Los coordinadores y legisladores del PRI, PAN y PRD han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley de Pensiones del Bienestar.

Desde el Senado, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, comunicó que los partidos de oposición decidieron impugnar la reforma. “Solo se ha publicado la ley relacionada con las afores, lo cual nos genera sospechas. Las otras dos leyes no han sido publicadas, pero urgía quedarse con el dinero de las afores, por lo que esta fue publicada rápidamente. Con el respaldo de todas las diputadas y diputados de los tres partidos, presentamos la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para evitar que Morena se apropie de 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, explicó Moreira.

Jorge Romero Herrera, coordinador de los legisladores del PAN en la Cámara Baja, subrayó que la reforma intenta confiscar los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años. “Hoy, el PAN, PRI y PRD presentamos una acción de inconstitucionalidad contra lo que llamamos la Ley de la Confiscación de las Afores. Queremos recordar a la gente que esta reforma, impuesta por la mayoría de Morena, busca quitar los ahorros guardados por más de 70 años”, afirmó Romero Herrera.

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, apoyó las razones expuestas por sus colegas del PRI y PAN. “Al presentar esta acción de inconstitucionalidad, defendemos el patrimonio de los trabajadores mexicanos. Protegemos lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir a lo largo de los años, y que ahora el gobierno federal intenta arrebatar”, detalló Pérez.

La reforma fue aprobada por el Senado el 26 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril para su entrada en vigor.

El 23 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma al Poder Judicial promovida por la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez. En el pleno de la SCJN, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 191/2024, decidiendo no invalidar ninguno de los artículos reformados.

Los aspectos más destacados de la reforma son:

Oficinas Municipales: La reforma prevé la creación de oficinas del Poder Judicial en cada municipio, facilitando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Incremento de Jueces: Se incrementará en más de 15 el número de jueces, lo cual ayudará a disminuir el rezago en recursos de apelación.

Sala de lo Familiar: Aguascalientes contará por primera vez con una sala de lo familiar, mejorando la atención a los casos de derecho familiar.

Medios de Impugnación Constitucionales: Se implementarán medios de impugnación constitucionales en el estado, fortaleciendo el sistema judicial.

Presupuesto Histórico: Se garantizará un presupuesto histórico para el Poder Judicial, asegurando recursos adecuados para su operación.

Independencia Judicial: La reforma asegura la independencia judicial mediante un consejo de la judicatura con mayoría de votos del Poder Judicial.

Las modificaciones también incluyen la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional Local, integrada por cinco magistrados elegidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial.

El pleno de la SCJN determinó que el Decreto 405, publicado el 8 de agosto de 2023, respeta los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Además, garantiza una justicia pronta y expedita sin violar la Constitución.

El decreto aborda temas como el escalonamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Supremo Tribunal de Justicia, los requisitos para ser fiscal general del Estado, y los plazos para promover controversias locales.

El domingo por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para exigir respeto a su autonomía y rechazar la reforma judicial propuesta por el gobierno, que busca reducir el presupuesto del sector y modificar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Decenas de personas se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para llevar a cabo la segunda marcha nacional en defensa de la independencia del Poder Judicial. Vestidos de blanco y portando pancartas, los manifestantes expresaron su descontento con ciertas medidas y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la marcha, se escucharon consignas como “El Poder Judicial contrapeso nacional” y “¡Fuera dictador!”, refiriéndose a las críticas que el mandatario mexicano ha dirigido hacia el Poder Judicial y la ministra presidenta Norma Piña.

Otro de los señalados durante la protesta fue el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a quien se le tildó de “corrupto” y “traidor” por haberse unido a la campaña de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, mientras enfrenta una investigación en el Poder Judicial.

Según la organización del evento, marchas similares se realizaron en varios estados, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Los trabajadores del Poder Judicial dejaron claro su compromiso en la lucha por la independencia y la integridad de la justicia en el país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La SCJN determinó que el IFT tiene la autoridad para regular la comunicación vía satélite sin afectar las atribuciones del Presidente para definir y administrar los tiempos en radio y televisión destinados al Estado.

La controversia, identificada como 257/2023, fue promovida por la Consejería Jurídica, encabezada por María Estela Ríos González, contra un acuerdo del IFT emitido en enero de 2023. La Consejería argumentaba que el IFT carecía de facultades para regular la comunicación satelital, sugiriendo que podría afectar la capacidad del Ejecutivo para ejercer sus funciones de comunicación social.

El pleno de ministros, sin embargo, determinó que los argumentos de la Consejería Jurídica no tenían fundamento. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar infundada la controversia, señaló que la demanda se basaba en hechos hipotéticos y no presentaba evidencia de que el nuevo reglamento hubiera llevado a la rescisión de convenios entre concesionarios de radio y televisión y el Poder Ejecutivo.

El fallo de la SCJN confirmó que el IFT tiene la competencia constitucional para regular la comunicación vía satélite y que el Ejecutivo federal no tiene la autoridad para invadir el campo regulatorio de otro órgano. La Corte también aclaró que la simple existencia de las nuevas disposiciones regulatorias no constituye motivo suficiente para que los concesionarios rescindan sus convenios con el gobierno.

El Ministro González Alcántara subrayó que el Ejecutivo no demostró cómo las disposiciones del IFT podrían causar la terminación de convenios con concesionarios de radio y televisión. También enfatizó que el IFT tiene atribuciones para celebrar convenios con concesionarios para la prestación de servicios públicos y para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, refutando así las preocupaciones presentadas por el Ejecutivo.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley Agraria, en su versión previa a una reforma de 2023. Este artículo establece que no más del 60 por ciento de las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia pueden ser ocupadas por personas de un solo género.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a sus colegas de la SCJN que ratificaran la validez de esta disposición, argumentando que obliga a incluir mujeres candidatas en los órganos de representación ejidal sin violar la libertad de asociación.

Según el dictamen aprobado, la ministra destacó que esta medida busca garantizar la participación de las mujeres en la gestión de los núcleos ejidales, una iniciativa crucial dada la discriminación histórica que las mujeres han sufrido, especialmente en zonas rurales.

En consecuencia, se concluyó que el artículo 37 es constitucional, ya que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, como establece el artículo 4 de la Constitución Federal. Este artículo exige que, en las elecciones para representantes ejidales, las mujeres también tengan la oportunidad de postularse y ser elegidas.

La ministra Esquivel Mossa subrayó que esta decisión ayuda a cerrar la brecha de género, permitiendo una mayor participación femenina en la toma de decisiones, incluso en el ámbito de los ejidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado el derecho tanto de mujeres como de hombres a reclamar una compensación económica al finalizar una relación de matrimonio o concubinato, cuando han dedicado su tiempo principalmente a las labores del hogar y al cuidado de la familia.

La decisión fue tomada tras el análisis de un caso en el que un hombre buscaba una pensión compensatoria y una compensación económica para su exconcubina, fundamentando su aporte en las responsabilidades domésticas y en el cuidado de los hijos durante la convivencia.

A pesar del rechazo inicial de sus demandas, el hombre llevó su caso a un juicio de amparo directo, cuestionando la constitucionalidad de una disposición legal en el Código Civil de Guanajuato.

El Tribunal Colegiado desestimó el amparo, argumentando que la normativa no discriminaba y que ambos géneros podían acceder a la compensación económica si demostraban que las labores del hogar fueron su principal ocupación durante la relación.

La Suprema Corte respaldó esta interpretación, enfatizando que la norma no presupone roles de género, sino que se centra en la desventaja económica de quien se dedicó a las labores no remuneradas del hogar al término de la relación.

Con esta sentencia, la Suprema Corte reitera la igualdad de género en el acceso a la compensación económica tras una relación, basándose en la demostración de dedicación a las responsabilidades del hogar y el cuidado familiar, sin distinción de género.

La resolución, emitida por unanimidad de votos en sesión del 17 de abril de 2024, en el amparo directo en revisión 4316/2023, contó con la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.