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Este sábado, en un hecho sin precedentes, tribunales en los estados de Morelos y Chiapas han otorgado las primeras suspensiones en contra de la reforma judicial. En Morelos, la jueza Quinta de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados detener la discusión del dictamen de la reforma judicial, la cual estaba programada para este lunes. La suspensión provisional fue concedida en respuesta a un amparo promovido por un grupo de jueces que buscan frenar el avance de la propuesta impulsada por Morena y sus aliados.

Por su parte, en Chiapas, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio que impide a ambas cámaras del Congreso de la Unión continuar con el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. Además, en caso de que las reformas sean aprobadas, el juez ordenó que no se envíen a los congresos estatales ni a la Ciudad de México para su ratificación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

En un acuerdo publicado ayer, la jueza Magaña López determinó que el dictamen discutido y aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado lunes no tendrá efectos para los jueces quejosos. La magistrada dio un plazo de 24 horas a la Cámara de Diputados para que informe sobre el cumplimiento de la suspensión provisional, advirtiendo que cualquier falsedad en su reporte podría acarrear sanciones.

La decisión de suspender la reforma judicial ha generado diversas reacciones en el ámbito legal. Melissa Ayala, abogada y colaboradora de EL UNIVERSAL, expresó en su cuenta de X su oposición a la reforma, pero también criticó las suspensiones otorgadas, señalando que agravan la situación política del país. Por su parte, el abogado Francisco Burgoa manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Magaña López, afirmando que esto solo contribuirá a intensificar la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación. También subrayó que el Ejecutivo no tiene facultades para sancionar reformas constitucionales ni para formular observaciones al respecto.

El exministro de la Corte, Diego Valadés Ríos, calificó las suspensiones otorgadas como un “hecho inédito” y sin “fundamento jurídico”. A través de su cuenta en X, el exprocurador general de la República enfatizó que estas decisiones carecen de base legal y que no deben entorpecer la defensa de la independencia judicial.

Héctor Saúl Téllez, diputado federal del PAN, expresó su respaldo a ciertos aspectos de la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente, especialmente en lo que respecta a la austeridad. Sin embargo, alertó sobre los peligros de elegir jueces y magistrados mediante voto popular, argumentando que esto comprometería la autonomía y la separación de poderes.

Téllez subrayó que la independencia judicial podría verse amenazada por el crimen organizado y diversos intereses particulares, tanto económicos como políticos. Además, señaló que el sistema judicial propuesto no cumple con los compromisos internacionales sobre independencia y autonomía judicial, y podría socavar los principios de división de poderes y destruir instituciones democráticas esenciales para equilibrar el poder.

Aunque el PAN respalda medidas como la austeridad, Téllez insistió en la necesidad de acuerdos entre la mayoría legislativa y otras fuerzas políticas, incluyendo al PAN, para una reforma judicial efectiva y gradual que evite un colapso institucional.

El diputado destacó la importancia de los Diálogos Nacionales sobre las Reformas Constitucionales al Poder Judicial como un espacio para lograr consensos y fortalecer la independencia del Poder Judicial.

En lugar de elecciones directas para jueces y magistrados, el PAN propone la creación de comités de selección independientes, integrados por miembros de los poderes Judicial y Legislativo, académicos y representantes de la sociedad civil, para elegir a los candidatos más calificados.

Téllez también sugirió la implementación de audiencias públicas para examinar las calificaciones y antecedentes de los candidatos, y la búsqueda de mecanismos que mantengan la autonomía judicial y fortalezcan los procesos de selección con criterios técnicos.

Finalmente, el PAN propone la creación de jurados populares para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones judiciales, permitiendo una participación directa en la impartición de justicia, como se contempla en la Constitución.

El 23 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma al Poder Judicial promovida por la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez. En el pleno de la SCJN, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 191/2024, decidiendo no invalidar ninguno de los artículos reformados.

Los aspectos más destacados de la reforma son:

Oficinas Municipales: La reforma prevé la creación de oficinas del Poder Judicial en cada municipio, facilitando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Incremento de Jueces: Se incrementará en más de 15 el número de jueces, lo cual ayudará a disminuir el rezago en recursos de apelación.

Sala de lo Familiar: Aguascalientes contará por primera vez con una sala de lo familiar, mejorando la atención a los casos de derecho familiar.

Medios de Impugnación Constitucionales: Se implementarán medios de impugnación constitucionales en el estado, fortaleciendo el sistema judicial.

Presupuesto Histórico: Se garantizará un presupuesto histórico para el Poder Judicial, asegurando recursos adecuados para su operación.

Independencia Judicial: La reforma asegura la independencia judicial mediante un consejo de la judicatura con mayoría de votos del Poder Judicial.

Las modificaciones también incluyen la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional Local, integrada por cinco magistrados elegidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial.

El pleno de la SCJN determinó que el Decreto 405, publicado el 8 de agosto de 2023, respeta los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Además, garantiza una justicia pronta y expedita sin violar la Constitución.

El decreto aborda temas como el escalonamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Supremo Tribunal de Justicia, los requisitos para ser fiscal general del Estado, y los plazos para promover controversias locales.

Un editorial del periódico The Wall Street Journal sugiere que una elevada participación electoral beneficiaría a la candidata opositora Xóchitl Gálvez en las próximas elecciones presidenciales en México. El diario menciona que podría haber un “voto oculto” significativo que podría alterar los resultados previstos, en contra de los intentos del régimen de presentar la victoria de la oficialista Claudia Sheinbaum como un hecho consumado.

El artículo, titulado “Lo que está en juego en las elecciones de México” y firmado por el Consejo Editorial del WSJ, cuestiona si el partido gobernante Morena logrará una mayoría legislativa suficiente para reescribir la Constitución. El editorial destaca la importancia de estas elecciones, señalando que Morena, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca consolidar un Estado unipartidista.

El presidente López Obrador, conocido como AMLO, no estará en la boleta electoral, pero su sucesora designada, Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas y promete continuar con su agenda nacionalista de izquierda. El WSJ advierte que esta continuidad podría debilitar los controles constitucionales y los equilibrios de poder.

En contraste, la opositora Xóchitl Gálvez, respaldada por una coalición de partidos, propone fortalecer los derechos de propiedad, fomentar la competencia y abrir mercados, además de buscar una cooperación más estrecha con Estados Unidos en temas económicos y de seguridad. El WSJ destaca que Gálvez se presenta como una aliada de Occidente, rompiendo con la política exterior de AMLO, que ha utilizado la migración como herramienta de negociación con la administración Biden y mantiene relaciones cercanas con Venezuela y Cuba.

El editorial también critica la gestión de AMLO respecto a la violencia de los cárteles y la corrupción, afirmando que su gobierno ha utilizado investigaciones financieras contra adversarios políticos, socavando el Estado de derecho y poniendo en riesgo el progreso económico del país.

Finalmente, el WSJ advierte que López Obrador espera que una victoria contundente de Sheinbaum permita a Morena obtener mayorías de dos tercios en ambas cámaras legislativas, lo que facilitaría la modificación de la Constitución para revertir reformas anteriores y debilitar la independencia judicial y regulatoria. Sin embargo, el periódico señala que una alta participación electoral aún podría producir una sorpresa a favor de Gálvez, quien va rezagada en las encuestas.