En una decisión clave para el proceso democrático de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado, por mayoría de votos, los resultados de los cómputos en 161 distritos electorales federales impugnados relacionados con la elección presidencial del 2 de junio de 2024. Esta resolución pone fin a una serie de juicios de inconformidad presentados por diversos partidos políticos, consolidando así el resultado que había dado la victoria a Claudia Sheinbaum.

El TEPJF, órgano supremo en materia electoral, resolvió un total de 240 juicios de inconformidad que buscaban la nulidad de votación en diversas casillas, argumentando principalmente una “integración indebida” de las mesas directivas de casilla. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, el Tribunal consideró que estas peticiones eran infundadas e inoperantes. “No se encontraron elementos suficientes que justificaran la anulación de casillas o un cambio en el cómputo distrital, por lo que se ratifican los resultados obtenidos en los distritos impugnados”, declaró uno de los magistrados.

Además, el Tribunal desechó 78 juicios de inconformidad por diversas razones. Algunos fueron presentados de manera extemporánea, otros carecían de firma autógrafa, y en varios casos, se determinó que la impugnación había sido presentada por personas no facultadas para ello, ya que quien debía hacerlo era el representante del partido ante el Consejo Distrital, el órgano responsable del cómputo controvertido.

La resolución del TEPJF no solo reafirma la legalidad y transparencia del proceso electoral, sino que también refuerza la legitimidad de la elección presidencial. “La ratificación de estos resultados no solo es una victoria para la democracia, sino también una muestra de que las instituciones electorales están funcionando conforme a la ley”, subrayó un experto en derecho electoral.

El pleno del Tribunal, compuesto por cinco magistrados, llevó a cabo una sesión pública presencial para emitir su fallo. A propuesta de las magistraturas, se confirmó el cómputo final de la elección presidencial, dejando claro que el proceso fue conducido de manera justa y conforme a las normas establecidas.

Con la ratificación de los cómputos distritales, se da un paso definitivo hacia la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la próxima Presidenta de México. La validación de su triunfo electoral por parte del TEPJF disipa cualquier duda sobre la legitimidad de su victoria y marca el cierre de un proceso electoral que, aunque polémico en algunos aspectos, ha sido ratificado como válido por la máxima autoridad electoral del país.

La confirmación de estos resultados también envía un mensaje claro a los partidos políticos y a la ciudadanía: el sistema electoral mexicano cuenta con las herramientas y procedimientos necesarios para garantizar elecciones justas y transparentes. La democracia mexicana ha superado otra prueba, y el país se prepara para la transición de poder con la certeza de que la voluntad popular ha sido respetada. Con este fallo, se cierra el capítulo de las impugnaciones electorales, y México avanza hacia una nueva etapa en su historia política.

En una manifestación sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación salieron a las calles este Día del Abogado para protestar enérgicamente contra la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La manifestación fue organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) y se llevó a cabo frente al edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 

La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Jufed, tomó la palabra para defender la integridad de los jueces y sus colaboradores. “Es absolutamente falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos, no lo somos”, afirmó con determinación, rechazando tajantemente los señalamientos de corrupción y favoritismo hacia las élites.

Fuentes Velázquez advirtió sobre los peligros de una reforma judicial apresurada, sugiriendo que podría poner en riesgo la democracia y la estabilidad de la República. “Una reforma apresurada pone en riesgo la democracia y podría poner de rodillas a la República”, alertó, subrayando la necesidad de un análisis profundo y cuidadoso antes de implementar cualquier cambio significativo en el sistema judicial.

El magistrado Mauricio Barajas también se pronunció durante la manifestación, criticando la falta de análisis adecuado en la iniciativa presentada. Según Barajas, la propuesta actual socava la independencia judicial, un pilar fundamental para el funcionamiento democrático del país. “La iniciativa presentada no cuenta con un análisis adecuado del problema, por lo que viola la independencia judicial”, explicó, haciendo un llamado a un diálogo abierto y constructivo para desarrollar una nueva propuesta de reforma.

Los miembros de la Jufed expresaron su disposición a colaborar en un proceso de reforma que sea inclusivo y que considere las opiniones y experiencias de quienes trabajan dentro del sistema judicial. La manifestación buscó no solo defender la honorabilidad de los jueces y magistrados, sino también enfatizar la importancia de preservar la independencia judicial como garantía de justicia imparcial y efectiva.

La protesta reunió a un significativo número de jueces y magistrados, quienes, portando pancartas y expresando consignas, manifestaron su preocupación por las implicaciones que la reforma podría tener en el ejercicio de sus funciones. La movilización resaltó la unidad del gremio judicial en la defensa de sus derechos y de los principios democráticos.

El llamado de los jueces y magistrados es claro: una reforma judicial debe ser el resultado de un proceso de diálogo y consenso, que respete la independencia de los poderes y que fortalezca, en lugar de debilitar, las instituciones democráticas. En este contexto, la voz de la judicatura se alza no solo en defensa de sus miembros, sino en defensa de un sistema judicial que garantice justicia para todos los ciudadanos.

La manifestación de la Jufed en el Día del Abogado marca un hito en la historia reciente del Poder Judicial de la Federación, destacando la importancia de la independencia judicial y la necesidad de reformas basadas en un análisis riguroso y en el consenso. La protesta no solo es una defensa de la integridad de los jueces, sino una defensa de la democracia misma.

En La senadora de Morena y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, ha hecho una declaración contundente en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir jueces y magistrados mediante voto popular, subrayando la necesidad de una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) pero advirtiendo sobre los riesgos que conlleva esta medida.

Durante un seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sánchez Cordero expresó su preocupación por las implicaciones de esta propuesta, señalando el peligro de que los despachos de abogados financien campañas políticas de los jueces, lo que podría generar conflictos de interés y socavar la independencia judicial.

“Es un tema que preocupa, imagínense los despachos de abogados financiando campañas políticas de los jueces, entre otras cosas, el conflicto de interés”, afirmó Sánchez Cordero, haciendo hincapié en la importancia de preservar la integridad y la imparcialidad del sistema judicial.

La senadora también destacó la necesidad de garantizar que los candidatos a jueces y magistrados sean altamente capacitados y profesionales, abogando por la carrera judicial y la inamovilidad como garantías institucionales para los juzgadores.

A pesar de reconocer la importancia de una reforma al Poder Judicial, Sánchez Cordero consideró poco probable que la propuesta de López Obrador se materialice antes de que comience la siguiente legislatura, enfatizando la importancia de un proceso cuidadoso y deliberado para asegurar la calidad técnica y jurídica de los perfiles de quienes ocupan cargos en la judicatura federal.

En este sentido, instó a los legisladores a abrir espacios de diálogo para enriquecer la iniciativa presidencial, recordando experiencias previas donde se logró consenso y participación de diversas voces en la elaboración de reformas importantes.

“La labor de los legisladores será escuchar todas las voces, integrar todas las perspectivas para generar el mejor texto posible”, subrayó Sánchez Cordero, destacando la importancia de un proceso inclusivo y transparente en la construcción de leyes y reformas.

La postura de Sánchez Cordero refleja la preocupación por mantener la integridad y la independencia del Poder Judicial, así como la necesidad de buscar soluciones que fortalezcan el sistema judicial mexicano sin comprometer su imparcialidad ni su eficacia. Su llamado al diálogo y a la reflexión cuidadosa sobre esta propuesta resalta la importancia de abordar estos temas con responsabilidad y prudencia en beneficio del Estado de derecho y la democracia en México.