Durante la instalación de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Senado, los legisladores de diferentes partidos políticos evitaron hacer mención del proceso judicial en curso contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien enfrenta acusaciones por la muerte de 40 migrantes en una estación en Ciudad Juárez.
El presidente de la comisión, Alberto Anaya, senador del Partido del Trabajo (PT), se comprometió a impulsar políticas migratorias que incluyan un enfoque de desarrollo económico para las comunidades afectadas, pero no hizo referencia a la situación de Garduño.
Según un informe de El Universal, Francisco Garduño, quien dejará su cargo en diciembre próximo, ha gastado más de 40 millones de pesos en viáticos y boletos de avión en los últimos dos años para trasladarse a Ciudad Juárez a atender sus audiencias judiciales y firmar ante el juez. Este asunto tampoco fue mencionado por ningún senador durante la sesión.
Garduño, optometrista de profesión con experiencia en temas penitenciarios, concluirá su gestión en el actual sexenio y la Legislatura, habiendo recibido múltiples puntos de acuerdo y exhortos por parte del Senado, pidiéndole su renuncia o una comparecencia para rendir cuentas por la muerte de los 40 migrantes y la criminalización de los mismos. Solo Hugo López-Gatell ha sido objeto de más llamados de este tipo en la Cámara Alta.
En declaraciones previas, Garduño afirmó “dormir tranquilo” tres meses después de la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde el personal y los guardias optaron por no abrir el candado que mantenía a decenas de migrantes encerrados, resultando en 40 fallecidos y 26 heridos graves.
Durante la instalación de la comisión, los nuevos senadores no emitieron exhortos ni llamaron a comparecer a Garduño para explicar su responsabilidad en el incendio o el uso de recursos públicos para su defensa.
En sus intervenciones, el senador Anaya se limitó a proponer proyectos de desarrollo regional como una solución para evitar la migración forzada, argumentando que es fundamental mejorar las condiciones de vida en las comunidades de origen.
Por otro lado, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario de Morena, evitó mencionar la tragedia en Ciudad Juárez y en su lugar destacó la urgencia de revisar la Ley de Migración para fortalecer los derechos humanos de los migrantes, enfocándose en los grupos más vulnerables.
La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, solicitó recursos para mejorar la atención a migrantes y subrayó la importancia de agilizar los trámites para evitar que los migrantes queden varados en una ciudad, asegurando que es una prioridad atender sus necesidades de manera eficiente.