Los poderes judiciales estatales están desbordados por la carga de trabajo en casos de delitos graves como robos, extorsiones y homicidios, con un promedio de 200 a 800 casos por juez en algunos estados.
Las causas penales iniciadas en 2022 duplican a las que se cierran, con solo uno de cada 10 casos llegando a sentencia. El resto se resuelve mediante soluciones alternas, cancelaciones del proceso o acuerdos de culpabilidad, siendo el 90% de las sentencias condenatorias.
La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en discusión, sugiere la elección directa de jueces federales y estatales. Un análisis de datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Inegi muestra que en 2022 se iniciaron 237,752 nuevos procesos bajo el sistema penal acusatorio, mientras que solo se resolvieron 111,620, dejando un total de 387,945 casos pendientes.
En promedio, cada uno de los 1,785 jueces locales tendría 217 casos, pero en realidad la carga varía significativamente. Estados como Puebla y Tabasco tienen jueces con más de 800 y 700 casos respectivamente. Otros estados con altas cargas incluyen Baja California, Coahuila y Veracruz, con entre 440 y 480 casos por juez.
En 31 de las 32 entidades, se abrieron más casos de los que se resolvieron. Baja California, por ejemplo, solo resolvió el 3.6% de los casos iniciados en 2022, mientras que Veracruz y Tabasco también presentan altas cargas de trabajo con más de 400 procesos por juez. Ciudad de México es la única excepción, habiendo resuelto más casos de los que inició en 2022, con un promedio de 93 casos por juez.