En una manifestación sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación salieron a las calles este Día del Abogado para protestar enérgicamente contra la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La manifestación fue organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) y se llevó a cabo frente al edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 

La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Jufed, tomó la palabra para defender la integridad de los jueces y sus colaboradores. “Es absolutamente falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos, no lo somos”, afirmó con determinación, rechazando tajantemente los señalamientos de corrupción y favoritismo hacia las élites.

Fuentes Velázquez advirtió sobre los peligros de una reforma judicial apresurada, sugiriendo que podría poner en riesgo la democracia y la estabilidad de la República. “Una reforma apresurada pone en riesgo la democracia y podría poner de rodillas a la República”, alertó, subrayando la necesidad de un análisis profundo y cuidadoso antes de implementar cualquier cambio significativo en el sistema judicial.

El magistrado Mauricio Barajas también se pronunció durante la manifestación, criticando la falta de análisis adecuado en la iniciativa presentada. Según Barajas, la propuesta actual socava la independencia judicial, un pilar fundamental para el funcionamiento democrático del país. “La iniciativa presentada no cuenta con un análisis adecuado del problema, por lo que viola la independencia judicial”, explicó, haciendo un llamado a un diálogo abierto y constructivo para desarrollar una nueva propuesta de reforma.

Los miembros de la Jufed expresaron su disposición a colaborar en un proceso de reforma que sea inclusivo y que considere las opiniones y experiencias de quienes trabajan dentro del sistema judicial. La manifestación buscó no solo defender la honorabilidad de los jueces y magistrados, sino también enfatizar la importancia de preservar la independencia judicial como garantía de justicia imparcial y efectiva.

La protesta reunió a un significativo número de jueces y magistrados, quienes, portando pancartas y expresando consignas, manifestaron su preocupación por las implicaciones que la reforma podría tener en el ejercicio de sus funciones. La movilización resaltó la unidad del gremio judicial en la defensa de sus derechos y de los principios democráticos.

El llamado de los jueces y magistrados es claro: una reforma judicial debe ser el resultado de un proceso de diálogo y consenso, que respete la independencia de los poderes y que fortalezca, en lugar de debilitar, las instituciones democráticas. En este contexto, la voz de la judicatura se alza no solo en defensa de sus miembros, sino en defensa de un sistema judicial que garantice justicia para todos los ciudadanos.

La manifestación de la Jufed en el Día del Abogado marca un hito en la historia reciente del Poder Judicial de la Federación, destacando la importancia de la independencia judicial y la necesidad de reformas basadas en un análisis riguroso y en el consenso. La protesta no solo es una defensa de la integridad de los jueces, sino una defensa de la democracia misma.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un veredicto crucial, afirmando la constitucionalidad de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, promulgada el 4 de mayo de 2021. Este fallo, emitido por mayoría de votos bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán, constituye un hito en el ámbito legal y energético del país. 

La reforma, objeto de controversia desde su promulgación, ha sido sometida a un escrutinio minucioso por parte del máximo tribunal constitucional de México. La acción de inconstitucionalidad 91/2021, promovida por senadores de diversas facciones políticas, buscaba invalidar ciertos artículos de la legislación, alegando que violaban los principios de libre competencia y concurrencia.

Sin embargo, la SCJN ha determinado que los artículos 51, fracción III; 53, párrafo segundo; 57 y 59 bis, así como los artículos Cuarto y Sexto transitorios de la Ley de Hidrocarburos son plenamente válidos. Esta decisión, respaldada por un análisis exhaustivo de la normativa en cuestión, refleja el compromiso del tribunal con el estado de derecho y la seguridad jurídica.

El magistrado Pérez Dayán, en su explicación detallada del veredicto, destacó la importancia del régimen establecido por la reforma constitucional, el cual redefine el papel de Pemex en el mercado de hidrocarburos. Específicamente, señaló el reconocimiento de la participación de terceros en la cadena de valor de los hidrocarburos, un aspecto fundamental para la apertura y competitividad del sector.

En cuanto a la controvertida disposición sobre la revocación contemplada en el Sexto transitorio, Pérez Dayán subrayó que no representa una amenaza para los participantes actuales del mercado ni constituye una barrera de entrada para nuevos interesados. Más bien, argumentó que esta disposición garantiza la legalidad y la seguridad jurídica al establecer condiciones claras para la revocación de autorizaciones, sin incurrir en retroactividad.

Este fallo de la SCJN tiene implicaciones significativas para el futuro del sector energético mexicano. Al confirmar la validez de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, se envía un mensaje claro sobre el compromiso del país con la apertura y la competencia en este ámbito crucial para su desarrollo económico.

En respuesta a la decisión del tribunal, diversos actores del ámbito político y empresarial han expresado sus opiniones. Algunos han elogiado la ratificación de la reforma como un paso necesario hacia la modernización y diversificación del sector energético, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre posibles repercusiones en la inversión y la competencia.

La decisión de la SCJN refuerza la importancia del Estado de Derecho como fundamento de la estabilidad y el progreso en México. A medida que el país avanza en su camino hacia una mayor apertura y competitividad en el sector de los hidrocarburos, este fallo marca un hito significativo en su evolución legal y económica.