Este sábado, en un hecho sin precedentes, tribunales en los estados de Morelos y Chiapas han otorgado las primeras suspensiones en contra de la reforma judicial. En Morelos, la jueza Quinta de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados detener la discusión del dictamen de la reforma judicial, la cual estaba programada para este lunes. La suspensión provisional fue concedida en respuesta a un amparo promovido por un grupo de jueces que buscan frenar el avance de la propuesta impulsada por Morena y sus aliados.
Por su parte, en Chiapas, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio que impide a ambas cámaras del Congreso de la Unión continuar con el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. Además, en caso de que las reformas sean aprobadas, el juez ordenó que no se envíen a los congresos estatales ni a la Ciudad de México para su ratificación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
En un acuerdo publicado ayer, la jueza Magaña López determinó que el dictamen discutido y aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado lunes no tendrá efectos para los jueces quejosos. La magistrada dio un plazo de 24 horas a la Cámara de Diputados para que informe sobre el cumplimiento de la suspensión provisional, advirtiendo que cualquier falsedad en su reporte podría acarrear sanciones.
La decisión de suspender la reforma judicial ha generado diversas reacciones en el ámbito legal. Melissa Ayala, abogada y colaboradora de EL UNIVERSAL, expresó en su cuenta de X su oposición a la reforma, pero también criticó las suspensiones otorgadas, señalando que agravan la situación política del país. Por su parte, el abogado Francisco Burgoa manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Magaña López, afirmando que esto solo contribuirá a intensificar la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación. También subrayó que el Ejecutivo no tiene facultades para sancionar reformas constitucionales ni para formular observaciones al respecto.
El exministro de la Corte, Diego Valadés Ríos, calificó las suspensiones otorgadas como un “hecho inédito” y sin “fundamento jurídico”. A través de su cuenta en X, el exprocurador general de la República enfatizó que estas decisiones carecen de base legal y que no deben entorpecer la defensa de la independencia judicial.