El pasado mes de julio, México enfrentó un sombrío revés en su lucha contra la violencia. El país registró un total de 2 mil 546 homicidios dolosos, marcando un incremento del 3.12% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento interanual rompe con la tendencia a la baja que el gobierno había logrado mantener durante gran parte de este 2024, y coloca de nuevo en el centro del debate la eficacia de las políticas de seguridad pública implementadas por la actual administración.
El acumulado anual de homicidios, según los datos presentados por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ascendió a 17 mil 660 casos entre enero y julio de 2024. Esta cifra representa un incremento marginal del 0.3% en comparación con los 17 mil 607 homicidios ocurridos en el mismo periodo de 2023. A pesar de que este aumento pueda parecer menor, su implicación es significativa: la violencia sigue siendo un reto formidable que el país no ha logrado superar del todo.
Sin embargo, a pesar de este incremento anual, la secretaria Rosa Icela Rodríguez defendió la gestión del gobierno, señalando que “la incidencia mensual de asesinatos ha caído casi un 20% frente al máximo histórico de 3 mil 074 homicidios registrados en julio de 2018”. Según Rodríguez, este descenso demuestra que, aunque los desafíos persisten, se han logrado avances importantes desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de ese mismo año.
El contexto en el que se presenta este retroceso es particularmente complejo. De los 32 estados que conforman la República Mexicana, seis concentran casi la mitad de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Estas entidades acumularon un total de 7 mil 841 asesinatos en los primeros siete meses de 2024, lo que destaca la persistencia de la violencia en ciertas regiones del país, a pesar de los esfuerzos del gobierno por pacificar el territorio.
Este fenómeno no solo refleja la violencia arraigada en algunas zonas, sino también la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad pública en los estados más afectados. Para los expertos, la clave está en un enfoque integral que no solo ataque los síntomas, sino también las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la corrupción y la impunidad.
Por otra parte, el gobierno señala que en lo que va de 2024 se ha registrado un promedio diario de 83 víctimas de homicidio, lo que representa una ligera mejora frente al promedio de 85 víctimas diarias que se reportó en 2023. Aunque esta reducción puede interpretarse como un avance, la cifra sigue siendo alarmante y evidencia que la violencia continúa siendo una realidad cotidiana para muchas personas en el país.
El aumento en los homicidios de julio y el estancamiento en la reducción de la violencia a nivel nacional subrayan la necesidad de un replanteamiento en las políticas de seguridad. El gobierno, liderado por Rosa Icela Rodríguez en esta área, enfrenta el reto de ajustar su estrategia para abordar eficazmente las complejas dinámicas que perpetúan la violencia en México.