fútil y que no hay riqueza que valga más que el honor. “No hay poder más grande que el de la lealtad, no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, señaló.

En su discurso, la presidenta también pidió “honrar la honestidad como principio de vida”, calificándolo como un acto de verdadera valentía. Para Sheinbaum, ser valiente no se limita a enfrentar un combate o resistir una tormenta, sino que se ejerce “día con día”: levantarse con la disciplina de servir, mantener la rectitud cuando nadie mira, rechazar la corrupción y ser ejemplo para la familia, los compañeros y la nación entera.

La mandataria aprovechó el evento para expresar un respaldo público al secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, y al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacando su entrega, valentía, honestidad y patriotismo.

Como parte del acto conmemorativo, la presidenta inauguró oficialmente la Plaza del Heroísmo Veracruzano, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Posteriormente, presenció el desfile conmemorativo por los 204 años del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824. El evento reunió a autoridades civiles y militares, marcando una fecha significativa para las Fuerzas Armadas y para la memoria histórica del país.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles la conformación de un comité de solidaridad que tendrá como función central recibir y administrar las donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Brugada explicó que la decisión responde a las peticiones de distintos sectores de la población que han solicitado un mecanismo transparente para canalizar apoyos. Este comité estará integrado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cruz Roja, así como miembros de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

“El objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, precisó la mandataria capitalina. Indicó además que en los próximos días se definirá una cuenta bancaria para la recepción de recursos, con el propósito de que éstos se distribuyan de manera ordenada y directa entre los afectados.

A una semana del accidente, Brugada informó que ya se han entregado apoyos emergentes a las víctimas hospitalizadas, a quienes han sido dadas de alta y a las familias de las personas fallecidas. Aunque no detalló montos, aseguró que también se han brindado alimentos, atención de salud mental y asesoría jurídica.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los avances de la investigación sobre el siniestro ocurrido en la autopista México-Texcoco, a la altura del cruce con la México-Puebla. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la pipa transportaba gas LP desde Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el peritaje, el vehículo circulaba a exceso de velocidad al tomar la salida hacia la autopista México-Puebla, donde existe una curva con pendiente positiva. En ese tramo perdió el control e impactó primero contra el muro de contención exterior. Posteriormente cambió de dirección y golpeó un segundo muro interior.

El fuerte impacto provocó que el contenedor se volcara y recibiera un golpe adicional en la parte frontal izquierda, lo que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros. Por esa abertura se fugó el gas que transportaba la unidad.

La fiscal detalló que la fractura pudo haberse originado por el choque con un objeto rígido, ya sea una pieza del propio camión o fragmentos de los muros. El gas se expandió a lo largo de un área de 180 metros, donde finalmente una chispa generó el incendio que derivó en la explosión.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una cifra que refleja la magnitud del combate a las irregularidades fiscales en la importación de hidrocarburos. En los primeros nueve meses de su administración se detectaron 2 mil 937 casos de “huachicol” fiscal, lo que equivale a un promedio de casi 11 reportes diarios en distintas aduanas del país.

El “huachicol” fiscal consiste en la evasión de impuestos por parte de empresas importadoras de productos petrolíferos e hidrocarburos, mediante la declaración de fracciones arancelarias que no corresponden a las características reales de las mercancías. Esta práctica permite pagar tarifas menores a las establecidas, afectando directamente la recaudación del Estado.

De acuerdo con el documento entregado al Legislativo, al detectar estas irregularidades el gobierno interviene para realizar la correcta clasificación arancelaria, lo que deriva en un aumento de las tarifas correspondientes. Como parte de las acciones para enfrentar este delito, se llevaron a cabo supervisiones en aduanas estratégicas como Reynosa, Guadalajara, Manzanillo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Estas revisiones generaron 176 recomendaciones emitidas por las autoridades. El reporte coincide con la detención de al menos 14 personas en operativos desplegados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, vinculados al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los señalados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue detenido junto a empresarios, marinos y exfuncionarios de aduanas.

La investigación se fortaleció tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel en una embarcación localizada en el puerto de Tampico, Tamaulipas. A partir de este hallazgo, las autoridades federales rastrearon las operaciones de una red que presuntamente se dedicaba a manipular declaraciones de importación para evadir aranceles y colocar en el mercado combustibles de manera ilícita.

Según el informe, de los detenidos tres son empresarios relacionados con la importación de combustibles, seis son elementos activos de la Marina y cinco exfuncionarios que laboraron en distintas aduanas. Todos enfrentan procesos judiciales por su probable participación en actividades de “huachicol” fiscal.

El gobierno federal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra la evasión fiscal y el contrabando en el sector energético, considerada una de las principales fuentes de ingresos ilegales para grupos delictivos.

La cifra de casi 3 mil casos detectados en menos de un año se coloca como uno de los ejes centrales del primer balance de Sheinbaum, que ha puesto énfasis en la vigilancia de aduanas y en el combate a redes de corrupción vinculadas al comercio de hidrocarburos.