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Las Relatorías Especiales de la ONU han expresado su rotundo rechazo a la propuesta de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homólogos a nivel estatal. Esta iniciativa, que será debatida y votada próximamente por la Cámara de Diputados, ha encendido alarmas a nivel internacional.

Ana Brian Nougéres, relatora especial sobre el derecho a la privacidad, junto con Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, han instado al Gobierno federal a reconsiderar la eliminación del INAI.

En un informe especial dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las relatorías advirtieron que esta medida podría poner en riesgo el derecho a la privacidad en México. El documento subraya que suprimir el INAI sin establecer mecanismos alternativos y efectivos podría debilitar la rendición de cuentas y limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

“La eliminación del INAI, sin la creación de alternativas adecuadas, podría erosionar la rendición de cuentas y la participación ciudadana que esta institución ha buscado promover”, señala el reporte.

La ONU resalta que el INAI ha sido fundamental en empoderar a los ciudadanos mexicanos, dándoles control sobre su información personal en un contexto dominado por tecnologías avanzadas.

La organización internacional sostiene que una entidad autónoma como el INAI es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales, asegurar la correcta aplicación de las leyes de protección de datos, y mantener a México como líder global en esta materia.

En respuesta, las Relatorías Especiales de la ONU han instado al Gobierno mexicano a buscar mecanismos alternativos que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de los ciudadanos. Además, han ofrecido asistencia técnica para facilitar la implementación de soluciones adecuadas.

El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para disolver siete órganos autónomos, incluido el INAI. Esta iniciativa será ahora sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Este viernes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) demandaron un espacio para un diálogo efectivo y un análisis exhaustivo respecto a su posible desaparición, tras los avances de la reforma que pretende eliminar siete órganos autónomos en México, entre los cuales se incluyen estas dos instituciones. Ambos organismos destacaron que su trabajo ha generado beneficios económicos significativos para el Gobierno y la ciudadanía, previniendo abusos por parte de grandes corporaciones.

La solicitud de una “deliberación inclusiva” llega después de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que, con el respaldo mayoritario del partido oficialista, busca desmantelar estos organismos. La Cofece recordó, sin embargo, que el dictamen aún debe ser discutido por la próxima legislatura del Congreso, que comenzará a sesionar en septiembre, por lo que insistió en la necesidad de un análisis exhaustivo antes de que los nuevos legisladores, quienes contarán con una mayoría calificada, procedan a votar sobre la reforma.

En un comunicado, la Cofece reiteró su disposición para entablar un diálogo más amplio con todos los grupos parlamentarios que formarán parte del nuevo Congreso, subrayando la importancia de mantener un marco institucional robusto para preservar sus principios. Además, detalló que desde su fundación, la Cofece ha impuesto multas por más de 13 mil millones de pesos a grandes empresas que han abusado de su poder, protegiendo así a los consumidores mexicanos, además de generar ahorros estimados en al menos 36 billones de pesos en productos básicos como papel higiénico, pañales, gas LP, transporte, alimentos y medicamentos, logrando que por cada peso invertido en la Comisión, se generen 152 pesos en beneficios para el consumidor.

Por su parte, el IFT advirtió que la reforma impulsada por el presidente López Obrador representa un “grave retroceso” que afectará negativamente a los usuarios y audiencias del país. Destacó que en los once años desde su creación, los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han experimentado una transformación profunda, logrando que los costos de los servicios de comunicación sean un 32,1 % menores que hace 11 años, a pesar del aumento de la inflación en el mismo periodo, y que la penetración de internet haya avanzado del 45 % al 81,2 %, lo que equivale a la inclusión de 51 millones de personas.

El IFT también subrayó que ha seguido el objetivo de simplificar los gastos de la administración pública, logrando una reducción real de más del 40 % en su presupuesto desde 2014. Asimismo, destacó que, desde 2014, ha contribuido con ingresos de más de 180.917,8 millones de pesos a la Hacienda Pública, mientras que ha generado ahorros para los usuarios por 805.000 millones de pesos, lo que significa que por cada peso invertido en el IFT, se han generado 44 pesos de beneficio social.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también se pronunció en contra de su eliminación, calificándola como un retroceso para México y los derechos humanos, y se unió al llamado por un diálogo. La reforma que busca la extinción de estos siete órganos autónomos es parte de un paquete de reformas presentadas en febrero, que también incluye propuestas para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, lo que ha generado preocupaciones entre inversionistas norteamericanos, y pronunciamientos de los embajadores de Canadá y Estados Unidos en México, así como advertencias de calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex y Morgan Stanley sobre los riesgos asociados a la aprobación de estas reformas.

 

Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que el instituto tiene un “Plan D” de diálogo para evitar su desaparición, tal como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el Conservatorio: Acción y Promoción de los Derechos Humanos, organizado por el Senado, Alcalá Méndez explicó que el plan busca abrir un diálogo nacional sobre la importancia de contar con un órgano que garantice la transparencia y, al mismo tiempo, implementar cambios que mejoren y eficienten la labor de la institución.

Alcalá Méndez destacó que el INAI y los organismos del Sistema Nacional de Transparencia son esenciales para la defensa y el ejercicio de derechos humanos, como el acceso a la información y la protección de la privacidad. Advirtió que sin estos órganos autónomos, la ciudadanía quedaría expuesta a la opacidad y al uso indiscriminado de sus datos personales, sin mecanismos claros para exigir transparencia y responsabilidad.

En su discurso, pronunciado en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, reconoció que el INAI enfrenta un momento crítico debido a la posible reforma que busca desmantelar el sistema de transparencia. Aseguró que el instituto está dispuesto a dialogar y defender los derechos humanos en espacios como el Senado, promoviendo un Congreso abierto donde se puedan debatir ideas.

Alcalá Méndez se mostró abierto a la mejora institucional y legislativa, resaltando la necesidad de trabajar integralmente con la sociedad, los gobiernos, la academia y el público en general, como órganos autónomos. Recordó que la creación del INAI no fue una concesión política, sino una conquista ciudadana, originada por el “Grupo Oaxaca”.

Un reporte de Artículo 19, presentado este martes, revela un incremento del 92% en las impugnaciones a las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Esta tendencia indica un retroceso en el acceso a la información.

Durante el periodo de Peña Nieto (2012-2018), se registraron 42,631 impugnaciones, mientras que en el gobierno de López Obrador la cifra alcanzó 82,147, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) citados en el informe “Derechos pendientes”.

Artículo 19 considera que este aumento es un claro ejemplo de los “francos retrocesos” en acceso a la información durante el actual sexenio, a pesar de que se ha proclamado como el “gobierno de la transparencia”. La organización destaca que, solo en el primer año de gobierno de López Obrador, los recursos de revisión crecieron un 62.8% en comparación con 2018.

El informe también resalta la “parálisis” en el INAI debido a la falta de nombramiento de tres nuevos comisionados por parte de Morena y sus aliados en el Senado. Además, menciona que el presidente López Obrador ha propuesto la desaparición de organismos autónomos como el INAI. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, declaró recientemente que “no necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia”.

Otro dato relevante es que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 100 recursos contra resoluciones del INAI que ordenaban la entrega de información, alegando razones de “seguridad nacional” en casos como la compra de vacunas contra Covid-19 y la adquisición de software espía.

Artículo 19 subraya que las poblaciones en situación de marginación, como las de zonas rurales e indígenas, continúan enfrentando dificultades para acceder a la información, afectando su vulnerabilidad en situaciones como desastres naturales. Programas como Sembrando Vida, gestionado por la Secretaría de Bienestar, también presentan problemas de opacidad en la divulgación de datos sobre presupuesto y entrega de recursos.

El informe concluye que el gobierno de López Obrador no solo no resolvió los pendientes en materia de libertad de expresión heredados de sexenios anteriores, sino que dejará nuevos desafíos a la próxima administración. Entre estos, se incluyen la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y la vigilancia aumentada sobre defensores de derechos humanos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha instruido a la Lotería Nacional a revelar el Documento de Seguridad que detalla cómo cumple con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, presentó este asunto ante el pleno, destacando la relevancia de que las instituciones estén preparadas para proteger los datos personales de los ciudadanos. “Estamos en una coyuntura política donde se subestima la protección de los datos personales, con argumentos sin respaldo en la Constitución ni en las leyes secundarias. Este instituto siempre ha estado abierto al diálogo sobre la importancia de la protección de datos personales”, afirmó.

Del Río Venegas explicó que el Documento de Seguridad detalla las medidas físicas, técnicas y administrativas que la Lotería Nacional implementa para asegurar la confidencialidad de los datos personales.

De acuerdo al informe del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal (CNTAIPPDPE y CNTAIPPDPF) 2023, publicado por el Inegi, se reporta que en 2022, el INAI y los organismos garantes impusieron 3 mil 843 medidas de apremio a servidores públicos por no cumplir con las determinaciones de estas instituciones. Esto represneta un  aumento del 102.4 por ciento respecto a 2020.

En México, 7 mil 929 sujetos obligados proporcionaron información sobre transparencia y protección de datos personales. El 10.1 por ciento de estos sujetos informaron al INAI, mientras que el 89.9 por ciento lo hicieron a los organismos garantes estatales.

Sin embargo, esto refleja una disminución del 7.4 por ciento en el caso del INAI y un leve aumento del 0.6 por ciento en los OG respecto a 2020.

Las entidades con más sujetos obligados que reportaron información fueron Chihuahua con 982 y Jalisco con 493. Por tipo de sujeto obligado, los municipios o demarcaciones de la Ciudad de México concentraron la mayoría de las medidas de apremio, con un 72.1 por ciento del total.

De acuerdo a las solicitudes de acceso a la información, el INAI recibió 2 mil 416 y los OG, 18 mil 391. La mayor parte de estas solicitudes fue gestionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En cuanto al personal, el INAI contaba con 818 servidores públicos y los OG con mil 794. Las mujeres representaban el 51.5 por ciento del total de empleados. El presupuesto total ejercido en 2022 por estas instituciones fue de 2.3 mil millones de pesos, de los cuales el 43 por ciento correspondió al INAI y el 57 por ciento a los OG.

Finalmente, en los ámbitos federal, estatal y municipal se recibieron 97 mil 444 recursos de revisión, de los cuales se resolvieron 80 mil 43. De estos recursos, el 82.7 por ciento fue admitido, mostrando la importancia de estos organismos para la transparencia y la rendición de cuentas.

El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).