Carlos Ahumada, empresario argentino nacionalizado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras su ausencia en una cita judicial en México. Este 16 de julio, Ahumada no se presentó ante el juez de Ejecución en el Reclusorio Norte, a pesar de su reciente extradición desde Argentina. Sin embargo, su ausencia no fue una violación a la ley, sino una respuesta a la “invitación” extendida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la cual no conllevaba obligación legal alguna. 

Ahumada enfrenta una sentencia condenatoria por el delito de fraude genérico, con una pena pendiente de 10 años y 23 días. A pesar de esto, su abogado, Enrique Ostos, asegura que han presentado un escrito en el juzgado para que se fije una fecha de audiencia, con el objetivo de solicitar la cancelación del proceso penal por prescripción.

La extradición de Ahumada desde Argentina, ocurrida la mañana del 16 de julio, fue un proceso marcado por la controversia. Según Ostos, Ahumada fue sometido a casi 30 días de detención en “condiciones inhumanas” en una cárcel preventiva de la Interpol en Argentina, lo que añade una capa de complejidad a su situación legal. “El juez lo privó de su libertad injustamente, pero ahora está descansando en casa”, afirmó el abogado.

La extradición de Ahumada y su llegada a México fueron seguidas de cerca por la FGJ y la Fiscalía General de la República (FGR), entidades responsables de coordinar su traslado y posterior disposición ante las autoridades mexicanas. “Después de cumplir con los protocolos necesarios, fue remitido al lugar de la FGR y posteriormente puesto a disposición de la FGJ, la autoridad que requirió su extradición”, explicó Ostos.

La defensa de Ahumada no solo se centra en cuestionar las condiciones de su detención en Argentina, sino también en buscar la prescripción de la pena impuesta en 2009, de la cual aún le resta cumplir un año y 11 meses. Además, existe un monto económico pendiente para saldar los daños ocasionados por su cliente, un punto crucial en la estrategia de defensa.

Ahumada ha sido una figura controvertida en México, no solo por sus problemas legales, sino también por su implicación en escándalos políticos. A principios de junio, una juez federal concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura en México, tras la reactivación de una orden de reaprehensión dictada en su contra en octubre de 2019. Esta medida impide que Ahumada sea detenido nuevamente mientras se resuelven los recursos legales presentados por su defensa.

El empresario argentino ya había sido detenido en agosto de 2019 en Argentina, a solicitud de la FGR, por presunta defraudación, aunque fue liberado poco después. La orden de captura internacional y su posterior liberación solo añadieron más controversia a su ya turbulenta historia legal.

Enrique Ostos enfatiza que su cliente está comprometido a cumplir con cualquier requerimiento legal. “Carlos se comprometió a presentarse ante cualquier autoridad que se requiriese. Ya cumplió con esa formalidad en el aeropuerto y se informó al juez del cumplimiento de esa orden”, afirmó.

El caso de Carlos Ahumada continúa generando interés y controversia, no solo por las implicaciones legales, sino también por su conexión con figuras políticas de alto perfil. A principios de junio, una juez federal le concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura, lo que añade una capa adicional de protección a su ya compleja situación.

El futuro legal de Carlos Ahumada sigue siendo incierto. La fecha de su próxima audiencia se fijará en los próximos días, y será crucial para determinar si su sentencia por fraude genérico será finalmente cancelada por prescripción. Mientras tanto, el empresario y su defensa continuarán luchando por demostrar la injusticia de su detención y buscar la exoneración definitiva.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, ha recibido una notificación formal del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la pérdida de su registro como partido político nacional. Esta decisión se produce tras las elecciones federales del 2 de junio de 2024, en las que el PRD no logró alcanzar el umbral mínimo del tres por ciento de la votación requerido por la ley. 

El PRD obtuvo únicamente el 1.86 por ciento de los votos en las elecciones para diputados federales, marcando su peor desempeño electoral desde su fundación. Este resultado es significativamente inferior al 25.97 por ciento alcanzado en las elecciones de 2006, cuando el partido tuvo su mejor desempeño histórico. Desde entonces, el PRD ha experimentado una continua disminución en su apoyo electoral: 19.59 por ciento en 2012, 5.24 por ciento en 2018, y finalmente 1.86 por ciento en 2024.

La Unidad de Fiscalización del INE envió el oficio correspondiente a las oficinas del PRD, ubicadas en Benjamín Franklin 84, colonia Escandón, para notificar a los dirigentes del partido sobre la pérdida de su registro. Fuentes del INE confirmaron que, tras finalizar el proceso de cómputo de votos, se procedió a enviar la comunicación oficial. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una postura oficial del PRD en respuesta a esta notificación.

Ante esta situación, el PRD ha anunciado su intención de impugnar los resultados en los 300 distritos electorales mediante un juicio electoral, con la esperanza de retener su registro nacional. No obstante, los cálculos del INE sugieren que es improbable que el partido logre alcanzar el umbral de votación necesario para revertir la decisión.

El proceso de liquidación del PRD comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revise todas las impugnaciones presentadas por el partido y confirme la pérdida de su registro. Durante este periodo de prevención, la dirigencia del PRD solo podrá pagar gastos relacionados con la nómina e impuestos, y deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios. Además, el partido no podrá celebrar nuevos contratos, compromisos o adquisiciones, y deberá abstenerse de enajenar activos o realizar transferencias de recursos.

El PRD también deberá entregar al INE un informe detallado de sus activos y pasivos, así como de las contingencias financieras que puedan surgir. La Comisión de Fiscalización del INE designará en los próximos días a un interventor encargado de supervisar el procedimiento de liquidación del partido.

Este resultado electoral y la subsecuente pérdida de registro del PRD marcan el fin de una era en la política mexicana. Fundado hace 35 años, el PRD jugó un papel crucial en la transición democrática del país, especialmente en la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, la disminución constante en su apoyo electoral refleja cambios significativos en el panorama político mexicano y la reconfiguración de las fuerzas políticas en el país.

La pérdida del registro del PRD resalta la importancia de la adaptación y renovación de los partidos políticos en un entorno electoral cada vez más competitivo y fragmentado. Esta situación subraya la necesidad de una reflexión profunda dentro del partido sobre su futuro y su papel en la política nacional, y plantea preguntas sobre el impacto de esta decisión en el equilibrio de poder dentro del sistema político mexicano.