Artículo 19 honra periodistas en México, víctimas de la impunidad y la violencia

México continúa siendo un país peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19, organización defensora de los derechos de la prensa, rindió homenaje a los 48 periodistas mexicanos asesinados en los últimos seis años, un homenaje sombrío que denuncia “la forma más extrema de censura”. A través de una ofrenda, la organización visibiliza el nivel alarmante de violencia contra comunicadores, quienes, en palabras de Artículo 19, han sido silenciados “en un entorno de impunidad y complicidad”.

 

Este fenómeno se ha repetido en las últimas tres administraciones federales. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 48 periodistas asesinados, mientras que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 47 en cada periodo. Aunque Claudia Sheinbaum lleva poco más de un mes como presidenta, ya se reportó el primer caso: el periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue asesinado a balazos tras realizar coberturas en el centro de Uruapan, Michoacán.

 

La impunidad rodea estos crímenes. Para Artículo 19, es evidente que “las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales” hacen posible la perpetuación de la violencia contra la prensa, creando zonas de silencio y miedo en diferentes regiones del país. La organización exige el fin de esta impunidad y hace un llamado a las nuevas autoridades: “Es imperativo romper el pacto de silencio que existe en torno a la violencia hacia periodistas y la persecución a quienes defienden los derechos humanos”.

 

La situación, sin embargo, trasciende México. La Unesco ha destacado que el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial queda sin castigo. En su reciente informe, divulgado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó la gravedad de esta problemática. “En 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por cumplir con su deber de informar. En la gran mayoría de los casos, nadie rendirá cuentas por su muerte”, lamentó Azoulay. En ese bienio, 162 periodistas fueron asesinados, de los cuales 14 eran mujeres, la cifra más alta registrada desde 2017.

 

Para Artículo 19, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado alimenta las amenazas y los asesinatos de periodistas. A la fecha, el riesgo de sufrir represalias sigue siendo una realidad para quienes trabajan en este sector, y la amenaza es aún mayor en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.

 

A medida que México inicia un nuevo gobierno, la expectativa de la sociedad y de los organismos internacionales es clara: que se ponga fin a la impunidad y se proteja a quienes se dedican a la labor periodística. Artículo 19 ha dejado claro que esta responsabilidad no debe seguir siendo ignorada, recordando que “negar la existencia de esta violencia es también una forma de complicidad”.

 

En un país donde informar se ha vuelto un acto de valentía, la memoria de los periodistas caídos permanece como un recordatorio incómodo, una herida abierta en la sociedad. “Romper el silencio”, señala Artículo 19, “es la única manera de honrar su legado y de asegurar que su lucha no fue en vano”.

Propuesta legislativa busca castigar vandalismo contra monumentos históricos en México

El Senado de la República está evaluando una reforma sugerida por el partido Movimiento Ciudadano a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta reforma pretende clasificar el vandalismo como una acción punible con hasta 10 años de prisión para aquellos que cometan actos vandálicos contra los monumentos históricos.

El senador Noé Castañón Ramírez, representante de Movimiento Ciudadano, señaló que en los últimos años ha habido un aumento de actos de vandalismo dirigidos a monumentos históricos. Estos actos no solo causan daños materiales, sino que también afectan la identidad cultural del país y el legado que representa para la nación.

La propuesta está siendo examinada por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera. Establece que aquellos que dañen, alteren o destruyan intencionalmente un monumento arqueológico, artístico o histórico podrían enfrentar penas de tres a diez años de prisión, además de una multa de hasta el doble del valor del daño ocasionado. Esta sanción se aplicaría junto con las penas establecidas en el Código Penal Federal y otras leyes vigentes.

El senador enfatizó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta no deben confundirse con la invitación al daño del patrimonio cultural. Destacó la importancia de proteger el patrimonio cultural como un legado invaluable para las generaciones presentes y futuras.

Castañón Ramírez diferenció entre el vandalismo, que busca simplemente causar daño y destruir la propiedad, y la “iconoclasia”, que es una forma de protesta que busca la reescritura o eliminación de iconos culturales considerados injustos u ofensivos para ciertos grupos de personas.

En este sentido, subrayó que la evolución de las culturas implica preservar las expresiones artísticas, tangibles e intangibles, para construir un patrimonio cultural que conserve la memoria colectiva y la identidad a lo largo del tiempo.

México, según datos de la Oficina de la UNESCO para la Educación, es uno de los países más ricos y diversos en patrimonio cultural, con 35 lugares reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad.