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La 62 Legislatura del Estado de México fue oficialmente instalada este 5 de septiembre, quedando lista para iniciar funciones. El morenista Maurilio Hernández González fue elegido como presidente de la Mesa Directiva, con un mandato inicial hasta diciembre, aunque este podría extenderse hasta un año tras posibles reformas a la ley.

El evento protocolario se desarrolló pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no resolvía tres recursos presentados por PRI, PAN y MC. Estas fuerzas políticas buscaban obtener al menos un escaño adicional mediante la impugnación de la distribución de curules de representación proporcional. Sin embargo, las solicitudes fueron desestimadas y la distribución se mantuvo sin cambios.

Por unanimidad, el pleno legislativo designó a Maurilio Hernández como presidente de la Mesa Directiva para todo el periodo ordinario de sesiones, que concluirá en diciembre. Como vicepresidentes fueron nombrados Carlo Alberto López Imm y Jesica Rojas Hernández, mientras que las secretarías quedaron a cargo de Mercedes Colín Guadarrama, Rocío Alexia Dávila Sánchez y Ruth Salinas Reyes.

Tras rendir protesta ante la Comisión Instaladora, Maurilio Hernández tomó juramento a los 75 legisladores que integran esta nueva Legislatura. Luego, declaró formalmente instalada la 62 Legislatura y se acordó convocar a una sesión para el jueves al mediodía, con la participación de la gobernadora Delfina Gómez y el magistrado Ricardo Sodi Cuellar.

En los alrededores del recinto legislativo, simpatizantes se reunieron con música y pancartas para recibir a los nuevos diputados. Dentro, familiares y allegados de los legisladores recorrieron las instalaciones y conocieron las oficinas donde desempeñarán sus funciones.

Durante la sesión de instalación, el presidente de la Diputación Permanente saliente, Jesús Izquierdo, destacó que la anterior Legislatura siempre priorizó el interés general del Estado de México. Subrayó que en los acuerdos prevaleció el diálogo, el consenso y la concordia, logrando 20 nuevas leyes y 260 decretos tras 173 sesiones plenarias y 819 reuniones de trabajo.

Izquierdo recordó a los nuevos legisladores que ahora tienen la responsabilidad de representar al pueblo, actualizar las leyes, fiscalizar los recursos y fortalecer la democracia, asumiendo su rol como guardianes de la soberanía del Poder Legislativo.

Durante el inicio del primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura, Ifigenia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y miembro del partido Morena, hizo un llamado a los legisladores a priorizar los intereses del pueblo mexicano.

Martínez subrayó la importancia de seguir consolidando la democracia y el poder legislativo, con el objetivo de avanzar en la transformación del país. Además, destacó que es esencial que los diputados mantengan un firme compromiso con México, buscando consensos en un entorno de pluralidad política, respeto y diálogo.

La legisladora instó a todos los diputados, sin importar su afiliación partidista, a diseñar una estrategia social y económica que beneficie al pueblo de México. “México exige que los trabajos legislativos que hoy iniciamos se basen en el respeto a los principios y argumentos de cada fuerza política representada en este honorable congreso”, enfatizó Martínez, añadiendo que es responsabilidad de esta legislatura escuchar todas las ideas y propuestas que contribuyan al progreso económico y social del país.

Asimismo, Martínez recordó que el Congreso de la Unión es el órgano mediante el cual el pueblo ejerce su soberanía, y al que los legisladores deben su lealtad única y exclusivamente. Enfatizó también la obligación de los diputados de hacer valer y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en todo momento.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva destacó que el debate en el Congreso debe ser respetuoso, con altura de miras y siempre orientado a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los mexicanos.

Ante las críticas de la oposición sobre una posible sobrerrepresentación de Morena en el poder legislativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reafirmado su compromiso de asegurar el cumplimiento del principio de representación proporcional (RP). Este principio busca que la composición del Congreso de la Unión refleje fielmente la votación obtenida por cada partido político, garantizando así la representación de las minorías y la pluralidad política.

El INE detalló en un comunicado que la asignación de diputaciones por representación proporcional comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, lo cual se espera que ocurra a más tardar el 23 de agosto. Las 200 diputaciones de RP se eligen mediante el Sistema de Listas Regionales en cinco circunscripciones plurinominales, zonas integradas por varios estados y organizadas bajo el principio de paridad de género.

Para participar en la asignación de estas diputaciones, los partidos políticos deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en cada circunscripción. En respuesta a las denuncias de sobrerrepresentación por parte de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el INE recordó que el artículo 54 de la Constitución estipula límites claros para evitar la sobrerrepresentación. Si un partido excede las 300 diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) o si su porcentaje de curules supera en ocho puntos su votación nacional, se le restarán diputaciones de RP hasta ajustarse a los límites establecidos. Las diputaciones excedentes se asignarán a otros partidos.

Este procedimiento se detalló en el Acuerdo INE CG645/2023, publicado el 16 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En una entrevista con Aristegui Noticias, Jorge Alcocer acusó a Morena de diseñar una estrategia para eludir los topes constitucionales y alcanzar una mayoría, describiendo esto como un “fraude a la Constitución”. Según Alcocer, Morena transfiere curules a partidos pequeños para aparentar que estos diputados pertenecen a otros partidos, manteniendo una votación vaga para beneficiarse de las plurinominales.

Alcocer criticó al INE por no tomar medidas para impedir estas prácticas, acusándolos de “mirar para otro lado”. Recordó que en 2007 se cambió la ley para tratar a las coaliciones de manera individual, eliminando la transferencia de votos entre partidos, pero lamentó que las estrategias actuales de Morena burlan estos cambios legales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.

La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.

El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.

Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.